Por: Gabriel González Delgado
Hoy en día la política ha dejado de tener el relevante lugar que otrora disfrutó en el contexto social, especialmente en el escenario en el que se desenvuelve la juventud. Probablemente, aún cobre relevancia, pero en un sentido distinto, a través de frases repetitivas como: “la política es corrupción”, “la política es cochina”, “hay que desconfiar de la política”, “la política es la culpable de nuestras crisis sociales, de mediocres gobiernos y de un país devastado”, entre otras.
Estas expresiones son el reflejo de la deteriorada imagen que actualmente recae en la política y especialmente en los políticos. Son, a mi entender, la equivocada reacción de quienes ignoran la importancia de las ciencias políticas en la concreción de los intereses de una sociedad, y confunden a los “entusiastas” ciudadanos que desempeñan alguna actividad política con quienes pueden considerarse, con acierto, verdaderos políticos.
No intentaremos desarrollar un análisis profundo sobre la definición de la política,[1] ni mucho menos sumergirnos en la teoría política. Lo que planteamos es una visión general de la relación existente y de aquella relación que, a nuestro entender, debería existir entre los ciudadanos y la ciencia que inspira la conducción de sus destinos individuales y colectivos.
En principio, es preciso reconocer la trascendencia que tienen las ciencias políticas en el desarrollo de una sociedad, tomando en cuenta que la conducción de un Estado constituye una actividad esencialmente política. Asimismo, en un Estado democrático, es vital que los ciudadanos cuenten con criterios y elementos básicos de una cultura política que les permita realizar un análisis concienzudo antes de tomar una decisión relevante para los intereses comunes, como lo es una decisión electoral.
De acuerdo a lo anterior, es indudable la necesidad de contar con una preparación política en ambos niveles de la sociedad: nivel gubernamental y nivel ciudadano. Es necesaria en la conducción de un Estado la presencia de personas con una formación en aquella ciencia que orienta la actividad gubernamental, es decir, necesitamos contar con verdaderos políticos y no con farsantes “disfrazados” de aquellos. De nuestra parte, es necesario que como ciudadanos nos involucremos profundamente en el contexto político de nuestro país, de tal forma que podamos realizar un “diagnóstico” preciso que nos permita identificar aquellas propuestas indispensables para la solución de la diversidad de problemas que aquejan a una sociedad y, de este modo, podamos generar decisiones electorales acertadas.
No obstante lo expuesto, cabe señalar que reconocemos las causas de aquella percepción profana que hoy recae sobre la política, pero no nos adherimos a ella por considerar que radica en una apreciación confusa, y por ende equivocada, que pretendemos aclarar en las siguientes líneas.
Corresponde hacer un deslinde entre la política como ciencia, y la política como actividad. Ésta, en nuestro país, en la mayoría de los casos, se ha desarrollado sin observar los más mínimos postulados de la primera, habiendo generado innumerables crisis, que como se podrá apreciar, involucran crisis social generalizada. En estas circunstancias se ha responsabilizado a la política como ciencia, del desastre político protagonizado por aquellos que la ignoran y que, sin embargo, realizan actividad política a nivel gubernamental.
Esto nos permite deducir que la mayor parte de ciudadanos que condenan a la política, sin saberlo, condenan la ausencia del conocimiento político en el desarrollo de actividades gubernamentales. Es decir, acusan la misma carencia de conocimiento político a la que nos referimos en el presente artículo, sin embargo exteriorizan confusamente, un rechazo hacia aquello que nos urge, y que es la política, entendida como el conocimiento sobre el “arte” de gobernar.
De otro lado, aquel desconocimiento comienza a debilitar, mas aún, la institucionalidad de los partidos políticos, dado que además de un creciente desinterés por la política, la ignorancia sobre esta ciencia genera una atomización de propuestas que origina una atomización de partidos, debido a que no existe la preparación política adecuada para estructurar diversas propuestas en un solo sistema, a través de una ideología política que sustente la actividad política que intenta realizarse. En consecuencia, la institucionalidad de los partidos políticos se debilita, ya que se ha renunciado a la formación política, y se le está sustituyendo por el entusiasmo ciudadano (los outsiders) que no es suficiente para apuntalar las bases que permitan una adecuada y coherente organización de la sociedad, que logre el desarrollo de estrategias que permitan conducir un Estado de manera justa y eficiente.
Nuevamente en este contexto, recae una cuota de responsabilidad sobre cada uno de los ciudadanos, dado que si bien es cierto, la atomización de partidos obedece a una crisis en el sistema político, ello también responde a la facilidad que tiene aquella diversidad de agrupaciones para calar en la población. Esto no sería tan fácil con ciudadanos políticamente preparados y, por ende, con capacidad para distinguir dentro de lo difuso a aquellas opciones políticamente coherentes y con un sustento ideológico que otorgue la seguridad de que no estamos frente a un improvisado entusiasmo ciudadano, que sin dudar sobre su valor, no es suficiente para desarrollar una actividad tan compleja y especializada como la de gobernar.
Finalmente, cabe precisar que el involucrarse en política no significa, en estricto, adherirse o militar en alguna agrupación de este tipo, simplemente significa asumir compromisos con la conducción del Estado desde nuestra condición de ciudadanos.
Acercarnos a la política es acercarnos a aquella materia que involucra el gobierno de nuestro pueblo y la administración de nuestros recursos (económicos, humanos y naturales), en suma, acercarnos a la política significa acercarnos a la conducción de nuestros destinos.
* La presente, es la primera de dos entregas que el autor ofrecerá sobre la importancia del conocimiento político y de las instituciones políticas para el desarrollo de una eficiente gestión pública en beneficio de la sociedad.
** Artículo originalmente publicado en boletín “Desde la PUPC”. Editado por la Asociación Civil Ius et Veritas.
[1] Partimos de una noción general de política, considerando a ésta como aquella ciencia, disciplina o actividad vinculada al gobierno de un Estado.
jueves, 26 de abril de 2007
La eutanasia y suicidio asistido. Consideraciones de un dilema
Por: Iván González Delgado
Comencemos intentando delimitar ambas concepciones, pues tienen como elemento común, que la intención del sujeto que sufre (pasivo), y del sujeto quien tiene un motivo compasivo (activo), es que el primero de ellos muera. Sin embargo en la eutanasia es el sujeto activo quien da muerte al sujeto pasivo. En el suicidio asistido, es el propio sujeto pasivo, el que se da muerte, con la colaboración del sujeto activo.
Eutanasia es un término, que deriva de las voces griegas eu (buena) y thanatos (muerte). Es decir, expresa un morir bien, entendiéndose como una muerte digna sin sufrimientos que sean innecesarios y en las mejores condiciones que cada caso permita.
Suicidio, palabra que proviene del latín sui caedere, que significa matar a uno mismo, es el acto de quitarse la propia vida. Este acto en algunos países aún se considera un delito, algunas culturas lo ven una manera honrosa u honorable de huir de situaciones humillantes, vergonzosas, o muy dolorosas, asimismo algunas religiones la consideran un pecado.
En nuestro sistema jurídico, estos hechos están tipificados por el Código Penal bajo la figura del homicidio simple en el art.106[1], instigación o ayuda al suicidio, art. 113[2], homicidio piadoso art. 112[3].Como vemos entonces según nuestra doctrina y legislación, existen entre la Eutanasia y el Suicidio asistido elementos comunes, sin embargo en el presente trabajo nos ocuparemos de la Eutanasia al referirse a una enfermedad incurable y tormentosa y sin cura, situación no necesariamente comprendida en el suicidio asistido.
Cabe destacar que, dependiendo de las voluntades en juego, la eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria. La eutanasia voluntaria es aquella en la que el paciente acepta o solicita que se le retiren los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y/o solicita que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. En este tipo de eutanasia el hecho saltante es el consentimiento del paciente para el suministro de fármacos, el retiro de tratamientos médicos o desconexión de aparatos, cuyo resultado será el fin de su vida. La eutanasia involuntaria es aquella en la cual el paciente no da su consentimiento para la muerte. En ella el fin de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad. A estos casos se le llama dar una "muerte piadosa".
Analicemos la situación, por un lado se trata del derecho de las personas de vivir y morir de la forma que deseen y que mejor lo consideren, pues esto se relaciona con el concepto de autonomía de la voluntad. En el mismo sentido, como lo estableció un Tribunal anglosajón in re T (Adult: Refusal of Treatment), que “(…) El derecho del paciente a elegir existe ya sea que sus razones para hacer esa elección sean racionales, irracionales, desconocidas o incluso inexistentes”.[4] Esto se basa en el derecho de todo individuo a estar en autonomía y disposición de su propia persona, sin la interferencia o intervención de otros. En consecuencia la dignidad humana sin este derecho no tendría sentido.
En los últimos años, los avances tecnológicos que se han visto venir a un ritmo acelerado, han traído, muchas modificaciones en las vidas de las personas. Estos logros fueron muy importantes en el ámbito de la ciencia médica, a punto tal de que hoy en día podemos mantener con vida a una persona que, de otra manera, estaría muerta.
En la actualidad, aproximadamente diez mil personas son mantenidas con vida en Estados Unidos en estado vegetativo persistente. Esta situación implica una gran inversión de dinero para mantener viva a tal persona, además ello significa ocupar una cama o un cuarto en un centro clínico, el suero que se aplica en la alimentación e hidratación, los implementos de asistencia necesarios y los médicos y otros profesionales y personal que día a día controlan, examinan y asisten al paciente, entre otros gastos.
¿Se justifican todos estos gastos en una persona cuyas posibilidades de vida independiente son nulas; cuando todo tratamiento es inútil, porque nunca se logrará sanarlo? Debemos tener en cuenta que toda institución de salud, ya sea particular o pública, tiene sus recursos limitados[5].
A todo esto, considero que no es adecuado ni eficiente (por no decir justo) por un lado para la sociedad, gastar cantidades de dinero diariamente en asistencia médica y soporte vital para intentar mantener viva a una persona cuyas esperanzas y expectativas de sanación y de vida son nulas, cuando por otro lado, existen más personas con enfermedades que tienen mayores posibilidades de recuperación, quienes no son tratadas sea para la prevención de enfermedades como para la curación de estas, por la carencia de recursos económicos en los centros médicos. Y por el otro lado, para los familiares del paciente que sacrifican y se deshacen de muchos bienes a sabiendas que la recuperación es imposible, tal como sucedió con el caso de Nancy Cruzan, quien fue mantenida con vida durante siete años en estado vegetativo persistente mediante nutrición parenteral e hidratación, pero la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó su desconexión.
A la luz de las consideraciones expuestas, la legislación peruana debería permitir el retiro de las técnicas de soporte vital, ante la posibilidad de recuperación nula de un paciente en estado vegetativo persistente. Pues, estaríamos frente a una persona inmovilizada durante mucho tiempo, en quien se gastaría muchos recursos, sin posibilidades de recuperación, esto conllevaría a quitar la posibilidad a otras personas sin recursos necesarios, de tratar sus enfermedades. Quiero resaltar y poner muy en claro que mi opinión no propugna el homicidio de tantas personas en ese estado terminal, sino la permisividad de la ley para aquellos actos compasivos llevados a cabo por familiares que por temor a la sanción por estar tipificados como delito , no los realizan.
Si bien esta solución parece bastante práctica, eficiente y justa, hay ciertas consideraciones importantes en orden a decidir la no conexión, o desconexión de una máquina, o el retiro de un soporte vital, como las convicciones personales de los familiares, su religión, sus valores, y sobretodo la vehemencia por no dejar morir a un ser querido, pues según estas consideraciones, la manera en que los distintos familiares de un paciente afrontan el cargo de conciencia, la vida, la muerte el dolor, son diametralmente distintos.
Por último existirán muchas consideraciones de la eutanasia, desde el punto de vista moral, económico, religioso, legal y demás, sin embargo mientras esté tipificada como delito penal, ningún paciente que sufra males intolerables y que “reclaman” la implementación de la “muerte piadosa”, tendrá la ayuda que exclama para poner fin a su vida dignamente rumbo a su descanso en paz y al cese de todo su sufrimiento.
Dejo la siguiente reflexión, ¿una vida vegetal o inconciente, sufrida, sin cura, sin visos de mejoría, sin dignidad es mejor que lograr una muerte, que quizá es más digna que la propia vida?
[1] Código Penal. Art. 106. “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”
[2] Código Penal. Art. 113. “El que instiga a otro al suicidio o ayuda a cometerlo será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años, si el agente actuó por un móvil egoísta”.
[3] Código Penal. Art. 112. “El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
[4] Citado por Romina Ocampo en EUTANASIA. BIOETICA. www.bioetica.org
[5] Gutiérrez Jaramillo, Javier. “Reflexiones sobre las órdenes de no revivir (reanimar, resucitar) y suspender todo tratamiento”.
Comencemos intentando delimitar ambas concepciones, pues tienen como elemento común, que la intención del sujeto que sufre (pasivo), y del sujeto quien tiene un motivo compasivo (activo), es que el primero de ellos muera. Sin embargo en la eutanasia es el sujeto activo quien da muerte al sujeto pasivo. En el suicidio asistido, es el propio sujeto pasivo, el que se da muerte, con la colaboración del sujeto activo.
Eutanasia es un término, que deriva de las voces griegas eu (buena) y thanatos (muerte). Es decir, expresa un morir bien, entendiéndose como una muerte digna sin sufrimientos que sean innecesarios y en las mejores condiciones que cada caso permita.
Suicidio, palabra que proviene del latín sui caedere, que significa matar a uno mismo, es el acto de quitarse la propia vida. Este acto en algunos países aún se considera un delito, algunas culturas lo ven una manera honrosa u honorable de huir de situaciones humillantes, vergonzosas, o muy dolorosas, asimismo algunas religiones la consideran un pecado.
En nuestro sistema jurídico, estos hechos están tipificados por el Código Penal bajo la figura del homicidio simple en el art.106[1], instigación o ayuda al suicidio, art. 113[2], homicidio piadoso art. 112[3].Como vemos entonces según nuestra doctrina y legislación, existen entre la Eutanasia y el Suicidio asistido elementos comunes, sin embargo en el presente trabajo nos ocuparemos de la Eutanasia al referirse a una enfermedad incurable y tormentosa y sin cura, situación no necesariamente comprendida en el suicidio asistido.
Cabe destacar que, dependiendo de las voluntades en juego, la eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria. La eutanasia voluntaria es aquella en la que el paciente acepta o solicita que se le retiren los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y/o solicita que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. En este tipo de eutanasia el hecho saltante es el consentimiento del paciente para el suministro de fármacos, el retiro de tratamientos médicos o desconexión de aparatos, cuyo resultado será el fin de su vida. La eutanasia involuntaria es aquella en la cual el paciente no da su consentimiento para la muerte. En ella el fin de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad. A estos casos se le llama dar una "muerte piadosa".
Analicemos la situación, por un lado se trata del derecho de las personas de vivir y morir de la forma que deseen y que mejor lo consideren, pues esto se relaciona con el concepto de autonomía de la voluntad. En el mismo sentido, como lo estableció un Tribunal anglosajón in re T (Adult: Refusal of Treatment), que “(…) El derecho del paciente a elegir existe ya sea que sus razones para hacer esa elección sean racionales, irracionales, desconocidas o incluso inexistentes”.[4] Esto se basa en el derecho de todo individuo a estar en autonomía y disposición de su propia persona, sin la interferencia o intervención de otros. En consecuencia la dignidad humana sin este derecho no tendría sentido.
En los últimos años, los avances tecnológicos que se han visto venir a un ritmo acelerado, han traído, muchas modificaciones en las vidas de las personas. Estos logros fueron muy importantes en el ámbito de la ciencia médica, a punto tal de que hoy en día podemos mantener con vida a una persona que, de otra manera, estaría muerta.
En la actualidad, aproximadamente diez mil personas son mantenidas con vida en Estados Unidos en estado vegetativo persistente. Esta situación implica una gran inversión de dinero para mantener viva a tal persona, además ello significa ocupar una cama o un cuarto en un centro clínico, el suero que se aplica en la alimentación e hidratación, los implementos de asistencia necesarios y los médicos y otros profesionales y personal que día a día controlan, examinan y asisten al paciente, entre otros gastos.
¿Se justifican todos estos gastos en una persona cuyas posibilidades de vida independiente son nulas; cuando todo tratamiento es inútil, porque nunca se logrará sanarlo? Debemos tener en cuenta que toda institución de salud, ya sea particular o pública, tiene sus recursos limitados[5].
A todo esto, considero que no es adecuado ni eficiente (por no decir justo) por un lado para la sociedad, gastar cantidades de dinero diariamente en asistencia médica y soporte vital para intentar mantener viva a una persona cuyas esperanzas y expectativas de sanación y de vida son nulas, cuando por otro lado, existen más personas con enfermedades que tienen mayores posibilidades de recuperación, quienes no son tratadas sea para la prevención de enfermedades como para la curación de estas, por la carencia de recursos económicos en los centros médicos. Y por el otro lado, para los familiares del paciente que sacrifican y se deshacen de muchos bienes a sabiendas que la recuperación es imposible, tal como sucedió con el caso de Nancy Cruzan, quien fue mantenida con vida durante siete años en estado vegetativo persistente mediante nutrición parenteral e hidratación, pero la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó su desconexión.
A la luz de las consideraciones expuestas, la legislación peruana debería permitir el retiro de las técnicas de soporte vital, ante la posibilidad de recuperación nula de un paciente en estado vegetativo persistente. Pues, estaríamos frente a una persona inmovilizada durante mucho tiempo, en quien se gastaría muchos recursos, sin posibilidades de recuperación, esto conllevaría a quitar la posibilidad a otras personas sin recursos necesarios, de tratar sus enfermedades. Quiero resaltar y poner muy en claro que mi opinión no propugna el homicidio de tantas personas en ese estado terminal, sino la permisividad de la ley para aquellos actos compasivos llevados a cabo por familiares que por temor a la sanción por estar tipificados como delito , no los realizan.
Si bien esta solución parece bastante práctica, eficiente y justa, hay ciertas consideraciones importantes en orden a decidir la no conexión, o desconexión de una máquina, o el retiro de un soporte vital, como las convicciones personales de los familiares, su religión, sus valores, y sobretodo la vehemencia por no dejar morir a un ser querido, pues según estas consideraciones, la manera en que los distintos familiares de un paciente afrontan el cargo de conciencia, la vida, la muerte el dolor, son diametralmente distintos.
Por último existirán muchas consideraciones de la eutanasia, desde el punto de vista moral, económico, religioso, legal y demás, sin embargo mientras esté tipificada como delito penal, ningún paciente que sufra males intolerables y que “reclaman” la implementación de la “muerte piadosa”, tendrá la ayuda que exclama para poner fin a su vida dignamente rumbo a su descanso en paz y al cese de todo su sufrimiento.
Dejo la siguiente reflexión, ¿una vida vegetal o inconciente, sufrida, sin cura, sin visos de mejoría, sin dignidad es mejor que lograr una muerte, que quizá es más digna que la propia vida?
[1] Código Penal. Art. 106. “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”
[2] Código Penal. Art. 113. “El que instiga a otro al suicidio o ayuda a cometerlo será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años, si el agente actuó por un móvil egoísta”.
[3] Código Penal. Art. 112. “El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
[4] Citado por Romina Ocampo en EUTANASIA. BIOETICA. www.bioetica.org
[5] Gutiérrez Jaramillo, Javier. “Reflexiones sobre las órdenes de no revivir (reanimar, resucitar) y suspender todo tratamiento”.
viernes, 13 de abril de 2007
Evolución de la Bolsa de Valores de Lima.
Por: Mauricio Hilbck Ríos
En lo que va del año, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se ubica como la cuarta más rentable del mundo y la primera a nivel latinoamericano, con un rendimiento de 43.9% del Índice Selectivo (ISBVL) y un 46.2% del índice general (IGBVL). Esta mayor rentabilidad bursátil está atrayendo tanto inversionistas locales como extranjeros. Así, este creciente interés de pequeños inversionistas locales (personas naturales) está impulsando el crecimiento de los fondos mutuos[1], sobre todo el de aquellos orientados a la inversión en instrumentos de renta variable (acciones)[2], debido a que representan una forma indirecta de inversión en títulos de renta variable lo que permite obtener, a inversionistas no especializados, una rentabilidad cercana a la mostrada por la bolsa local. De esta manera, el sistema de fondos mutuos se convierte en el segundo inversionista institucional más importante del país, superando a las empresas de seguros y detrás de las AFP quienes administran una cartera de aproximadamente 14.5 millones de dólares de los cuales alrededor del 45% se invierten en acciones[3].
Esta “euforia” de entrada de nuevos jugadores al mercado local también es seguida por inversionistas extranjeros quienes buscan inversiones en países con altas rentabilidades asumiendo mayor riesgo puesto que, en la mayoría de casos, se realiza el llamado “carry trade”. Es decir, los inversionistas se financian con monedas de países que tienen tasas de interés cercanas a cero (como el yen japonés) y luego, el capital es invertido en países con altas rentabilidades. Este proceso especulativo puede afectar negativamente a nuestro país si es que comienza un incremento de las tasas de interés en países como en Japón. En general, se observa una mayor liquidez en el mercado local a manos de pocos jugadores institucionales y extranjeros lo que empuja el precio de las acciones al alza pudiendo aparecer futuras correcciones del precio de dichas acciones.
Por otro lado, si bien los buenos fundamentos de la economía, como el crecimiento sostenido de la demanda interna, está haciendo que, por ejemplo, las acciones del sector agroindustrial, construcción y pesqueras se conviertan en unas de las más atractivas del mercado cabe anotar, también, que la dependencia de la BVL por la evolución del precio de los metales la hace más susceptible a cambios exógenos (externos) a la economía. Esta mayor dependencia responde a la recomposición que han tenido los dos índices accionarios locales, producto de una mayor frecuencia en la negociación de acciones mineras durante el último semestre de 2006. De esta manera, a partir del 02 de enero de 2007, en la cartera del IGBVL el peso de las acciones mineras es de 60,7%, mientras que en la cartera del ISBVL es de 77,8% comparados con los 57,8% y el 74,5% vigentes durante la segunda mitad de 2006.
Finalmente, la evolución positiva del precio del oro, el cobre y el zinc, debido principalmente a la gran demanda China, han influido en el incremento del precio de las acciones de empresas mineras lo que a su vez genera utilidades importantes en dichas empresas dando fundamentos económicos a los inversionistas para mantener sus órdenes de compra y mantener así dichos precios al alza. No obstante, se podría observar una mayor volatilidad y correcciones a la baja en la BVL debido a esta mayor dependencia a estos cambios exógenos (externos) que incentivan constantes recomposiciones de portafolios y flujo de capitales de corto plazo fuera del mercado accionario por parte de los inversionistas institucionales y extranjeros, respectivamente.
En lo que va del año, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se ubica como la cuarta más rentable del mundo y la primera a nivel latinoamericano, con un rendimiento de 43.9% del Índice Selectivo (ISBVL) y un 46.2% del índice general (IGBVL). Esta mayor rentabilidad bursátil está atrayendo tanto inversionistas locales como extranjeros. Así, este creciente interés de pequeños inversionistas locales (personas naturales) está impulsando el crecimiento de los fondos mutuos[1], sobre todo el de aquellos orientados a la inversión en instrumentos de renta variable (acciones)[2], debido a que representan una forma indirecta de inversión en títulos de renta variable lo que permite obtener, a inversionistas no especializados, una rentabilidad cercana a la mostrada por la bolsa local. De esta manera, el sistema de fondos mutuos se convierte en el segundo inversionista institucional más importante del país, superando a las empresas de seguros y detrás de las AFP quienes administran una cartera de aproximadamente 14.5 millones de dólares de los cuales alrededor del 45% se invierten en acciones[3].
Esta “euforia” de entrada de nuevos jugadores al mercado local también es seguida por inversionistas extranjeros quienes buscan inversiones en países con altas rentabilidades asumiendo mayor riesgo puesto que, en la mayoría de casos, se realiza el llamado “carry trade”. Es decir, los inversionistas se financian con monedas de países que tienen tasas de interés cercanas a cero (como el yen japonés) y luego, el capital es invertido en países con altas rentabilidades. Este proceso especulativo puede afectar negativamente a nuestro país si es que comienza un incremento de las tasas de interés en países como en Japón. En general, se observa una mayor liquidez en el mercado local a manos de pocos jugadores institucionales y extranjeros lo que empuja el precio de las acciones al alza pudiendo aparecer futuras correcciones del precio de dichas acciones.
Por otro lado, si bien los buenos fundamentos de la economía, como el crecimiento sostenido de la demanda interna, está haciendo que, por ejemplo, las acciones del sector agroindustrial, construcción y pesqueras se conviertan en unas de las más atractivas del mercado cabe anotar, también, que la dependencia de la BVL por la evolución del precio de los metales la hace más susceptible a cambios exógenos (externos) a la economía. Esta mayor dependencia responde a la recomposición que han tenido los dos índices accionarios locales, producto de una mayor frecuencia en la negociación de acciones mineras durante el último semestre de 2006. De esta manera, a partir del 02 de enero de 2007, en la cartera del IGBVL el peso de las acciones mineras es de 60,7%, mientras que en la cartera del ISBVL es de 77,8% comparados con los 57,8% y el 74,5% vigentes durante la segunda mitad de 2006.
Finalmente, la evolución positiva del precio del oro, el cobre y el zinc, debido principalmente a la gran demanda China, han influido en el incremento del precio de las acciones de empresas mineras lo que a su vez genera utilidades importantes en dichas empresas dando fundamentos económicos a los inversionistas para mantener sus órdenes de compra y mantener así dichos precios al alza. No obstante, se podría observar una mayor volatilidad y correcciones a la baja en la BVL debido a esta mayor dependencia a estos cambios exógenos (externos) que incentivan constantes recomposiciones de portafolios y flujo de capitales de corto plazo fuera del mercado accionario por parte de los inversionistas institucionales y extranjeros, respectivamente.
[1] Al cierre de marzo de 2007, el patrimonio administrado por los fondos mutuos se incrementó en 48% respecto al mismo período del año pasado. Fuente: Diario “Gestión” del 11 de abril del 2007.
[2] De enero a marzo de 2007, se han inscrito siete nuevos Fondos Mutuos, que serán administrados por BBVA Fondos Continental, Credifondo y por Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos. Fuente: Diario “Gestión” del 11 de abril del 2007
[3] www.sbs.gob.pe
[2] De enero a marzo de 2007, se han inscrito siete nuevos Fondos Mutuos, que serán administrados por BBVA Fondos Continental, Credifondo y por Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos. Fuente: Diario “Gestión” del 11 de abril del 2007
[3] www.sbs.gob.pe
Giampietri: El Topo de Fujimori
Por: Rafael González Delgado
La presencia de Alberto Pandolfi como responsable del Programa de Reducción de Vulnerabilidad ante el Evento Recurrente del Fenómeno El Niño (Preven) a pesar de que este se encontraba inhabilitado por el Congreso para ejercer cualquier cargo público durante diez años ha dejado una gran interrogante. ¿Fue un error político como aducen Del Castillo y compañía? O ¿fue una decisión intencional, muy bien pensada con el objetivo de consolidar una alianza con el fujimorismo?.
Pandolfi, fue Primer Ministro de Fujimori en dos ocasiones, y uno de los colaboradores y defensores más acérrimos de Montesinos calificándolo en 1996 ante el Congreso como estratega en la lucha contra el terrorismo.
Es demasiada coincidencia que un personaje como Luis Giampietri, tan cuestionado, identificado con el fujimorismo y vinculado a violaciones de Derechos Humanos perpetrados justamente en el régimen del prófugo Alberto Fujimori, haya sido la persona que propusiera a Pandolfi como director ejecutivo del Programa de Reducción de Vulnerabilidad frente al Evento Recurrente de El Niño (PREVEN). La intención no era otra que tener un “agente” dentro del gobierno.
Estos hechos coinciden con las declaraciones hechas hace dos semanas por Fujimori, en las que le atribuye los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su gobierno al Ejercito Peruano, subestimando y haciendo creer a los peruanos que no sabía nada de dichas acciones. El otro hecho coincidente es decisión de la bancada fujimorista de rechazar la posición de la Primera Sala Penal Anticorrupción de citar como testigo, pero de grado o fuerza, al Primer Vicepresidente Luis Giampietri, en los casos del grupo Colina.
Ahora el Premier Del Castillo siguiendo el ejemplo de Fujimori nos quiere hacer nuevamente “tontos”, alegando inocencia y mala memoria con respecto a la inhabilitación de Pandolfi, cuando no han pasado mas de cuatro años de que él mismo votara a favor de ésta.
Estamos acostumbrados a las “alianzas” apristas a lo largo de la historia. Pero es indignante ver a un Del Castillo avalar la designación de un personaje, que el mismo inhabilito por corrupto con su voto, y trabajar “hombro a hombro” durante cinco meses con el personaje que un día acuso, pues Pandolfi colaboro como “experto”, activamente en el Consejo de Ministros, llegando incluso a viajar como parte de delegaciones gubernamentales.
Es preocupante ver como nuevamente los fujimoristas van tomando notoriedad en el ambiente político del país, actitudes como la de Giampietri desafiando al poder Judicial y la designación de Pandolfi, crean un panorama negativo y de pesimismo para la extradición de Fujimori, más aún ahora cuando estamos a escasos días de que la Fiscalía Suprema de Chile emita su dictamen en torno al Caso fujimori.
Pandolfi, fue Primer Ministro de Fujimori en dos ocasiones, y uno de los colaboradores y defensores más acérrimos de Montesinos calificándolo en 1996 ante el Congreso como estratega en la lucha contra el terrorismo.
Es demasiada coincidencia que un personaje como Luis Giampietri, tan cuestionado, identificado con el fujimorismo y vinculado a violaciones de Derechos Humanos perpetrados justamente en el régimen del prófugo Alberto Fujimori, haya sido la persona que propusiera a Pandolfi como director ejecutivo del Programa de Reducción de Vulnerabilidad frente al Evento Recurrente de El Niño (PREVEN). La intención no era otra que tener un “agente” dentro del gobierno.
Estos hechos coinciden con las declaraciones hechas hace dos semanas por Fujimori, en las que le atribuye los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su gobierno al Ejercito Peruano, subestimando y haciendo creer a los peruanos que no sabía nada de dichas acciones. El otro hecho coincidente es decisión de la bancada fujimorista de rechazar la posición de la Primera Sala Penal Anticorrupción de citar como testigo, pero de grado o fuerza, al Primer Vicepresidente Luis Giampietri, en los casos del grupo Colina.
Ahora el Premier Del Castillo siguiendo el ejemplo de Fujimori nos quiere hacer nuevamente “tontos”, alegando inocencia y mala memoria con respecto a la inhabilitación de Pandolfi, cuando no han pasado mas de cuatro años de que él mismo votara a favor de ésta.
Estamos acostumbrados a las “alianzas” apristas a lo largo de la historia. Pero es indignante ver a un Del Castillo avalar la designación de un personaje, que el mismo inhabilito por corrupto con su voto, y trabajar “hombro a hombro” durante cinco meses con el personaje que un día acuso, pues Pandolfi colaboro como “experto”, activamente en el Consejo de Ministros, llegando incluso a viajar como parte de delegaciones gubernamentales.
Es preocupante ver como nuevamente los fujimoristas van tomando notoriedad en el ambiente político del país, actitudes como la de Giampietri desafiando al poder Judicial y la designación de Pandolfi, crean un panorama negativo y de pesimismo para la extradición de Fujimori, más aún ahora cuando estamos a escasos días de que la Fiscalía Suprema de Chile emita su dictamen en torno al Caso fujimori.
¿Quién soluciona el problema de los abogados?
Por: Iván González Delgado
Algunas veces se habrá escuchado frases como “…este muchacho será abogado porque es bien pleitista y conflictivo”, “… Que bien habla ¿no?, ese chico será abogado” y otras frases por el estilo, pero, ¿por qué estampar a cada muchacho, sea desde su niñez o desde su adolescencia, con una cláusula inquebrantable y taxativa que tiene inclinaciones para ser abogado?, más aún si se tienen los conceptos equivocados respecto a la verdadera esencia del derecho y de quienes ejercen la abogacía.
En toda sociedad, existen conflictos interpersonales, y para solucionar las desavenencias recurren al Estado, representado por su Poder Judicial, quien administrará justicia; el ciudadano recurre al Poder Judicial por intermedio de un abogado, profesional quien conoce y alega las normas de todo un sistema jurídico aplicable en una circunscripción territorial, para que el magistrado lo aplique a un caso en concreto, y así dicte sentencia.
De lo antes mencionado, se desprende la siguiente pregunta, ¿porqué erróneamente se identifica abogado con conflictivo? por el contrario, como lo manifesté líneas arriba, un abogado es quien evita el conflicto y tiende de esa forma a solucionarlos, el abogado es (o debe ser) un consultor jurídico, un asesor, orientador o consejero en temas legales, en quien se deposita las más plena confianza de un problema legal, para la consecución de una solución. Lamentablemente la proliferación indiscriminada de abogados provoca un “hacinamiento de leguleyos y tinterillos” personas con poca o ninguna preparación ética ni profesional, a quienes ingenuos ciudadanos litigantes recurren para la solución de sus problemas legales, y no solo es la ingenuidad, sino que es el mismo mercado libre y competitivo, pues a más abogados más alternativas para los potenciales clientes, quienes acuden a los abogados “menos caros”, existiendo un “malbarateo” de nuestra profesión.
Hay un punto que considero también saltante en esta situación de los abogados, y esto se aprecia si hacemos un paralelo, por ejemplo, con el continente europeo o los EEUU, pues el desempeño y ejercicio de los abogados tiene mucho que ver con la situación de desarrollo, el contexto político, social y económico, que viven cada uno de los países que conforman un continente y claro está, el continente visto globalmente.
En este sentido, la situación que se vive en cada país y secundariamente en el continente al que pertenecen, estructuran, influyen y forman la manera de pensar de cada ciudadano, generalmente desde su adolescencia y más aún si se tiene inclinación por estudiar una carrera de leyes o ciencia política, así tenemos que en Europa o los EEUU, encontramos excelentes abogados dedicados mayormente a la asesoría de empresas, a consultoría y análisis de temas jurídico-económicos, temas de productividad e inversión, en suma a abogados dentro de un multiplicado abanico de alternativas de asesoría jurídica, quizá áreas que no son muy estudiadas en América Latina, permitiendo un ejercicio de la abogacía con mayores opciones dentro de un libre mercado competitivo donde la demanda será mayor y la oferta menor, elevando el nivel de los abogados profesional y académicamente.
Por otro lado, en América Latina, existe una gran abundancia de abogados porque conciente o subconscientemente, su motivo es la defensa del más débil, la realización de justicia ante los abusos, encuadrando la profesión en un solo arista, derecho penal, divorcios, alimentos, filiaciones y otros procesos por el estilo, más aún, enmarcando la figura del abogado percibida de un escenario televisivo, fílmico o publicitario en donde, aunque parezca una tontería, la gran mayoría de ciudadanos que no conocen de dercho, piensa que la abogacía se limita al litigio, a la figura de un juez vestido con toga y birrete (o quizá con esas blancas pelucas rizadas como en antaño), a la escena del abogado exponiendo y el público en la parte posterior de la sala , el fiscal y el jurado( que solo existe en el derecho anglosajón), qué aberración!!! por favor.
El campo del litigio lamentablemente ha sido una puerta abierta para el ingreso de los tinterillos, por lo que el Colegio de Abogados debe exigirle al ejecutivo o quizá al Congreso, que eviten el excesivo egreso de profesionales de tantas facultades de derecho, que no alcanzan los estándares ni niveles requeridos, sin un cátedra con una debida escuela jurídica y sin una adecuada biblioteca. Se debe exigir que no se autorice el funcionamiento de nuevas facultades de Derecho a entidades que no cuentan con los recursos necesarios, en pocas palabras una regulación más exhaustiva en el establecimiento y funcionamiento de las facultades de derecho.
Tenemos, por ejemplo, que el incremento de los de los estudiantes de las facultades de Derecho ha sido sustancial, por ejemplo en el año 1960 eran de 1,338 y en1986 aumentó en 37,119[1]. Así en el año 2000 tenemos el siguiente cuadro[2]:
Cuadro
UNIVERSIDAD...........cantidad.........Porcentaje........Facultades de Derecho...........cantidad.........Porcentaje
Algunas veces se habrá escuchado frases como “…este muchacho será abogado porque es bien pleitista y conflictivo”, “… Que bien habla ¿no?, ese chico será abogado” y otras frases por el estilo, pero, ¿por qué estampar a cada muchacho, sea desde su niñez o desde su adolescencia, con una cláusula inquebrantable y taxativa que tiene inclinaciones para ser abogado?, más aún si se tienen los conceptos equivocados respecto a la verdadera esencia del derecho y de quienes ejercen la abogacía.
En toda sociedad, existen conflictos interpersonales, y para solucionar las desavenencias recurren al Estado, representado por su Poder Judicial, quien administrará justicia; el ciudadano recurre al Poder Judicial por intermedio de un abogado, profesional quien conoce y alega las normas de todo un sistema jurídico aplicable en una circunscripción territorial, para que el magistrado lo aplique a un caso en concreto, y así dicte sentencia.
De lo antes mencionado, se desprende la siguiente pregunta, ¿porqué erróneamente se identifica abogado con conflictivo? por el contrario, como lo manifesté líneas arriba, un abogado es quien evita el conflicto y tiende de esa forma a solucionarlos, el abogado es (o debe ser) un consultor jurídico, un asesor, orientador o consejero en temas legales, en quien se deposita las más plena confianza de un problema legal, para la consecución de una solución. Lamentablemente la proliferación indiscriminada de abogados provoca un “hacinamiento de leguleyos y tinterillos” personas con poca o ninguna preparación ética ni profesional, a quienes ingenuos ciudadanos litigantes recurren para la solución de sus problemas legales, y no solo es la ingenuidad, sino que es el mismo mercado libre y competitivo, pues a más abogados más alternativas para los potenciales clientes, quienes acuden a los abogados “menos caros”, existiendo un “malbarateo” de nuestra profesión.
Hay un punto que considero también saltante en esta situación de los abogados, y esto se aprecia si hacemos un paralelo, por ejemplo, con el continente europeo o los EEUU, pues el desempeño y ejercicio de los abogados tiene mucho que ver con la situación de desarrollo, el contexto político, social y económico, que viven cada uno de los países que conforman un continente y claro está, el continente visto globalmente.
En este sentido, la situación que se vive en cada país y secundariamente en el continente al que pertenecen, estructuran, influyen y forman la manera de pensar de cada ciudadano, generalmente desde su adolescencia y más aún si se tiene inclinación por estudiar una carrera de leyes o ciencia política, así tenemos que en Europa o los EEUU, encontramos excelentes abogados dedicados mayormente a la asesoría de empresas, a consultoría y análisis de temas jurídico-económicos, temas de productividad e inversión, en suma a abogados dentro de un multiplicado abanico de alternativas de asesoría jurídica, quizá áreas que no son muy estudiadas en América Latina, permitiendo un ejercicio de la abogacía con mayores opciones dentro de un libre mercado competitivo donde la demanda será mayor y la oferta menor, elevando el nivel de los abogados profesional y académicamente.
Por otro lado, en América Latina, existe una gran abundancia de abogados porque conciente o subconscientemente, su motivo es la defensa del más débil, la realización de justicia ante los abusos, encuadrando la profesión en un solo arista, derecho penal, divorcios, alimentos, filiaciones y otros procesos por el estilo, más aún, enmarcando la figura del abogado percibida de un escenario televisivo, fílmico o publicitario en donde, aunque parezca una tontería, la gran mayoría de ciudadanos que no conocen de dercho, piensa que la abogacía se limita al litigio, a la figura de un juez vestido con toga y birrete (o quizá con esas blancas pelucas rizadas como en antaño), a la escena del abogado exponiendo y el público en la parte posterior de la sala , el fiscal y el jurado( que solo existe en el derecho anglosajón), qué aberración!!! por favor.
El campo del litigio lamentablemente ha sido una puerta abierta para el ingreso de los tinterillos, por lo que el Colegio de Abogados debe exigirle al ejecutivo o quizá al Congreso, que eviten el excesivo egreso de profesionales de tantas facultades de derecho, que no alcanzan los estándares ni niveles requeridos, sin un cátedra con una debida escuela jurídica y sin una adecuada biblioteca. Se debe exigir que no se autorice el funcionamiento de nuevas facultades de Derecho a entidades que no cuentan con los recursos necesarios, en pocas palabras una regulación más exhaustiva en el establecimiento y funcionamiento de las facultades de derecho.
Tenemos, por ejemplo, que el incremento de los de los estudiantes de las facultades de Derecho ha sido sustancial, por ejemplo en el año 1960 eran de 1,338 y en1986 aumentó en 37,119[1]. Así en el año 2000 tenemos el siguiente cuadro[2]:
Cuadro
UNIVERSIDAD...........cantidad.........Porcentaje........Facultades de Derecho...........cantidad.........Porcentaje
Publica...........................31................40.26%........................Pública...........................18....................40%
Privada..........................46................59.74%........................Privada...........................27....................60%
Total..............................77................100%...........................Total...............................45...................100%
El contexto de la educación superior en el Perú, ha sido a lo largo de su historia de desatención, indiferencia y desprecio, donde la falta de regulación ha tenido consecuencias muy negativas sobretodo en el ámbito de las facultades de derecho, y la razón es que para establecer una facultad de derecho en una universidad, no se requiere de una inversión grande de recursos, comparativamente hablando con la que se hace en otras facultades, pues se requiere de libros, un catedrático que sea abogado (no sabemos de qué nivel profesional y experiencia), que solo exponga la información, si un debido análisis o interpretación, al parecer algo suficiente en la mayoría de facultades de derecho, y claro esto hace que el estudiante solo se limite a memorizar la información que se le proporcionó.
Otro punto que alienta el interés de los jóvenes para estudiar derecho es la imagen que se percibe en la relación entre el derecho y el poder[3], obviando consideraciones más importantes como el desempeño de una profesión envuelta de una conciencia ética. Por tanto, es un reto la formación de valores en las facultades de derecho, valores que van desde la realización del estudiante como abogado del día a día, hasta la intervención directa o indirectamente en la estructura y consolidación de valores democráticos que degeneran en dictaduras y modelos autoritarios.
Los abogados tenemos un papel fundamental de responsabilidad y compromiso, en la vida política del Perú, llevando a cabo condiciones de fortalecimiento y seguridad en las instituciones que hagan viable una vida social y política enmarcada en la democracia, pues son factores fundamentales como voceros de la legalidad y de la cultura ética en todo espacio político, profesional, cultural y social, permitiendo crear un ámbito de seguridad jurídica que garantice las tan esperadas y ansiadas inversiones. Es por ello que las facultades de derecho tienen una gran responsabilidad en la contribución al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas, y ello se vincula con la creación de un escenario en el que se facilite el ejercicio eficiente de una profesión legal, pues por el contrario aumentarían las condiciones de arbitrariedad, corrupción, de una burocracia displicente y abusiva.
En suma, las facultades de derecho deben organizar planes de estudios relacionados a las demandas de la sociedad, dentro de la cual se encuentra el mercado profesional, no generando falsas expectativas de empleo. Pues la consecuencia, ya palpable, será el aumento del desempleo y el detrimento de los ámbitos profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado.
Privada..........................46................59.74%........................Privada...........................27....................60%
Total..............................77................100%...........................Total...............................45...................100%
El contexto de la educación superior en el Perú, ha sido a lo largo de su historia de desatención, indiferencia y desprecio, donde la falta de regulación ha tenido consecuencias muy negativas sobretodo en el ámbito de las facultades de derecho, y la razón es que para establecer una facultad de derecho en una universidad, no se requiere de una inversión grande de recursos, comparativamente hablando con la que se hace en otras facultades, pues se requiere de libros, un catedrático que sea abogado (no sabemos de qué nivel profesional y experiencia), que solo exponga la información, si un debido análisis o interpretación, al parecer algo suficiente en la mayoría de facultades de derecho, y claro esto hace que el estudiante solo se limite a memorizar la información que se le proporcionó.
Otro punto que alienta el interés de los jóvenes para estudiar derecho es la imagen que se percibe en la relación entre el derecho y el poder[3], obviando consideraciones más importantes como el desempeño de una profesión envuelta de una conciencia ética. Por tanto, es un reto la formación de valores en las facultades de derecho, valores que van desde la realización del estudiante como abogado del día a día, hasta la intervención directa o indirectamente en la estructura y consolidación de valores democráticos que degeneran en dictaduras y modelos autoritarios.
Los abogados tenemos un papel fundamental de responsabilidad y compromiso, en la vida política del Perú, llevando a cabo condiciones de fortalecimiento y seguridad en las instituciones que hagan viable una vida social y política enmarcada en la democracia, pues son factores fundamentales como voceros de la legalidad y de la cultura ética en todo espacio político, profesional, cultural y social, permitiendo crear un ámbito de seguridad jurídica que garantice las tan esperadas y ansiadas inversiones. Es por ello que las facultades de derecho tienen una gran responsabilidad en la contribución al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas, y ello se vincula con la creación de un escenario en el que se facilite el ejercicio eficiente de una profesión legal, pues por el contrario aumentarían las condiciones de arbitrariedad, corrupción, de una burocracia displicente y abusiva.
En suma, las facultades de derecho deben organizar planes de estudios relacionados a las demandas de la sociedad, dentro de la cual se encuentra el mercado profesional, no generando falsas expectativas de empleo. Pues la consecuencia, ya palpable, será el aumento del desempleo y el detrimento de los ámbitos profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado.
[1] Fuente: Asamblea Nacional de Rectores. Secretaría Ejecutiva de Coordinación interuniversitaria. Boletín Perú. Estadísticas universitarias 1960-86. Lima año 9 Nº 10. Junio de 1988.
[2] Fuente: Dirección de estadística e Informática de la ANR, fecha 21 de septiembre de 2000. “La Enseñanza del Derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades” de Gorki Gonzales Mantilla
[3] La Enseñanza del Derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades” de Gorki Gonzales Mantillaseñanza del Derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades” de Gorki Gonzales Mantilla
jueves, 29 de marzo de 2007
Cuidado con la modernización del Estado
Por: Gabriel González Delgado
A pesar de que en la actualidad se aprecia en el mundo una tendencia a introducir en la administración pública instrumentos de gestión propias del sector privado, han surgido una serie de problemas y situaciones nuevas y diferentes en el escenario de la gestión pública que requieren de respuestas ya no prefabricadas como la privatización, la subcontratación, la formación de agencias, la creación de mercados internos, entre otros.
Al respecto, quisiera compartir algunas reflexiones en torno a lo planteado por el profesor Les Metcalfe en su artículo denominado “La Gestión Pública: De la imitación a la innovación”[1]. Conforme se desprende de su análisis, el autor no se opone a la propuesta de nutrir a cada una de las organizaciones públicas de aquellas herramientas de gestión propias del sector privado, sin embargo, sostiene que estas organizaciones se deben a una estructura mayor y principal, en la cual los intereses individuales de cada organización deben alinearse con los intereses planteados en el gran sistema, que es el de la gestión pública, en cuyo contexto los instrumentos propios de la gestión privada se tornan en insuficientes.
En este sentido, de acuerdo a lo planteado por Metcalfe, la gestión pública implica una actividad política que no debe agotarse en la mera eficiencia, sino que debe orientarse a la reformulación de conceptos y criterios que contribuyan a la transformación de los patrones y procesos de responsabilidad pública, pues, la estructura de la administración pública se constituye por un sistema de redes de organización interdependientes y no autónomas, en la cual los administradores públicos deben, además de buscar la consecución de los objetivos propios de sus organizaciones, involucrarse en la estructura principal y contribuir con el desarrollo de estrategias comunes para elaborar y aplicar las políticas públicas, en el marco de un gran sistema, dentro del cual las organizaciones no son más que un elemento coadyuvante y funcional.
El profesor Metcalfe desarrolla su propuesta a partir de un análisis de los conceptos de “público” y “privado”, los cuales los asimila, respectivamente, a los de “macrogestión” y “microgestión”. En base a ello, plantea diferencias sobre los intereses y objetivos que impulsan el ejercicio de una y otra, así como las responsabilidades que se asumen en cada uno de dichos escenarios. Por ello, dicho autor concluye en que se ha llegado a un punto en el que se han agotado los instrumentos de gestión privada adoptados por el sector público, y dado que en este sector aún quedan muchos espacios por cubrir y muchos problemas por solucionar, se deberá sustituir “la imitación” por “la innovación”.
En mi opinión, el planteamiento propuesto por Metcalfe tiene su base en el establecimiento de una muy clara distinción entre las premisas y objetivos de la gestión pública y de la gestión privada, y es partir de ella que concluye en que no se puede desarrollar la gestión pública, exclusivamente, con herramientas propias de la gestión privada. Por el contrario, propone la búsqueda de nuevos instrumentos y de nuevas perspectivas que sean propias de una gestión desarrollada desde el ámbito público.
Coincido con el referido académico en que el Estado no puede manejarse como una empresa, debido a las distintas estructuras, a las distintas esferas, a las distintas motivaciones y a los distintos objetivos y prioridades que un Estado se plantea. No cabe duda que en el desarrollo de sus objetivos, el sector público, actuando desconcentradamente a través de diversos organismos, muchas veces se desenvuelve como una empresa para poder maximizar los beneficios de cada uno de estos organismos. Sin embargo, ello es simplemente un medio para dotar de energía a cada uno de los “brazos” de la gestión pública, pero en la ejecución de los proyectos de macrogestión para la consecución de los objetivos sociales, se deben estructurar propuestas más elaboradas e innovadoras que la eficiencia, base del crecimiento empresarial.
Es evidente pues que el Estado no solamente persigue la eficiencia económica en la asignación de los recursos en la sociedad, sino que debe plantear propuestas orientadas al desarrollo de la sociedad en sus distintas esferas (educación, salud, empleo, servicios), pero de manera coordinada, de tal forma que se enfoquen estas distintas esferas como elementos de una compleja y gran estructura en la cual el desarrollo de cada uno de los ámbitos referidos generen impacto en el desarrollo de los otros ámbitos. Por ejemplo, para desarrollar la gestión pública no solo basta aplicar nociones de eficiencia al sector educación, al sector economía, al sector salud, tratando cada uno de estos sectores como unidades aisladas; por el contrario, es necesario desarrollar estrategias en la cual se establezcan como premisas la relación que tendrá el incremento de la ecuación, en la economía del país, o como redunda la salud en la educación.
La gestión pública tiene una estructura mucho más compleja de lo que podría tener una empresa, y tiene particularidades propias de su naturaleza que requieren de propuestas estructuradas para sus fines públicos y no solo orientadas a la eficiencia económica. En este sentido, Jorge Barenstein[2], al realizar un análisis de la burocracia estatal, propone plantear el problema de la burocracia, entendida como un asunto social y político, vinculado directamente al desarrollo del sistema, y a la evolución social.
En el camino hacia la “modernización” del Estado, no debería perderse de vista su razón de ser y su esencia para que no se actúe con el afán de reducirlo y sustituirlo indiscriminadamente por un aparato privado insuficiente para cumplir los objetivos sociales. Apuesto por modernizar el Estado, y en ese intento, reducir su amplio espectro de actuaciones, pero hacerlo con “arte”, con habilidad política, y sin perder de vista que el Estado es muchísimo mas que una empresa.
[1] En: ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado. Editor: Carlos Losada i Marrodán. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., 1999
[2] BARENSTEIN, Jorge. El análisis de la burocracia estatal desde la perspectiva weberiana. Los administradores en el sector público mexicano. México : CIDE, 1981 (Capítulo 3)
A pesar de que en la actualidad se aprecia en el mundo una tendencia a introducir en la administración pública instrumentos de gestión propias del sector privado, han surgido una serie de problemas y situaciones nuevas y diferentes en el escenario de la gestión pública que requieren de respuestas ya no prefabricadas como la privatización, la subcontratación, la formación de agencias, la creación de mercados internos, entre otros.
Al respecto, quisiera compartir algunas reflexiones en torno a lo planteado por el profesor Les Metcalfe en su artículo denominado “La Gestión Pública: De la imitación a la innovación”[1]. Conforme se desprende de su análisis, el autor no se opone a la propuesta de nutrir a cada una de las organizaciones públicas de aquellas herramientas de gestión propias del sector privado, sin embargo, sostiene que estas organizaciones se deben a una estructura mayor y principal, en la cual los intereses individuales de cada organización deben alinearse con los intereses planteados en el gran sistema, que es el de la gestión pública, en cuyo contexto los instrumentos propios de la gestión privada se tornan en insuficientes.
En este sentido, de acuerdo a lo planteado por Metcalfe, la gestión pública implica una actividad política que no debe agotarse en la mera eficiencia, sino que debe orientarse a la reformulación de conceptos y criterios que contribuyan a la transformación de los patrones y procesos de responsabilidad pública, pues, la estructura de la administración pública se constituye por un sistema de redes de organización interdependientes y no autónomas, en la cual los administradores públicos deben, además de buscar la consecución de los objetivos propios de sus organizaciones, involucrarse en la estructura principal y contribuir con el desarrollo de estrategias comunes para elaborar y aplicar las políticas públicas, en el marco de un gran sistema, dentro del cual las organizaciones no son más que un elemento coadyuvante y funcional.
El profesor Metcalfe desarrolla su propuesta a partir de un análisis de los conceptos de “público” y “privado”, los cuales los asimila, respectivamente, a los de “macrogestión” y “microgestión”. En base a ello, plantea diferencias sobre los intereses y objetivos que impulsan el ejercicio de una y otra, así como las responsabilidades que se asumen en cada uno de dichos escenarios. Por ello, dicho autor concluye en que se ha llegado a un punto en el que se han agotado los instrumentos de gestión privada adoptados por el sector público, y dado que en este sector aún quedan muchos espacios por cubrir y muchos problemas por solucionar, se deberá sustituir “la imitación” por “la innovación”.
En mi opinión, el planteamiento propuesto por Metcalfe tiene su base en el establecimiento de una muy clara distinción entre las premisas y objetivos de la gestión pública y de la gestión privada, y es partir de ella que concluye en que no se puede desarrollar la gestión pública, exclusivamente, con herramientas propias de la gestión privada. Por el contrario, propone la búsqueda de nuevos instrumentos y de nuevas perspectivas que sean propias de una gestión desarrollada desde el ámbito público.
Coincido con el referido académico en que el Estado no puede manejarse como una empresa, debido a las distintas estructuras, a las distintas esferas, a las distintas motivaciones y a los distintos objetivos y prioridades que un Estado se plantea. No cabe duda que en el desarrollo de sus objetivos, el sector público, actuando desconcentradamente a través de diversos organismos, muchas veces se desenvuelve como una empresa para poder maximizar los beneficios de cada uno de estos organismos. Sin embargo, ello es simplemente un medio para dotar de energía a cada uno de los “brazos” de la gestión pública, pero en la ejecución de los proyectos de macrogestión para la consecución de los objetivos sociales, se deben estructurar propuestas más elaboradas e innovadoras que la eficiencia, base del crecimiento empresarial.
Es evidente pues que el Estado no solamente persigue la eficiencia económica en la asignación de los recursos en la sociedad, sino que debe plantear propuestas orientadas al desarrollo de la sociedad en sus distintas esferas (educación, salud, empleo, servicios), pero de manera coordinada, de tal forma que se enfoquen estas distintas esferas como elementos de una compleja y gran estructura en la cual el desarrollo de cada uno de los ámbitos referidos generen impacto en el desarrollo de los otros ámbitos. Por ejemplo, para desarrollar la gestión pública no solo basta aplicar nociones de eficiencia al sector educación, al sector economía, al sector salud, tratando cada uno de estos sectores como unidades aisladas; por el contrario, es necesario desarrollar estrategias en la cual se establezcan como premisas la relación que tendrá el incremento de la ecuación, en la economía del país, o como redunda la salud en la educación.
La gestión pública tiene una estructura mucho más compleja de lo que podría tener una empresa, y tiene particularidades propias de su naturaleza que requieren de propuestas estructuradas para sus fines públicos y no solo orientadas a la eficiencia económica. En este sentido, Jorge Barenstein[2], al realizar un análisis de la burocracia estatal, propone plantear el problema de la burocracia, entendida como un asunto social y político, vinculado directamente al desarrollo del sistema, y a la evolución social.
En el camino hacia la “modernización” del Estado, no debería perderse de vista su razón de ser y su esencia para que no se actúe con el afán de reducirlo y sustituirlo indiscriminadamente por un aparato privado insuficiente para cumplir los objetivos sociales. Apuesto por modernizar el Estado, y en ese intento, reducir su amplio espectro de actuaciones, pero hacerlo con “arte”, con habilidad política, y sin perder de vista que el Estado es muchísimo mas que una empresa.
[1] En: ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado. Editor: Carlos Losada i Marrodán. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., 1999
[2] BARENSTEIN, Jorge. El análisis de la burocracia estatal desde la perspectiva weberiana. Los administradores en el sector público mexicano. México : CIDE, 1981 (Capítulo 3)
El Rock es cultura
Por: Mauricio Hilbck Ríos
El pasado 12 de marzo fui testigo de uno de los espectáculos más extraordinarios presentados en la capital peruana: Roger Waters, el ex líder de la banda Pink Floyd, ofreció un concierto de casi 3 horas que hizo cantar, emocionar y hasta llorar a las más de catorce mil (14,000) personas que abarrotaron la explanada del Estadio Monumental en Ate. No pienso entrar en los detalles de cuan perfecta y genial me parecen las composiciones y la música creada por este personaje y su ex banda, simplemente porque, de esa manera, el artículo sería totalmente sesgado hacia mis gustos musicales, los cuales por obvias razones no son compartidos por todos los lectores. Sin embargo, creo que si podemos coincidir en que todo tipo de expresión artística es cultura; justamente, lo que vimos esa noche fue una composición de arte audiovisual que expresaba, mediante metáforas, los principales problemas que destruyen cada vez con más fuerza a la humanidad (violencia, guerras, represión, discriminación social, falta de solidaridad y un largo etcétera) y, que a su vez, nos llevaba a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestro compromiso, y nuestro verdadero rol en la sociedad en la que vivimos, para buscar soluciones a estos problemas[1].
La discusión anterior trae a colación un tema netamente económico: los impuestos. Y es que a diferencia de Chile y Argentina, donde también se presentó Waters, en el Perú se cobra un treinta por ciento (30%) sobre los ingresos totales del artista, por concepto de Impuesto a la Renta y un quince por ciento (15%) por Impuesto Municipal. Sobre el primero de ellos, debemos decir que se debería eliminar la potestad del INC para calificar qué espectáculo es cultural y que otro no[2] para que, de esta manera, espectáculos como el descrito puedan ser exonerados de este impuesto (además del IGV) y puedan repetirse por estos lares. De la misma manera, debería estudiarse mejor el impacto del impuesto municipal, puesto que creemos, sería mucho más beneficioso el impacto positivo de una mayor promoción de actividades artísticas y de entretenimiento de este tipo, que lo recaudado vía este impuesto.
En suma, el Cuarenta y cinco por ciento (45%) de impuestos en la entrada no hace más que desincentivar al empresario local, aumentar el precio de las entradas y reducir la oferta de localidades, por el contrario, el evitar esta “desproporcionalidad impositiva”[3] traería externalidades positivas que se vieron durante la visita de Roger Waters a nuestro país cuando el mismo promocionó la votación por Macchu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo, así mismo, el concierto atrajo fanáticos de Ecuador y Colombia quienes estimularon el consumo y el turismo dentro de nuestro país, pues muchos de los visitantes, continuaron con rumbo a la ciudadela inca mas famosa de la ciudad del Cuzco. Finalmente, creemos que ciertas decisiones en cuanto a la reforma tributaria han sido llevadas de la mejor manera, incluso desde el punto de vista político (como el tema de exoneraciones a las regiones de la Selva), sin embargo se han dejado muchos temas pendientes como, el tratado en el presente artículo y otros también ligados a la actividad cultural en nuestro país, como el de la no exoneración de aranceles a los libros.
[1] La UNESCO, en 1982, declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros, seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982: Declaración de México).
[2] Para el INC, el Ballet es un espectáculo cultural, mientras que la danza contemporánea no lo es. De la misma forma, el concierto de “Floricienta” fue catalogado como espectáculo cultural, mientras que el de Roger Waters no lo fue (¿?).
[3] Véase la editorial del diario “El Correo” del domingo 25 de marzo.
El pasado 12 de marzo fui testigo de uno de los espectáculos más extraordinarios presentados en la capital peruana: Roger Waters, el ex líder de la banda Pink Floyd, ofreció un concierto de casi 3 horas que hizo cantar, emocionar y hasta llorar a las más de catorce mil (14,000) personas que abarrotaron la explanada del Estadio Monumental en Ate. No pienso entrar en los detalles de cuan perfecta y genial me parecen las composiciones y la música creada por este personaje y su ex banda, simplemente porque, de esa manera, el artículo sería totalmente sesgado hacia mis gustos musicales, los cuales por obvias razones no son compartidos por todos los lectores. Sin embargo, creo que si podemos coincidir en que todo tipo de expresión artística es cultura; justamente, lo que vimos esa noche fue una composición de arte audiovisual que expresaba, mediante metáforas, los principales problemas que destruyen cada vez con más fuerza a la humanidad (violencia, guerras, represión, discriminación social, falta de solidaridad y un largo etcétera) y, que a su vez, nos llevaba a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestro compromiso, y nuestro verdadero rol en la sociedad en la que vivimos, para buscar soluciones a estos problemas[1].
La discusión anterior trae a colación un tema netamente económico: los impuestos. Y es que a diferencia de Chile y Argentina, donde también se presentó Waters, en el Perú se cobra un treinta por ciento (30%) sobre los ingresos totales del artista, por concepto de Impuesto a la Renta y un quince por ciento (15%) por Impuesto Municipal. Sobre el primero de ellos, debemos decir que se debería eliminar la potestad del INC para calificar qué espectáculo es cultural y que otro no[2] para que, de esta manera, espectáculos como el descrito puedan ser exonerados de este impuesto (además del IGV) y puedan repetirse por estos lares. De la misma manera, debería estudiarse mejor el impacto del impuesto municipal, puesto que creemos, sería mucho más beneficioso el impacto positivo de una mayor promoción de actividades artísticas y de entretenimiento de este tipo, que lo recaudado vía este impuesto.
En suma, el Cuarenta y cinco por ciento (45%) de impuestos en la entrada no hace más que desincentivar al empresario local, aumentar el precio de las entradas y reducir la oferta de localidades, por el contrario, el evitar esta “desproporcionalidad impositiva”[3] traería externalidades positivas que se vieron durante la visita de Roger Waters a nuestro país cuando el mismo promocionó la votación por Macchu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo, así mismo, el concierto atrajo fanáticos de Ecuador y Colombia quienes estimularon el consumo y el turismo dentro de nuestro país, pues muchos de los visitantes, continuaron con rumbo a la ciudadela inca mas famosa de la ciudad del Cuzco. Finalmente, creemos que ciertas decisiones en cuanto a la reforma tributaria han sido llevadas de la mejor manera, incluso desde el punto de vista político (como el tema de exoneraciones a las regiones de la Selva), sin embargo se han dejado muchos temas pendientes como, el tratado en el presente artículo y otros también ligados a la actividad cultural en nuestro país, como el de la no exoneración de aranceles a los libros.
[1] La UNESCO, en 1982, declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros, seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982: Declaración de México).
[2] Para el INC, el Ballet es un espectáculo cultural, mientras que la danza contemporánea no lo es. De la misma forma, el concierto de “Floricienta” fue catalogado como espectáculo cultural, mientras que el de Roger Waters no lo fue (¿?).
[3] Véase la editorial del diario “El Correo” del domingo 25 de marzo.
miércoles, 28 de marzo de 2007
Universidad Humanista
Por: Leonidas Wiener Ramos
Si alguna persona todavía tenía dudas respecto al trasfondo ideológico del conflicto entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima, las últimas intervenciones de Rafael Rey se han encargado de disiparlas. En una entrevista, el Ministro de la Producción señaló que, “en la universidad se forma a profesionales desde el punto de vista ideológico marxista comunista, cuando Riva Agüero impulsaba la educación católica, y el marxismo es incompatible con la religión católica”[1].
Además, y como si lo anterior no fuera suficiente, Rey comparó a la Universidad de Huamanga –foco del movimiento senderista- con la Universidad Católica, indicando que, producto de la formación marxista-comunista en la universidad ayacuchana, se engendró el movimiento terrorista que tanto sufrimiento produjo en los peruanos. "Las consecuencias las vimos en Huamanga, y nos dimos cuenta años después y hemos sufrido al permitir que una universidad estatal, como la de Huamanga, forme marxistas y comunistas[2]".
Como ex-alumno de la Universidad Católica me siento obligado a ensayar una respuesta a este personaje de la política peruana. En primer lugar, debo admitirlo, no profeso la religión católica (ni ninguna otra clase de religión). Sin embargo, tengo una noción –al menos básica- de las enseñanzas y valores que la religión católica busca inculcar en sus miembros: solidaridad y respeto al prójimo, la caridad y la ayuda al más necesitado, afirmar que el ser humano representa un valor y fin último, entre otras cosas. No es necesario que me vuelva creyente para interiorizar y poner en práctica estos valores, así como no todo creyente que se rasga las vestiduras realmente lo hace.
En tal sentido, considero que la Universidad Católica no tiene como proyecto educativo formar personas religiosas o personas que practiquen la religión católica, sino personas con una concepción humanista de la vida. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, grupo de trabajo formado en gran parte por estudiantes y ex-estudiantes de la Universidad Católica, tuvo como uno de sus pilares la defensa de la dignidad del ser humano, principio básico reconocido por cualquier tipo de creencia religiosa. Sin embargo, esta Comisión ha sido tildada desde su formación como un nido de comunistas y marxistas por parte de personajes como Rafael Rey y otros que comparten sus ideas. Rafael Rey confunde humanismo o solidaridad con el prójimo con comunismo. En todo caso, todos los aludidos le agradecemos por tan insigne calificativo, que nos diferencian de personas como el hoy ministro, que dicen que los derechos humanos son “una cojudez” (Cipriani dixit), que están en contra del aborto, aún si se pone en riesgo la vida de la madre o es producto de una violación, y que pretenden inculcarnos dogmas incuestionables totalmente desfasados en la actualidad.
Por último, tengo una opinión personal acerca de lo que debe representar una universidad. Creo que la universidad debe poner a disposición del alumno la mayor cantidad y gama de opciones disponibles para que cada uno, de acuerdo a su opción personal y a su libertad, pueda emprender el proyecto de vida con el que más se sienta a gusto. De tal manera que, si un estudiante universitario al terminar sus estudios se identifica con la ideología maoísta o decide formar parte del Opus Dei, no será porque la universidad tuvo un papel determinante en la configuración de su identidad, sino porque esta última le proporcionó el espacio intelectual y de reflexión y la base material suficiente para ejercer una opción personal con libertad.
[1] http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=120218
[2] http://www.peru21.com/P21Online/Html/2007-03-25/OnP2Portada0696021.html
Si alguna persona todavía tenía dudas respecto al trasfondo ideológico del conflicto entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima, las últimas intervenciones de Rafael Rey se han encargado de disiparlas. En una entrevista, el Ministro de la Producción señaló que, “en la universidad se forma a profesionales desde el punto de vista ideológico marxista comunista, cuando Riva Agüero impulsaba la educación católica, y el marxismo es incompatible con la religión católica”[1].
Además, y como si lo anterior no fuera suficiente, Rey comparó a la Universidad de Huamanga –foco del movimiento senderista- con la Universidad Católica, indicando que, producto de la formación marxista-comunista en la universidad ayacuchana, se engendró el movimiento terrorista que tanto sufrimiento produjo en los peruanos. "Las consecuencias las vimos en Huamanga, y nos dimos cuenta años después y hemos sufrido al permitir que una universidad estatal, como la de Huamanga, forme marxistas y comunistas[2]".
Como ex-alumno de la Universidad Católica me siento obligado a ensayar una respuesta a este personaje de la política peruana. En primer lugar, debo admitirlo, no profeso la religión católica (ni ninguna otra clase de religión). Sin embargo, tengo una noción –al menos básica- de las enseñanzas y valores que la religión católica busca inculcar en sus miembros: solidaridad y respeto al prójimo, la caridad y la ayuda al más necesitado, afirmar que el ser humano representa un valor y fin último, entre otras cosas. No es necesario que me vuelva creyente para interiorizar y poner en práctica estos valores, así como no todo creyente que se rasga las vestiduras realmente lo hace.
En tal sentido, considero que la Universidad Católica no tiene como proyecto educativo formar personas religiosas o personas que practiquen la religión católica, sino personas con una concepción humanista de la vida. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, grupo de trabajo formado en gran parte por estudiantes y ex-estudiantes de la Universidad Católica, tuvo como uno de sus pilares la defensa de la dignidad del ser humano, principio básico reconocido por cualquier tipo de creencia religiosa. Sin embargo, esta Comisión ha sido tildada desde su formación como un nido de comunistas y marxistas por parte de personajes como Rafael Rey y otros que comparten sus ideas. Rafael Rey confunde humanismo o solidaridad con el prójimo con comunismo. En todo caso, todos los aludidos le agradecemos por tan insigne calificativo, que nos diferencian de personas como el hoy ministro, que dicen que los derechos humanos son “una cojudez” (Cipriani dixit), que están en contra del aborto, aún si se pone en riesgo la vida de la madre o es producto de una violación, y que pretenden inculcarnos dogmas incuestionables totalmente desfasados en la actualidad.
Por último, tengo una opinión personal acerca de lo que debe representar una universidad. Creo que la universidad debe poner a disposición del alumno la mayor cantidad y gama de opciones disponibles para que cada uno, de acuerdo a su opción personal y a su libertad, pueda emprender el proyecto de vida con el que más se sienta a gusto. De tal manera que, si un estudiante universitario al terminar sus estudios se identifica con la ideología maoísta o decide formar parte del Opus Dei, no será porque la universidad tuvo un papel determinante en la configuración de su identidad, sino porque esta última le proporcionó el espacio intelectual y de reflexión y la base material suficiente para ejercer una opción personal con libertad.
[1] http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=120218
[2] http://www.peru21.com/P21Online/Html/2007-03-25/OnP2Portada0696021.html
jueves, 15 de marzo de 2007
Violencia sin fin y viejas rivalidades en Irak
Por: Leonidas Wiener Ramos
Existen diversos puntos de vista que intentan dar una explicación a lo que está ocurriendo actualmente en Irak, en relación al conflicto sectorial entre árabes chiítas y árabes sunitas[1] que día a día cobra la vida de innumerables personas. Algunos sitúan las causas de tal conflicto en fenómenos coyunturales, como la invasión norteamericana; otros atribuyen estos hechos al pasado régimen represivo del sunita Saddam Hussein, el cual habría sido el caldo de cultivo de las actuales luchas sectarias. Sin embargo, en países como Irak, los cuales han sido objeto de dominación colonial, los conflictos suelen relacionarse con fenómenos más estructurales, que deben ubicarse en el mismo surgimiento del Estado. Este ha sido un principio elemental ignorado por el conservadurismo estadounidense.
La liquidación del colonialismo fue uno de los fenómenos a nivel global más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Cuando se creó el organismo de las Naciones Unidas en 1945, 750 millones de personas -casi una tercera parte de la población del mundo- vivían en territorios no autónomos, dependientes de potencias coloniales. En la actualidad, menos de dos millones de personas viven en esos territorios[2].
Sin embargo, debido a que la conformación territorial de los Estados surgidos de la descolonización fue realizada en base a los intereses económicos y políticos de las potencias coloniales -sin tomar en cuenta la composición étnica o las afinidades culturales de dichos pueblos-, los nuevos Estados han tenido que respetar la intangibilidad e inviolabilidad de las fronteras en base al principio de conservación de la integridad territorial del Estado, aún en perjuicio en muchos casos de la unidad de sus pueblos. Esta situación ha significado que, los nuevos Estados han tenido que afrontar numerosos problemas internos por su incapacidad para asimilar e integrar en condiciones de igualdad a las distintas colectividades o grupos étnicos que pueblan sus territorios. Guerras civiles, violencia crónica, enfrentamientos entre etnias, inestabilidad política, han sido las constantes en muchas de estas nuevas agrupaciones políticas. Existen muchos ejemplos ilustrativos al respecto: la guerra en los Balcanes; el conflicto separatista de la etnia tamil en Sri Lanka; la lucha entre musulmanes y no musulmanes en Sudán; entre muchos otros.
La situación de Irak no escapa a esa realidad. El territorio que ahora constituye dicho país formaba parte del Imperio Otomano hasta la caída de este último tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Un acuerdo entre las mayores potencias coloniales de ese entonces, Francia y Gran Bretaña, decidieron la conformación territorial de los países del Medio Oriente. Irak fue constituido sobre la base del territorio de la antigua Mesopotamia y pasó entonces a ser un protectorado de Gran Bretaña -gracias a la anuencia de la recién creada Sociedad de Naciones- debido a la supuesta misión “civilizadora” que tenía que cumplir este el país británico en dicho territorio.
Posteriormente, Irak accedió a la independencia y se constituyó como un Estado, pero no en base a un acuerdo libre y voluntario de los distintas colectividades que formaban su sociedad -entre las cuales, las más representativas son los árabes chiítas, los árabes sunitas, y los kurdos- para coexistir juntos, sino en base a un orden territorial previamente establecido e impuesto por las potencias coloniales. Los distintos gobiernos que se han sucedido desde entonces hasta la invasión norteamericana en el año 2003, apelaron casi siempre a métodos autoritarios y represivos sobre todo para imponer a una minoría como los sunitas sobre los otros dos grupos étnicos fundamentales, los chiítas y los kurdos. Actualmente, tras el pretendido establecimiento de un régimen de democracia en el país sostenido por la ocupación de las tropas norteamericanas e inglesas, se pueden visualizar claramente los problemas que conlleva el establecimiento de un Estado viable cuando existen tantos grupos con intereses marcadamente diferenciados. A ello habría que añadir el importante papel de la religión en la adopción de dogmas incuestionables, todo lo cual genera un difícil obstáculo en el establecimiento de acuerdos llevados por consenso.
El problema estructural de Irak, visto desde esta perspectiva, es un caso que se ha repetido en muchos de los nuevos Estados que alguna vez fueron colonias. Parafraseando a Rousseau en su teoría del contrato social, cualquier organización política para ser viable debe surgir a través de un pacto libre y voluntario de los individuos que lo conforman, no a través de una imposición externa basada en intereses económicos o políticos. La democracia y el consenso para vivir juntos no se llevan en la punta de los fusiles. Tal vez ahora el gobierno de Estados Unidos pueda comprender mejor por qué su política en Irak lo llevará a un fracaso irremediable.
[1] El chiísmo y el sunismo son las dos principales corrientes del Islam, siendo los sunitas los que representan a la mayoría de la población musulmana. Sin embargo, en países tales como Irak o Irán, la mayoría es población chiíta.
[2] KRASNER, Stephen. Soberanía, hipocresía organizada .Buenos Aires: Editorial Paidós. 2001
Existen diversos puntos de vista que intentan dar una explicación a lo que está ocurriendo actualmente en Irak, en relación al conflicto sectorial entre árabes chiítas y árabes sunitas[1] que día a día cobra la vida de innumerables personas. Algunos sitúan las causas de tal conflicto en fenómenos coyunturales, como la invasión norteamericana; otros atribuyen estos hechos al pasado régimen represivo del sunita Saddam Hussein, el cual habría sido el caldo de cultivo de las actuales luchas sectarias. Sin embargo, en países como Irak, los cuales han sido objeto de dominación colonial, los conflictos suelen relacionarse con fenómenos más estructurales, que deben ubicarse en el mismo surgimiento del Estado. Este ha sido un principio elemental ignorado por el conservadurismo estadounidense.
La liquidación del colonialismo fue uno de los fenómenos a nivel global más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Cuando se creó el organismo de las Naciones Unidas en 1945, 750 millones de personas -casi una tercera parte de la población del mundo- vivían en territorios no autónomos, dependientes de potencias coloniales. En la actualidad, menos de dos millones de personas viven en esos territorios[2].
Sin embargo, debido a que la conformación territorial de los Estados surgidos de la descolonización fue realizada en base a los intereses económicos y políticos de las potencias coloniales -sin tomar en cuenta la composición étnica o las afinidades culturales de dichos pueblos-, los nuevos Estados han tenido que respetar la intangibilidad e inviolabilidad de las fronteras en base al principio de conservación de la integridad territorial del Estado, aún en perjuicio en muchos casos de la unidad de sus pueblos. Esta situación ha significado que, los nuevos Estados han tenido que afrontar numerosos problemas internos por su incapacidad para asimilar e integrar en condiciones de igualdad a las distintas colectividades o grupos étnicos que pueblan sus territorios. Guerras civiles, violencia crónica, enfrentamientos entre etnias, inestabilidad política, han sido las constantes en muchas de estas nuevas agrupaciones políticas. Existen muchos ejemplos ilustrativos al respecto: la guerra en los Balcanes; el conflicto separatista de la etnia tamil en Sri Lanka; la lucha entre musulmanes y no musulmanes en Sudán; entre muchos otros.
La situación de Irak no escapa a esa realidad. El territorio que ahora constituye dicho país formaba parte del Imperio Otomano hasta la caída de este último tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Un acuerdo entre las mayores potencias coloniales de ese entonces, Francia y Gran Bretaña, decidieron la conformación territorial de los países del Medio Oriente. Irak fue constituido sobre la base del territorio de la antigua Mesopotamia y pasó entonces a ser un protectorado de Gran Bretaña -gracias a la anuencia de la recién creada Sociedad de Naciones- debido a la supuesta misión “civilizadora” que tenía que cumplir este el país británico en dicho territorio.
Posteriormente, Irak accedió a la independencia y se constituyó como un Estado, pero no en base a un acuerdo libre y voluntario de los distintas colectividades que formaban su sociedad -entre las cuales, las más representativas son los árabes chiítas, los árabes sunitas, y los kurdos- para coexistir juntos, sino en base a un orden territorial previamente establecido e impuesto por las potencias coloniales. Los distintos gobiernos que se han sucedido desde entonces hasta la invasión norteamericana en el año 2003, apelaron casi siempre a métodos autoritarios y represivos sobre todo para imponer a una minoría como los sunitas sobre los otros dos grupos étnicos fundamentales, los chiítas y los kurdos. Actualmente, tras el pretendido establecimiento de un régimen de democracia en el país sostenido por la ocupación de las tropas norteamericanas e inglesas, se pueden visualizar claramente los problemas que conlleva el establecimiento de un Estado viable cuando existen tantos grupos con intereses marcadamente diferenciados. A ello habría que añadir el importante papel de la religión en la adopción de dogmas incuestionables, todo lo cual genera un difícil obstáculo en el establecimiento de acuerdos llevados por consenso.
El problema estructural de Irak, visto desde esta perspectiva, es un caso que se ha repetido en muchos de los nuevos Estados que alguna vez fueron colonias. Parafraseando a Rousseau en su teoría del contrato social, cualquier organización política para ser viable debe surgir a través de un pacto libre y voluntario de los individuos que lo conforman, no a través de una imposición externa basada en intereses económicos o políticos. La democracia y el consenso para vivir juntos no se llevan en la punta de los fusiles. Tal vez ahora el gobierno de Estados Unidos pueda comprender mejor por qué su política en Irak lo llevará a un fracaso irremediable.
[1] El chiísmo y el sunismo son las dos principales corrientes del Islam, siendo los sunitas los que representan a la mayoría de la población musulmana. Sin embargo, en países tales como Irak o Irán, la mayoría es población chiíta.
[2] KRASNER, Stephen. Soberanía, hipocresía organizada .Buenos Aires: Editorial Paidós. 2001
Algunos apuntes sobre la Reforma Judicial
Por: Iván González Delgado
Mucho se habla y se escribe acerca de la Reforma del Poder Judicial desde distintos ángulos, no obstante, quiero manifestar en este artículo unos apuntes desde una perspectiva personal.
Ya en el gobierno de Alberto Fujimori, se inició la tan mentada Reforma Judicial, que más que una verdadera y conciente intención de llevarla a cabo, fue un acto de demagogia y empañamiento para lo que se pretendía hacer con el Poder Judicial, y todo ello porque el Poder Ejecutivo (por no decir Fujimori) lo tuvo subyugado para realizar sus cometidos. Como consecuencia resultó un enorme fracaso.
Posterior a este cínico intento fujimorista, se inició otra etapa con la llegada del gobierno de transición democrática de Valentín Paniagua, período que tiene como finalidad primordial limpiar, fumigar y desmantelar el sistema y organización judicial, montados durante la dictadura fujimorista. Se puede decir que el cometido llegó a cumplirse en gran parte, pues con un Poder Judicial evacuado de gran número de “roedores” magistrados, comenzaron los procesos en contra de políticos y funcionarios al servicio de aquella autocracia; situación percibida con beneplácito por gran parte de la opinión pública, pues sin ser un Poder Judicial cuya cualidad principal haya sido la probidad y eficiencia, se le comparó con el de la época dictatorial de los años 90.
¿Qué pasó en el gobierno de Alejandro Toledo?. A lo largo de su gobierno, Toledo, anunció medidas que sean acordes con el Acuerdo Nacional, asimismo hizo un llamado para llevar a cabo, la urgente reforma del Poder Judicial, pues como él mismo decía esta área “no puede esperar ni un minuto más”. Sin embargo, para el mismo Toledo, no se advertía ningún avance de fondo y resultaba impostergable que el Estado y la sociedad impulsen la tarea de reformar la administración de justicia.
Quizá las medidas más importantes en el gobierno de Toledo, fueron: a) Se exoneró de aranceles judiciales a los 535 distritos más pobres del país; b) Se eliminó la obligatoriedad de un abogado en los juicios de alimentos; c) Se dispuso retomar las elecciones populares de los Jueces de Paz, sin embargo esta norma aún no ha sido reglamentada por el Poder Judicial; d) La Ley 27908 reconoció la labor de las rondas campesinas para resolver conflictos, pero no para administrar justicia[1]; e) Se creó La CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) en octubre del 2003 con la participación de sector justicia, del Congreso y de la sociedad civil.
En este período gubernamental también se apreció cuán influenciable puede ser el Poder Judicial, por un lado la sentencia por el caso Utopía y por otro, el caso Mesa Redonda, ¿acaso esto no fue percibido por la ciudadanía como influencia económica en el Poder Judicial?. Otro proceso saltante que viene a mi memoria, fue la tan controvertida sentencia en contra del sobrino del ex presidente Toledo por el delito de violación sexual, proceso en el cual no hubo orden de detención, la sentencia no ameritó prisión efectiva y la Fiscalía no apeló la sentencia. No cabe duda que hubo influencia política.
A pesar de que el gobierno de Toledo fue tan criticado, por el actual, los apristas empezaron su gobierno, lidiando con un hecho que fue la noticia principal de la primera semana de Setiembre, Eduardo Palacios Villar, vocal provisional de la Corte Suprema fue filmado en el momento que recibía dinero de un ex policía que litigaba por su restitución. El escándalo desató reacciones en todas partes, el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, se reunió junto a los otros vocales supremos, con el presidente García, y el Poder Judicial se declaró en reestructuración.
Así, entre las medidas acordadas, se llevó a cabo la reformulación de las recomendaciones de la (CERIAJUS). A pesar de ello, las diversas propuestas que planteó la CERIAJUS no han sido implementadas.
Por otro lado la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (PAP), ha manifestado la necesidad de priorizar las iniciativas legislativas destinadas a la reforma de la justicia, sobre todo aquella relativa a la ley de la carrera judicial. La esencia es poner los méritos por encima de los años de servicio. Asimismo, se ventila la discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se ha creado un Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema Nacional de Administración de Justicia (GTAN), el cual estructurará un Plan Estratégico de Modernización de la Justicia.
Discúlpenme, pero a pesar de estos visos de intentar un verdadero cambio, actualmente no se ha producido ninguno sustancial rumbo a una real reforma en el Poder Judicial, y soy pesimista de que suceda el cambio esperado, pues por el contrario, subsisten la gran mayoría de los problemas diagnosticados desde que se inicio el intento de reforma en 1995, así tenemos, la lentitud en la tramitación de los procesos, personal poco capacitado e ineficiente, sobrecarga de expedientes, gran cantidad de presos sin condenas (que produce hacinamiento en las cárceles), infraestructura inadecuada, falta de probidad en los principales auxiliares jurisdiccionales, corrupción en gran porcentaje, injerencia económica y política, como consecuencia de esto, la injusticia a borbotones. Se detectan los problemas pequeños, sin embargo el núcleo, el origen de todo, es la carencia de independencia en los Poderes del Estado, la manipulación de sentencias y la presión política, en suma, la falta de autonomía del Poder Judicial.
Es el propio gobierno el que no muestra intentos de una verdadera reforma política y judicial que nos permita encausar la economía hacia un panorama de desarrollo y estabilidad; pues esto se opone a su estrategia de no cambiar en la realidad el poder supremo que se tiene sobre los otros poderes del Estado
En los últimos años se habla de globalización y de inversión privada, pero cómo se puede tener confianza y seguridad en un país donde existe un Poder Judicial repudiable, que no respalda la estabilidad jurídica de cuán inversionista mira al Perú como un país con perspectivas de crecimiento económico, y con índices económicos que respaldan las tan anheladas y esperanzadoras inversiones privadas.
[1] ARDITO VEGA, Wilfredo. La Insignia. Perú, 2006.
Mucho se habla y se escribe acerca de la Reforma del Poder Judicial desde distintos ángulos, no obstante, quiero manifestar en este artículo unos apuntes desde una perspectiva personal.
Ya en el gobierno de Alberto Fujimori, se inició la tan mentada Reforma Judicial, que más que una verdadera y conciente intención de llevarla a cabo, fue un acto de demagogia y empañamiento para lo que se pretendía hacer con el Poder Judicial, y todo ello porque el Poder Ejecutivo (por no decir Fujimori) lo tuvo subyugado para realizar sus cometidos. Como consecuencia resultó un enorme fracaso.
Posterior a este cínico intento fujimorista, se inició otra etapa con la llegada del gobierno de transición democrática de Valentín Paniagua, período que tiene como finalidad primordial limpiar, fumigar y desmantelar el sistema y organización judicial, montados durante la dictadura fujimorista. Se puede decir que el cometido llegó a cumplirse en gran parte, pues con un Poder Judicial evacuado de gran número de “roedores” magistrados, comenzaron los procesos en contra de políticos y funcionarios al servicio de aquella autocracia; situación percibida con beneplácito por gran parte de la opinión pública, pues sin ser un Poder Judicial cuya cualidad principal haya sido la probidad y eficiencia, se le comparó con el de la época dictatorial de los años 90.
¿Qué pasó en el gobierno de Alejandro Toledo?. A lo largo de su gobierno, Toledo, anunció medidas que sean acordes con el Acuerdo Nacional, asimismo hizo un llamado para llevar a cabo, la urgente reforma del Poder Judicial, pues como él mismo decía esta área “no puede esperar ni un minuto más”. Sin embargo, para el mismo Toledo, no se advertía ningún avance de fondo y resultaba impostergable que el Estado y la sociedad impulsen la tarea de reformar la administración de justicia.
Quizá las medidas más importantes en el gobierno de Toledo, fueron: a) Se exoneró de aranceles judiciales a los 535 distritos más pobres del país; b) Se eliminó la obligatoriedad de un abogado en los juicios de alimentos; c) Se dispuso retomar las elecciones populares de los Jueces de Paz, sin embargo esta norma aún no ha sido reglamentada por el Poder Judicial; d) La Ley 27908 reconoció la labor de las rondas campesinas para resolver conflictos, pero no para administrar justicia[1]; e) Se creó La CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) en octubre del 2003 con la participación de sector justicia, del Congreso y de la sociedad civil.
En este período gubernamental también se apreció cuán influenciable puede ser el Poder Judicial, por un lado la sentencia por el caso Utopía y por otro, el caso Mesa Redonda, ¿acaso esto no fue percibido por la ciudadanía como influencia económica en el Poder Judicial?. Otro proceso saltante que viene a mi memoria, fue la tan controvertida sentencia en contra del sobrino del ex presidente Toledo por el delito de violación sexual, proceso en el cual no hubo orden de detención, la sentencia no ameritó prisión efectiva y la Fiscalía no apeló la sentencia. No cabe duda que hubo influencia política.
A pesar de que el gobierno de Toledo fue tan criticado, por el actual, los apristas empezaron su gobierno, lidiando con un hecho que fue la noticia principal de la primera semana de Setiembre, Eduardo Palacios Villar, vocal provisional de la Corte Suprema fue filmado en el momento que recibía dinero de un ex policía que litigaba por su restitución. El escándalo desató reacciones en todas partes, el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, se reunió junto a los otros vocales supremos, con el presidente García, y el Poder Judicial se declaró en reestructuración.
Así, entre las medidas acordadas, se llevó a cabo la reformulación de las recomendaciones de la (CERIAJUS). A pesar de ello, las diversas propuestas que planteó la CERIAJUS no han sido implementadas.
Por otro lado la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (PAP), ha manifestado la necesidad de priorizar las iniciativas legislativas destinadas a la reforma de la justicia, sobre todo aquella relativa a la ley de la carrera judicial. La esencia es poner los méritos por encima de los años de servicio. Asimismo, se ventila la discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se ha creado un Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema Nacional de Administración de Justicia (GTAN), el cual estructurará un Plan Estratégico de Modernización de la Justicia.
Discúlpenme, pero a pesar de estos visos de intentar un verdadero cambio, actualmente no se ha producido ninguno sustancial rumbo a una real reforma en el Poder Judicial, y soy pesimista de que suceda el cambio esperado, pues por el contrario, subsisten la gran mayoría de los problemas diagnosticados desde que se inicio el intento de reforma en 1995, así tenemos, la lentitud en la tramitación de los procesos, personal poco capacitado e ineficiente, sobrecarga de expedientes, gran cantidad de presos sin condenas (que produce hacinamiento en las cárceles), infraestructura inadecuada, falta de probidad en los principales auxiliares jurisdiccionales, corrupción en gran porcentaje, injerencia económica y política, como consecuencia de esto, la injusticia a borbotones. Se detectan los problemas pequeños, sin embargo el núcleo, el origen de todo, es la carencia de independencia en los Poderes del Estado, la manipulación de sentencias y la presión política, en suma, la falta de autonomía del Poder Judicial.
Es el propio gobierno el que no muestra intentos de una verdadera reforma política y judicial que nos permita encausar la economía hacia un panorama de desarrollo y estabilidad; pues esto se opone a su estrategia de no cambiar en la realidad el poder supremo que se tiene sobre los otros poderes del Estado
En los últimos años se habla de globalización y de inversión privada, pero cómo se puede tener confianza y seguridad en un país donde existe un Poder Judicial repudiable, que no respalda la estabilidad jurídica de cuán inversionista mira al Perú como un país con perspectivas de crecimiento económico, y con índices económicos que respaldan las tan anheladas y esperanzadoras inversiones privadas.
[1] ARDITO VEGA, Wilfredo. La Insignia. Perú, 2006.
Del Castillo vs. Alva Castro: ¿1er. Round?
Por: Rafael González Delgado
¿Qué está sucediendo al interior del partido de gobierno?
La discrepancia surgida entre el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el Ministro del Interior, Luis Alva Castro, en las últimas semanas, ocasionada por las irregularidades en la compra de 469 camionetas a la Empresa Gildemeister ha dejado grietas en el interior del gabinete.
De este impase quien salió mal parado fue el premier quien se manifestó a favor de la renegociación con la citada empresa. Por su parte, el entrante Ministro del Interior se impuso esta vez logrando que se rescindiera el contrato y como consecuencia se declare nula la irregular compra, con el aval del Presidente de la República, quien exigió que se haga cuanto antes una nueva licitación destinada a adquirir patrulleros para la Policía Nacional, sin perder la oportunidad, nuevamente, de aparecer como el mediador en un conflicto surgido al interior del gobierno
Pero éste no sería el primer enfrentamiento entre los mencionados personajes, fuentes del interior del partido manifiestan que el distanciamiento entre ellos surge cuando ambos fueron candidatos a la Secretaria General de su partido en el año 1999, elecciones internas en las que el actual Premier ganó ampliamente a su contendor, lo que lo llevó a consolidar su liderazgo dentro del partido del pueblo, y convertirse en el brazo derecho y escudero del actual presidente, a diferencia de Luis Alva Castro, con quien García mantuvo una larga disputa llegando a su punto más crítico en el año 87 cuando el primero renunció a la cartera de economía y finanzas en el primer gobierno aprista.
Tan tensas fueron las disputas que inclusive García no apoyo la candidatura a la presidencia, de Alva Castro en 1990. A pesar de ello Alva saco cerca del 20%, en circunstancias en las que el partido aprista atravesaba una seria crisis, luego del desastroso (primer) gobierno de García. Es por eso que dentro de las huestes apristas ven a Alva como un personaje con una gran trayectoria partidaria y peso político al igual que Del castillo.
Lo que lograría García con la designación de Alva Castro al frente de la cartera del interior seria un contrapeso para Del Castillo de buen desempeño en el cargo de Primer Ministro, así como el copamiento partidario, ya que con Alva serian seis de quince los ministros apristas dentro del actual gabinete.
¿Qué está sucediendo al interior del partido de gobierno?
La discrepancia surgida entre el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el Ministro del Interior, Luis Alva Castro, en las últimas semanas, ocasionada por las irregularidades en la compra de 469 camionetas a la Empresa Gildemeister ha dejado grietas en el interior del gabinete.
De este impase quien salió mal parado fue el premier quien se manifestó a favor de la renegociación con la citada empresa. Por su parte, el entrante Ministro del Interior se impuso esta vez logrando que se rescindiera el contrato y como consecuencia se declare nula la irregular compra, con el aval del Presidente de la República, quien exigió que se haga cuanto antes una nueva licitación destinada a adquirir patrulleros para la Policía Nacional, sin perder la oportunidad, nuevamente, de aparecer como el mediador en un conflicto surgido al interior del gobierno
Pero éste no sería el primer enfrentamiento entre los mencionados personajes, fuentes del interior del partido manifiestan que el distanciamiento entre ellos surge cuando ambos fueron candidatos a la Secretaria General de su partido en el año 1999, elecciones internas en las que el actual Premier ganó ampliamente a su contendor, lo que lo llevó a consolidar su liderazgo dentro del partido del pueblo, y convertirse en el brazo derecho y escudero del actual presidente, a diferencia de Luis Alva Castro, con quien García mantuvo una larga disputa llegando a su punto más crítico en el año 87 cuando el primero renunció a la cartera de economía y finanzas en el primer gobierno aprista.
Tan tensas fueron las disputas que inclusive García no apoyo la candidatura a la presidencia, de Alva Castro en 1990. A pesar de ello Alva saco cerca del 20%, en circunstancias en las que el partido aprista atravesaba una seria crisis, luego del desastroso (primer) gobierno de García. Es por eso que dentro de las huestes apristas ven a Alva como un personaje con una gran trayectoria partidaria y peso político al igual que Del castillo.
Lo que lograría García con la designación de Alva Castro al frente de la cartera del interior seria un contrapeso para Del Castillo de buen desempeño en el cargo de Primer Ministro, así como el copamiento partidario, ya que con Alva serian seis de quince los ministros apristas dentro del actual gabinete.
jueves, 1 de marzo de 2007
Hacia un posible TLC con China: Un Análisis FODA para el Perú
Por : Mauricio Hilbck Ríos
Hace algunas semanas el presidente Alan García anunció que mediante una carta el Gobierno chino aceptó el inicio de las negociaciones y el estudio de factibilidad hacia un posible Tratado Comercial. Asimismo, la ministra de Comercio Exterior explicó que, después de la visita a China que el presidente Alan García realizará en el segundo semestre de este año, los equipos técnicos de ambos países se reunirán entre marzo y abril para evaluar el estudio de factibilidad conjunta a discutirse dentro de la futura negociación de un acuerdo comercial entre ambos países. Al parecer el objetivo es que, al final de la próxima Cumbre del APEC, que se llevará a cabo en nuestro país en noviembre del 2008, se logré la firma de un documento concreto por parte del presidente chino Hu Jintao. La posibilidad de un acuerdo comercial con China tiene varias aristas y debe analizarse con sumo cuidado. De esta manera, el propósito del siguiente artículo es evaluar los distintos puntos favorables y desfavorables de dicho tratado mediante un análisis FODA, es decir, describir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Perú frente a un tratado comercial con un país de las características de dicho gigante asiático, con el fin de determinar algunas de las ventajas competitivas de nuestro país[1] y tratar de esbozar de manera general la estrategia a seguir por nuestro país frente a este posible tratado comercial
Fortalezas
Ø Contexto macroeconómico estable con un crecimiento económico sostenido durante los últimos años. De esta manera, el crecimiento del PBI para el período 2005-2006 fue de 8.03%, el más alto en los últimos 11 años, con una inflación controlada y crecimiento sostenido de la Población Económicamente Activa (PEA).
Ø La estabilidad macroeconómica y estabilidad política genera una mayor confianza en los inversionistas extranjeros lo que incrementa los niveles de inversión, reduce el riesgo país y nos pone a un escalón del “grado de inversión”.
Ø Crecimiento sostenido de las exportaciones. Así, en el año 2006 las exportaciones totales acumularon 8 años de crecimiento sostenido al expandirse en 35.6% (el segundo mayor crecimiento del período), situándose en US$ 23,430.7 Millones. Lo destacable de este crecimiento es la expansión de las exportaciones de productos no tradicionales las cuales se expandieron, durante el 2006, en 22.9%.
Ø De los 172 mercados de destino China es, actualmente, nuestro segundo país de destino concentrando el 9.7% de nuestras exportaciones y con el cual se mantiene un superávit comercial de US$ 682 Millones durante el 2006. Asimismo, durante el 2006, se incrementó en 72 el número de empresas exportadoras. Cabe anotar que, según el MINCETUR, se calcula que son 60 los productos con potencial para incrementar sus exportaciones a China[2]. Al respecto, es rescatable la experiencia positiva con las exportaciones de la Uva Red Globe hacia China y el potencial que tendrían nuestros productos de agro exportación para insertarse en el mercado chino.
Ø El Perú ha logrado la firma de un acuerdo marco sobre temas fitosanitarios que permitirá en el mediano plazo la introducción de frutas y cítricos al mercado Chino.
Oportunidades
Ø China cuenta con una población de 1,300 millones de habitantes, de los cuales unos 400 millones están insertos en la economía de mercado dado que se encuentran en el sector urbano. Esta situación resalta la gran masa de potenciales consumidores que tendría nuestros productos de exportación.
Ø La posibilidad de que, luego de negociar las partidas involucradas, nuestros productos ingresen al mercado chino libres de aranceles[3] dando mayor competitividad a los mismos frente a ciertos productos chilenos que ya cuentan con esta facilidad.
Ø Al tener un plan nacional de exportación, debemos establecer una estrategia clara para encontrar “nichos” de mercado en China que permitan la expansión de nuestras exportaciones no tradicionales y de mayor valor agregado. Al respecto, el dinamismo de la industria agropecuaria nacional nos provee de una oportunidad magnífica para encontrar mercados potenciales. Igualmente el boom gastronómico peruano y nuestros excelentes productos marinos podrían convertirse en potenciales productos de exportación.
Ø A pesar, de la dificultad del idioma, las tecnologías de información actuales permiten una comunicación fluida mediante el uso del Internet. De esta manera, las posibilidades de concretar negocios comerciales mediante el uso de plataformas de e-commerce (comercio electrónico) permiten una mayor eficiencia en el proceso de exportación.
Ø La Inversión extranjera directa de China en el Perú se ha estancado desde hace, aproximadamente, 10 años en US$ 122 millones principalmente en proyectos mineros. La posibilidad de un acuerdo comercial y la actual percepción positiva de riesgo del Perú, podría atraer más inversionistas chinos interesados en diversos proyectos de inversión tanto en lo que respecta a infraestructura como en proyectos productivos que ayudarían a cerrar la brecha en infraestructura actual y crearían mayores puestos de trabajo de calidad.
Ø La entrada de productos chinos baratos podría beneficiar al consumidor debido a la diversidad de productos desde indumentaria, calzado y juguetes que ingresan a nuestro mercado. Incluso, esta situación podría generar los incentivos necesarios para que los productores peruanos se modernicen y desarrollen procesos más eficientes, compitiendo por calidad y no por cantidad.
Ø Se calcula que el PBI se incrementaría en 1.8% y que el empleo crecería en 1.4% en relación con el PBI con la firma de un TLC con China.
Ø Se aprovecharía una mayor cantidad de bienes de capital importados y un mayor acceso a tecnología relativamente barata que permitirían un mayor dinamismo del sector industrial y, en general, de diferentes proyectos de inversión.
Ø Se podría establecer al Perú como destino turístico oficial de la nueva clase media y alta china.
Debilidades
Ø El idioma podría convertirse en un obstáculo puesto que a pesar que no es necesario hablar el mandarín, los empresarios tendrían que al menos aprender algo del idioma inglés (se suele contar con un traductor) para no perder oportunidades de negocio. Incluso, es necesario conocer la cultura china para tener facilidades en el acceso a empresarios chinos.
Ø El Perú se caracteriza por no tener una cultura empresarial con visión de largo plazo y trabajo en conjunto (formación de cadenas productivas, por ejemplo).
Ø Aun no se establece de manera efectiva la marca Perú, debido a que el presupuesto destinado al trabajo de la embajada en China es bajo en comparación con nuestros pares chilenos[4].
Ø No contamos con un sector industrial moderno y dinámico frente a las grandes economías de escala (debido a su volumen de producción) y la mano de obra barata con la que cuenta la industria china.
Amenazas
Ø El sector textil y calzado serían los sectores más perjudicados luego de un acuerdo comercial con china debido a las características de su industria (economías de escala y mano de obra barata). El efecto negativo deberá ser tratado, primero, mediante un análisis de costo-beneficio de dicho tratado y una negociación gradual de las partidas más sensibles o incluso excluirlas tal y como lo hizo Chile durante su proceso de negociación.
Ø El poder de negociación peruano frente al grupo técnico chino puede ser menor y determinar más costos que beneficios de un tratado de esta magnitud.
Ø Una negociación de corto plazo puede ser perjudicial debido a que, nuevamente el apuro del Gobierno por tener los documentos firmados rápidamente, puede obstaculizar una labor eficiente en las próximas negociaciones con China que deben hacerse gradualmente midiendo los efectos negativos sobre las partidas más sensibles.
Ø Aunque el Perú no toma una posición definitiva frente a declarar o no a China como una economía de libre mercado, el gobierno Chino declaró que nuestro país ya la había aceptado como tal después del último viaje del ex presidente Toledo a dicho país. Esta situación podría traernos problemas en el plano político internacional debido a las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos y comercio desleal (subsidios) en dicho país, y en el plano económico debido a que esta declaratoria nos impediría aplicar medidas antidumping y salvaguardias para proteger a las industrias más afectadas con el mayor flujo comercial con el gigante asiático.
En general, se observa que las fortalezas que actualmente tiene la economía peruana permitirían aprovechar mejor las oportunidades derivadas de un acuerdo comercial con China. No obstante, necesitamos un estudio técnico independiente, un estudio de factibilidad que tome en cuenta todos los puntos relevantes y una negociación inteligente que permita reducir los efectos negativos que tiene todo acuerdo de esta naturaleza.
[1] Tomando en cuenta, por ejemplo, que Chile, país con el que competimos en varios campos ya ha firmado un acuerdo comercial con China.
[2] Fuente: Suplemento DIA 1, El Comercio, 26 de febrero del 2007.
[3] Actualmente se paga el 16% por este concepto.
[4] El Perú destina US$ 3 millones mientras que Chile destina US$ 50 millones en sus relaciones con China. Fuente: Suplemento DIA 1, El Comercio, 26 de febrero del 2007.
Los riesgos de una acción insensata
Por: Leonidas Wiener Ramos
[1] La “yihad” significa “guerra santa” en el Islam. Muchos tienden a asociar el islamismo como una religión que pregona la violencia, pero es necesario recordar que la “yihad” se emplea sólo en caso de una agresión externa, en tal sentido, es una guerra defensiva.
La decisión de Corea del Norte de detener su programa nuclear, como resultado de las conversaciones multilaterales encabezadas por Estados Unidos, ha significado un punto positivo en la política exterior de este último. Por un lado, se ha cumplido el objetivo de lograr el desarme nuclear norcoreano a través de las vías diplomáticas, a pesar de las concesiones económicas brindadas al gobierno de Pyongyang, y aunque no se garantice plenamente el cumplimiento de los acuerdos. Por otro lado, le permite a Estados Unidos cerrar un frente de potencial amenaza, y concentrar sus acciones en otro de los miembros del “eje del mal”, el régimen teocrático iraní.
El gobierno iraní se ha venido manifestando reiteradas veces en contra de detener su programa de enriquecimiento de uranio, señalando como pretexto que sus planes tienen fines pacíficos. Fuera de cualquier especulación sobre las reales intenciones del régimen de Teherán, lo cierto es que actualmente Estados Unidos viene volcando todos sus esfuerzos diplomáticos para detener el desarrollo nuclear iraní. Si se analizan las últimas declaraciones de los funcionarios del gobierno de Teherán, parece poco probable que los objetivos estadounidenses puedan cumplirse, al menos en un corto plazo.
En tal sentido, suponiendo un escenario donde las vías diplomáticas han fracasado y la intervención militar es el siguiente paso: ¿cabe esperar una acción de este tipo por parte del gobierno de los Estados Unidos?. Lo razonable sería que no, aunque las acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno de Bush disten de serlo. Sin embargo, en este momento existen sobradas razones que juegan en contra de una eventual decisión estadounidense de efectuar una intervención militar, tanto en el ámbito interno como en el externo.
En el ámbito interno, la victoria de los demócratas en las últimas elecciones parlamentarias ha evidenciado la creciente insatisfacción del pueblo estadounidense con las políticas del gobierno de Bush, sobretodo en lo referente a la guerra en Irak. Actualmente, ante el aumento de la violencia sectaria en dicho país, el gobierno estadounidense tiene planeado aumentar su contingente militar destacado, así como ampliar su presupuesto de defensa. Los legisladores demócratas, que cuentan con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ya han manifestado su oposición a estas políticas, y probablemente puedan entorpecer los planes de Bush en lo referente a la ampliación del presupuesto militar.
Asimismo, el próximo año se celebrarán las elecciones presidenciales, las cuales, a juzgar por las tendencias, podrían colocar a un demócrata en el poder. De cumplirse estas predicciones, y en caso de que la actual administración Bush decidiera emprender una acción militar contra Irán, un eventual gobernante demócrata no tendría mayor opción que la de detener el ataque bélico y retornar a las vías diplomáticas. Encuestas recientes señalan que la mayoría de estadounidenses desaprueba continuar con la guerra en Irak, por lo que resulta predecible imaginar el escenario de oposición interna que se desataría ante cualquier otra acción militar, sobretodo en un país con un sistema democrático como el de los Estados Unidos. De igual manera, sería totalmente irresponsable por parte del gobierno de Bush dejar el cargo a su sucesor con la obligación de afrontar otra guerra, si asumimos que la guerra en Irak se va a prolongar más allá del 2008, tal como parece.
En el ámbito externo, se advierte claramente que la política exterior estadounidense ha perdido legitimidad y apoyo. Las violaciones a los derechos humanos de personas acusadas por terrorismo por parte de los agentes estadounidenses, han merecido el rechazo y la condena de numerosos países. El Parlamento Europeo ha reprobado este tipo de prácticas clandestinas - basadas en el secuestro y tortura de los presuntos terroristas, y en muchos casos sin basarse en pruebas fehacientes- porque muchos de estos secuestros se han realizado en tierras europeas, gracias a los privilegios que posee la CIA para desplegar una red de aeropuertos clandestinos en numerosas partes de Europa.
Por otro lado, la situación en Irak se viene deteriorando cada vez más, y difícilmente los norteamericanos puedan cumplir con su objetivo de “democratizar” el país, aunque se envíe mayor contingente militar, o se amplíe el presupuesto de guerra. Asimismo, muchos países miembros de la coalición, entre ellos el Reino Unido, vienen programando el retiro paulatino de sus tropas destacadas en Irak. Estados Unidos se viene quedando solo, y concebir que se produzca un nuevo “Vietnam” en Irak no sería para nada descabellado. En tal sentido, asumir una empresa como la de invadir Irán encontraría mucho menor apoyo internacional como el que hubo para invadir Irak, y si más bien, mayores y más fuertes opositores.
China y Rusia, ambos miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto (como los Estados Unidos), se han mostrado reacios a aplicar sanciones severas a Irán debido a los importantes intereses económicos que los dos países tienen en dicha región. Hay que agregar también, las últimas declaraciones de funcionarios rusos, entre ellos el presidente Putin, contra los Estados Unidos y sus pretensiones de instalar un sistema antimisiles en Polonia y República Checa, ambos ex-satélites de la otrora Unión Soviética. El intercambio de agrias declaraciones ha deteriorado las relaciones entre ambos países, y ha llevado a muchos analistas a considerar el escenario de una “nueva guerra fría”.
De tal manera que, una eventual decisión estadounidense de efectuar una acción militar en Irán, probablemente sería vetada por uno de estos dos países en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos no tendría ninguna otra opción más que pasar por encima de las Naciones Unidas, tal como lo hizo en la invasión a Irak, y verse aún más deslegitimado y aislado en sus pretensiones militaristas.
Por último, hay que señalar que un conflicto en Irán recrudecería aún más el inestable escenario político en Oriente Medio. La oposición y el descontento contra los Estados Unidos abrirían el camino a la formación y el fortalecimiento de organizaciones islámicas fundamentalistas, y legitimarían en mayor medida las acciones terroristas en contra del invasor norteamericano. Las llamadas a la “yihad”[1] no se harían esperar, y seguramente tendrían mayor eco entre la población musulmana. En suma, el terrorismo internacional se vería reforzado, y se podría entrar en una espiral de violencia de consecuencias catastróficas para el planeta.
Después de tomar en cuenta todos estos factores, ahora se puede comprender mejor porqué los funcionarios iraníes defienden con tanto ardor su programa nuclear, y parecen no importunarse demasiado por la constante presión internacional y el peligro de una agresión externa. Sin embargo, como sostuve previamente, la administración Bush ha dejado claro que la sensatez no es preponderante a la hora de tomar decisiones de trascendencia global. Lo único que se puede afirmar categóricamente es que, la violencia sólo generará más violencia.
El gobierno iraní se ha venido manifestando reiteradas veces en contra de detener su programa de enriquecimiento de uranio, señalando como pretexto que sus planes tienen fines pacíficos. Fuera de cualquier especulación sobre las reales intenciones del régimen de Teherán, lo cierto es que actualmente Estados Unidos viene volcando todos sus esfuerzos diplomáticos para detener el desarrollo nuclear iraní. Si se analizan las últimas declaraciones de los funcionarios del gobierno de Teherán, parece poco probable que los objetivos estadounidenses puedan cumplirse, al menos en un corto plazo.
En tal sentido, suponiendo un escenario donde las vías diplomáticas han fracasado y la intervención militar es el siguiente paso: ¿cabe esperar una acción de este tipo por parte del gobierno de los Estados Unidos?. Lo razonable sería que no, aunque las acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno de Bush disten de serlo. Sin embargo, en este momento existen sobradas razones que juegan en contra de una eventual decisión estadounidense de efectuar una intervención militar, tanto en el ámbito interno como en el externo.
En el ámbito interno, la victoria de los demócratas en las últimas elecciones parlamentarias ha evidenciado la creciente insatisfacción del pueblo estadounidense con las políticas del gobierno de Bush, sobretodo en lo referente a la guerra en Irak. Actualmente, ante el aumento de la violencia sectaria en dicho país, el gobierno estadounidense tiene planeado aumentar su contingente militar destacado, así como ampliar su presupuesto de defensa. Los legisladores demócratas, que cuentan con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ya han manifestado su oposición a estas políticas, y probablemente puedan entorpecer los planes de Bush en lo referente a la ampliación del presupuesto militar.
Asimismo, el próximo año se celebrarán las elecciones presidenciales, las cuales, a juzgar por las tendencias, podrían colocar a un demócrata en el poder. De cumplirse estas predicciones, y en caso de que la actual administración Bush decidiera emprender una acción militar contra Irán, un eventual gobernante demócrata no tendría mayor opción que la de detener el ataque bélico y retornar a las vías diplomáticas. Encuestas recientes señalan que la mayoría de estadounidenses desaprueba continuar con la guerra en Irak, por lo que resulta predecible imaginar el escenario de oposición interna que se desataría ante cualquier otra acción militar, sobretodo en un país con un sistema democrático como el de los Estados Unidos. De igual manera, sería totalmente irresponsable por parte del gobierno de Bush dejar el cargo a su sucesor con la obligación de afrontar otra guerra, si asumimos que la guerra en Irak se va a prolongar más allá del 2008, tal como parece.
En el ámbito externo, se advierte claramente que la política exterior estadounidense ha perdido legitimidad y apoyo. Las violaciones a los derechos humanos de personas acusadas por terrorismo por parte de los agentes estadounidenses, han merecido el rechazo y la condena de numerosos países. El Parlamento Europeo ha reprobado este tipo de prácticas clandestinas - basadas en el secuestro y tortura de los presuntos terroristas, y en muchos casos sin basarse en pruebas fehacientes- porque muchos de estos secuestros se han realizado en tierras europeas, gracias a los privilegios que posee la CIA para desplegar una red de aeropuertos clandestinos en numerosas partes de Europa.
Por otro lado, la situación en Irak se viene deteriorando cada vez más, y difícilmente los norteamericanos puedan cumplir con su objetivo de “democratizar” el país, aunque se envíe mayor contingente militar, o se amplíe el presupuesto de guerra. Asimismo, muchos países miembros de la coalición, entre ellos el Reino Unido, vienen programando el retiro paulatino de sus tropas destacadas en Irak. Estados Unidos se viene quedando solo, y concebir que se produzca un nuevo “Vietnam” en Irak no sería para nada descabellado. En tal sentido, asumir una empresa como la de invadir Irán encontraría mucho menor apoyo internacional como el que hubo para invadir Irak, y si más bien, mayores y más fuertes opositores.
China y Rusia, ambos miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto (como los Estados Unidos), se han mostrado reacios a aplicar sanciones severas a Irán debido a los importantes intereses económicos que los dos países tienen en dicha región. Hay que agregar también, las últimas declaraciones de funcionarios rusos, entre ellos el presidente Putin, contra los Estados Unidos y sus pretensiones de instalar un sistema antimisiles en Polonia y República Checa, ambos ex-satélites de la otrora Unión Soviética. El intercambio de agrias declaraciones ha deteriorado las relaciones entre ambos países, y ha llevado a muchos analistas a considerar el escenario de una “nueva guerra fría”.
De tal manera que, una eventual decisión estadounidense de efectuar una acción militar en Irán, probablemente sería vetada por uno de estos dos países en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos no tendría ninguna otra opción más que pasar por encima de las Naciones Unidas, tal como lo hizo en la invasión a Irak, y verse aún más deslegitimado y aislado en sus pretensiones militaristas.
Por último, hay que señalar que un conflicto en Irán recrudecería aún más el inestable escenario político en Oriente Medio. La oposición y el descontento contra los Estados Unidos abrirían el camino a la formación y el fortalecimiento de organizaciones islámicas fundamentalistas, y legitimarían en mayor medida las acciones terroristas en contra del invasor norteamericano. Las llamadas a la “yihad”[1] no se harían esperar, y seguramente tendrían mayor eco entre la población musulmana. En suma, el terrorismo internacional se vería reforzado, y se podría entrar en una espiral de violencia de consecuencias catastróficas para el planeta.
Después de tomar en cuenta todos estos factores, ahora se puede comprender mejor porqué los funcionarios iraníes defienden con tanto ardor su programa nuclear, y parecen no importunarse demasiado por la constante presión internacional y el peligro de una agresión externa. Sin embargo, como sostuve previamente, la administración Bush ha dejado claro que la sensatez no es preponderante a la hora de tomar decisiones de trascendencia global. Lo único que se puede afirmar categóricamente es que, la violencia sólo generará más violencia.
[1] La “yihad” significa “guerra santa” en el Islam. Muchos tienden a asociar el islamismo como una religión que pregona la violencia, pero es necesario recordar que la “yihad” se emplea sólo en caso de una agresión externa, en tal sentido, es una guerra defensiva.
jueves, 22 de febrero de 2007
¡Más Competencia, Más Trabajo!
Por: Gabriel González Delgado
La problemática laboral plantea, principalmente, dos planos de análisis, el primero es la generación misma de puestos de trabajo y todos los mecanismos para combatir el desempleo en la sociedad; el segundo plano está constituido por las políticas orientadas a garantizar que los puestos de trabajo no constituyan para los trabajadores una restricción a los derechos que la Constitución y la Ley le reconocen. Podríamos hablar, entonces, de cantidad y calidad de trabajo.
El discurso político en las últimas décadas ha tenido dentro de sus prioridades la generación de trabajo, aunque muy poco se ha escuchado sobre las condiciones del trabajo y sobre los derechos de los trabajadores, y es probable que ello se deba a que la creciente necesidad de empleo de los peruanos, les hace restarle importancia a la calidad de los trabajos ofrecidas, importándoles prioritariamente el tener la posibilidad de trabajar.
En el caso del gobierno anterior, Toledo centró su discurso en la generación de puestos de trabajo, y aunque la insatisfacción de la población es generalizada y plenamente justificada en ese sentido, se reconoce que a través de los programas “A Trabajar Urbano”, “Techo Propio”, “Mi Barrio”, etc, se creó un importante número de puestos de trabajo, sin que ello signifique, en lo más mínimo, una solución al terrible problema del desempleo.
Por su parte, el actual gobierno, ha apostado por reivindicar uno de los pilares del pensamiento de Haya de la Torre, que es la defensa de los derechos del proletariado, por lo que ha centrado su discurso, en materia laboral, en fomentar el respeto al derecho de los trabajadores. En este sentido, entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo inició una intensa campaña de inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, aumentando para tal efecto el número de inspectores, muy limitado anteriormente.
Frente a las actuaciones estatales destinadas a proteger los derechos laborales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y a establecer, adicionalmente, mecanismos legales de protección a los trabajadores, surgen las voces discordantes de los empresarios, quienes en su rol de empleadores, consideran que el gobierno les exige demasiados beneficios laborales para sus trabajadores, y sustentan su posición en la disminución de inversiones si es que el gobierno establece tantas restricciones en las relaciones laborales con sus empleados.
De lo anterior es posible apreciar que, como sucede casi siempre en política, este debate se ha polarizado, enfrentando a quienes promueven la protección del trabajador, a toda costa, considerando en su análisis tan solo los beneficios a corto plazo para el empleado, y quienes priorizan, ante todo, el crecimiento de la inversión privada, aunque ello signifique, en muchos casos, la afectación de derechos sociales reconocidos por la Constitución.
Por mi parte, considero que es loable toda medida del gobierno orientada a satisfacer los intereses de los individuos en la sociedad, ya sea generando empleo o mejorando las condiciones de éste. No obstante, debemos evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas pro operario, para poder determinar en que medida cumplen su objetivo y a qué costo. Es decir, es necesario preguntarse: ¿Bastan los instrumentos legales para garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores?, ¿Cuántas veces hemos sido testigos de infracciones laborales que no son identificadas por el Ministerio de Trabajo, a pesar de existir normas expresas al respecto?. Incluso, las entidades públicas en muchos casos, infringen el derecho a las 8 horas de trabajo y el derecho al pago de las horas extras, imitando los mecanismos de empresas privadas consistentes en pedirle al trabajador que marque su tarjeta de salida, y que luego regrese a trabajar, para poder “sacarle la vuelta” a la Ley. Como sucede siempre en el Perú, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y aún en los casos en los que los trabajadores intentan hacer valer sus derechos con los mecanismos que les otorga la Ley, la deficiencia de nuestro Poder Judicial, ofrece la posibilidad de que algunas empresas, a través de sus abogados, les planteen a los trabajadores una propuesta como ésta: “mas vas a gastar en el proceso judicial que va a durar muchísimo tiempo, así que mejor acepta lo que te damos en este momento.”
¿Porqué sucede lo anterior?, ¿Porqué muchos trabajadores aceptan, sin decir nada, condiciones de explotación, y el irrespeto a sus derechos laborales?. La respuesta es simple: la escasez de trabajo. Esta situación lleva a los empleados a aceptar cualquier trabajo y cualquier condición, por lo que cualquier ley laboral que pretenda modificarla no es necesariamente aplicable en la realidad, y ninguna actuación estatal en este solo sentido podrá lograr algo efectivo a favor de los trabajadores.
Por esta razón, considero que el punto central, en materia laboral, debería girar en torno a la generación de puestos de trabajo, pues al incrementarse la demanda de mano de obra, se reducirá la escasez de trabajo, y crecerá el valor de la mano de obra en el mercado laboral. Esta situación implica no solo un incremento en los sueldos sino en las condiciones laborales, porque ante una mayor demanda de la oferta laboral, éstos podrán optar entre las mejores opciones, obligando a los empleadores a mejorar sus condiciones de trabajo.
Ahora, el lector se preguntará ¿cómo generar empleo?. En mi apreciación, uno de los mecanismos es fomentar la competencia en aquellos mercados en los cuales se aprecie un excedente económico considerable, evitando la concentración económica en unos pocos proveedores de bienes y servicios. Esta competencia que se manifiesta en las relaciones de consumo, también se manifestará en el establecimiento de relaciones laborales porque las empresas competirán por los mejores profesionales, técnicos, obreros, etc., ofreciéndose, no solo más sino mejores, ofertas laborales.
En este sentido, sostengo que las medidas orientadas a reivindicar los derechos laborales deben estar acompañadas de mecanismos destinados a fomentar la competencia en el mercado, no solo a través de la actuación del Indecopi, que es la entidad encargada de reprimir las conductas anticompetitivas en el mercado, sino a través de políticas que impulsen la inversión privada en el país, y ello no significa como consideran algunos que el Estado deba inundar de beneficios a la empresa privada y permitirle absolutamente todo, sino que se deben redoblar esfuerzos por ofrecer un contexto político estable, una política económica totalmente definida, seguridad jurídica, etc. En suma, el Estado, antes que preocuparse por inundar la normativa laboral con dispositivos a favor de los trabajadores, debe preocuparse por “vender” a los inversionistas un ambiente de certidumbre, definición, claridad y seguridad.
El discurso político en las últimas décadas ha tenido dentro de sus prioridades la generación de trabajo, aunque muy poco se ha escuchado sobre las condiciones del trabajo y sobre los derechos de los trabajadores, y es probable que ello se deba a que la creciente necesidad de empleo de los peruanos, les hace restarle importancia a la calidad de los trabajos ofrecidas, importándoles prioritariamente el tener la posibilidad de trabajar.
En el caso del gobierno anterior, Toledo centró su discurso en la generación de puestos de trabajo, y aunque la insatisfacción de la población es generalizada y plenamente justificada en ese sentido, se reconoce que a través de los programas “A Trabajar Urbano”, “Techo Propio”, “Mi Barrio”, etc, se creó un importante número de puestos de trabajo, sin que ello signifique, en lo más mínimo, una solución al terrible problema del desempleo.
Por su parte, el actual gobierno, ha apostado por reivindicar uno de los pilares del pensamiento de Haya de la Torre, que es la defensa de los derechos del proletariado, por lo que ha centrado su discurso, en materia laboral, en fomentar el respeto al derecho de los trabajadores. En este sentido, entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo inició una intensa campaña de inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, aumentando para tal efecto el número de inspectores, muy limitado anteriormente.
Frente a las actuaciones estatales destinadas a proteger los derechos laborales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y a establecer, adicionalmente, mecanismos legales de protección a los trabajadores, surgen las voces discordantes de los empresarios, quienes en su rol de empleadores, consideran que el gobierno les exige demasiados beneficios laborales para sus trabajadores, y sustentan su posición en la disminución de inversiones si es que el gobierno establece tantas restricciones en las relaciones laborales con sus empleados.
De lo anterior es posible apreciar que, como sucede casi siempre en política, este debate se ha polarizado, enfrentando a quienes promueven la protección del trabajador, a toda costa, considerando en su análisis tan solo los beneficios a corto plazo para el empleado, y quienes priorizan, ante todo, el crecimiento de la inversión privada, aunque ello signifique, en muchos casos, la afectación de derechos sociales reconocidos por la Constitución.
Por mi parte, considero que es loable toda medida del gobierno orientada a satisfacer los intereses de los individuos en la sociedad, ya sea generando empleo o mejorando las condiciones de éste. No obstante, debemos evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas pro operario, para poder determinar en que medida cumplen su objetivo y a qué costo. Es decir, es necesario preguntarse: ¿Bastan los instrumentos legales para garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores?, ¿Cuántas veces hemos sido testigos de infracciones laborales que no son identificadas por el Ministerio de Trabajo, a pesar de existir normas expresas al respecto?. Incluso, las entidades públicas en muchos casos, infringen el derecho a las 8 horas de trabajo y el derecho al pago de las horas extras, imitando los mecanismos de empresas privadas consistentes en pedirle al trabajador que marque su tarjeta de salida, y que luego regrese a trabajar, para poder “sacarle la vuelta” a la Ley. Como sucede siempre en el Perú, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y aún en los casos en los que los trabajadores intentan hacer valer sus derechos con los mecanismos que les otorga la Ley, la deficiencia de nuestro Poder Judicial, ofrece la posibilidad de que algunas empresas, a través de sus abogados, les planteen a los trabajadores una propuesta como ésta: “mas vas a gastar en el proceso judicial que va a durar muchísimo tiempo, así que mejor acepta lo que te damos en este momento.”
¿Porqué sucede lo anterior?, ¿Porqué muchos trabajadores aceptan, sin decir nada, condiciones de explotación, y el irrespeto a sus derechos laborales?. La respuesta es simple: la escasez de trabajo. Esta situación lleva a los empleados a aceptar cualquier trabajo y cualquier condición, por lo que cualquier ley laboral que pretenda modificarla no es necesariamente aplicable en la realidad, y ninguna actuación estatal en este solo sentido podrá lograr algo efectivo a favor de los trabajadores.
Por esta razón, considero que el punto central, en materia laboral, debería girar en torno a la generación de puestos de trabajo, pues al incrementarse la demanda de mano de obra, se reducirá la escasez de trabajo, y crecerá el valor de la mano de obra en el mercado laboral. Esta situación implica no solo un incremento en los sueldos sino en las condiciones laborales, porque ante una mayor demanda de la oferta laboral, éstos podrán optar entre las mejores opciones, obligando a los empleadores a mejorar sus condiciones de trabajo.
Ahora, el lector se preguntará ¿cómo generar empleo?. En mi apreciación, uno de los mecanismos es fomentar la competencia en aquellos mercados en los cuales se aprecie un excedente económico considerable, evitando la concentración económica en unos pocos proveedores de bienes y servicios. Esta competencia que se manifiesta en las relaciones de consumo, también se manifestará en el establecimiento de relaciones laborales porque las empresas competirán por los mejores profesionales, técnicos, obreros, etc., ofreciéndose, no solo más sino mejores, ofertas laborales.
En este sentido, sostengo que las medidas orientadas a reivindicar los derechos laborales deben estar acompañadas de mecanismos destinados a fomentar la competencia en el mercado, no solo a través de la actuación del Indecopi, que es la entidad encargada de reprimir las conductas anticompetitivas en el mercado, sino a través de políticas que impulsen la inversión privada en el país, y ello no significa como consideran algunos que el Estado deba inundar de beneficios a la empresa privada y permitirle absolutamente todo, sino que se deben redoblar esfuerzos por ofrecer un contexto político estable, una política económica totalmente definida, seguridad jurídica, etc. En suma, el Estado, antes que preocuparse por inundar la normativa laboral con dispositivos a favor de los trabajadores, debe preocuparse por “vender” a los inversionistas un ambiente de certidumbre, definición, claridad y seguridad.
Nos hacen el avión con la austeridad ridícula.
Por: Ivàn González Delgado
A pesar de que ciertos críticos al gobierno, entre los cuales me incluyo, reconocemos actos de iniciativa relevantes como la política educacional , la delegación de poderes en el premier, y la negativa del regreso a la Carta Magna de 1979 para no desestabilizar la situación jurídica obstaculizando la inversión privada, entre otros, existen actos que por conveniencia del gobierno se quieren tapar o esconder, desviando la atención con hechos que más se orientan a la ridiculez, que a la tan mentada “austeridad”. Me refiero a la venta del avión presidencial.
Por qué no afrontar el problema de raíz, en lugar de intentar apagar el fuego en la fachada, cuando por dentro la casa puede estar incendiándose y finalmente colapsar. Recurren a mi memoria algunos hechos no tan favorables para el gobierno que podrían haber provocado estos pañitos húmedos, como la intervención de la Ministra del Interior, Pilar Mazzetti, en la compra de los patrulleros para la policía, hecho en el que la falta de acuerdo en el “partido del pueblo”, evidencia contradicciones en sus líderes políticos y ministros de estado, percibiéndose en una doble cara del gobierno, pues por un lado comenzaron a quitarle piso, retirándole el gobierno su confianza públicamente, pero sin embargo por otro lado, la apoyan y sostienen, porque al parecer después de haber dado el primer paso en su afán de sacarla, han abierto los ojos y se han dado cuenta de lo malo que esto significa para la imagen del Presidente y del gabinete. No queda duda, que esto se ha hecho para salvar el “tire y afloje” del gobierno y la cúpula aprista. Sin embargo, lo más fácil ha sido imponerle a la ministra Mazzetti, el despido de funcionarios de la cartera del interior, ya que saben que difícilmente la ministra renunciará, pues no quiere dejar la impresión de que lo hizo por esa polémica compra de patrulleros, más aún con la percepción generalizada, hasta ahora, de una ministra eficiente cuando ocupaba la cartera de salud en el anterior gobierno.
El otro hecho, entre otros, y en mi consideración importante, que corrió en contra del gobierno, fue la supuesta alianza del Apra con el fujimorismo, hecho denunciado por el Mercurio de Chile. El Mercurio, no deja de tener algo de razón, “El Apra está acostumbrada, a lo largo de la historia, a hacer pactos informales y lo ha hecho con sus propios enemigos. Por ejemplo, fue informal el pacto de 1939 con Prado; el pacto nuevamente con Prado en el 56, y el pacto con Odría en 1963”.(1)¿Acaso no fue verdad el apoyo que hizo el Apra, a un novato Fujimori para que sacara de carrera a Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales de 1990?, ante muchas congruencias en los proyectos y votaciones en el pleno de ambos grupos, nos haría suponer una nueva alianza informal.
Bien, ante el anuncio rimbombante con bombos y platillos, de la tan anunciada austeridad, ¿no sería más efectivo vender tantas instituciones y organismos estatales, que en vez de ser eficaces, generan más gastos al estado y menos servicio a los peruanos?, sin embargo, se ha preferido colocar un telón político ridículo. Por lo menos, el avión presidencial es útil para el traslado de quien personifica al Estado peruano, y por ende, para su imagen en las diversas relaciones internacionales. Si el gobierno quiere tanta “austeridad anunciada”, que se venda Palacio de Gobierno y que Alan y familia vayan a vivir a un lugar azotado por la pobreza.
Una cosa es vivir y encarnar la realidad y otra lanzar arengas para el teatro político, o quizá el gobierno cree que estamos en la “Isla de la Fantasía”, sólo faltaría buscar quién hace de Tatoo y gritar a los cuatro vientos “el avión, el avión”.
Por lo menos habemos algunos que el cuento de la austeridad, no nos lo tragamos.
(1) Sinesio López. Analista Político. La República, Martes 20 de Febrero de 2006
Por qué no afrontar el problema de raíz, en lugar de intentar apagar el fuego en la fachada, cuando por dentro la casa puede estar incendiándose y finalmente colapsar. Recurren a mi memoria algunos hechos no tan favorables para el gobierno que podrían haber provocado estos pañitos húmedos, como la intervención de la Ministra del Interior, Pilar Mazzetti, en la compra de los patrulleros para la policía, hecho en el que la falta de acuerdo en el “partido del pueblo”, evidencia contradicciones en sus líderes políticos y ministros de estado, percibiéndose en una doble cara del gobierno, pues por un lado comenzaron a quitarle piso, retirándole el gobierno su confianza públicamente, pero sin embargo por otro lado, la apoyan y sostienen, porque al parecer después de haber dado el primer paso en su afán de sacarla, han abierto los ojos y se han dado cuenta de lo malo que esto significa para la imagen del Presidente y del gabinete. No queda duda, que esto se ha hecho para salvar el “tire y afloje” del gobierno y la cúpula aprista. Sin embargo, lo más fácil ha sido imponerle a la ministra Mazzetti, el despido de funcionarios de la cartera del interior, ya que saben que difícilmente la ministra renunciará, pues no quiere dejar la impresión de que lo hizo por esa polémica compra de patrulleros, más aún con la percepción generalizada, hasta ahora, de una ministra eficiente cuando ocupaba la cartera de salud en el anterior gobierno.
El otro hecho, entre otros, y en mi consideración importante, que corrió en contra del gobierno, fue la supuesta alianza del Apra con el fujimorismo, hecho denunciado por el Mercurio de Chile. El Mercurio, no deja de tener algo de razón, “El Apra está acostumbrada, a lo largo de la historia, a hacer pactos informales y lo ha hecho con sus propios enemigos. Por ejemplo, fue informal el pacto de 1939 con Prado; el pacto nuevamente con Prado en el 56, y el pacto con Odría en 1963”.(1)¿Acaso no fue verdad el apoyo que hizo el Apra, a un novato Fujimori para que sacara de carrera a Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales de 1990?, ante muchas congruencias en los proyectos y votaciones en el pleno de ambos grupos, nos haría suponer una nueva alianza informal.
Bien, ante el anuncio rimbombante con bombos y platillos, de la tan anunciada austeridad, ¿no sería más efectivo vender tantas instituciones y organismos estatales, que en vez de ser eficaces, generan más gastos al estado y menos servicio a los peruanos?, sin embargo, se ha preferido colocar un telón político ridículo. Por lo menos, el avión presidencial es útil para el traslado de quien personifica al Estado peruano, y por ende, para su imagen en las diversas relaciones internacionales. Si el gobierno quiere tanta “austeridad anunciada”, que se venda Palacio de Gobierno y que Alan y familia vayan a vivir a un lugar azotado por la pobreza.
Una cosa es vivir y encarnar la realidad y otra lanzar arengas para el teatro político, o quizá el gobierno cree que estamos en la “Isla de la Fantasía”, sólo faltaría buscar quién hace de Tatoo y gritar a los cuatro vientos “el avión, el avión”.
Por lo menos habemos algunos que el cuento de la austeridad, no nos lo tragamos.
(1) Sinesio López. Analista Político. La República, Martes 20 de Febrero de 2006
jueves, 15 de febrero de 2007
La solidaridad intergeneracional no es de izquierdas o de derechas
Por: Leonidas Wiener Ramos
[1] Los amish son un grupo cultural, religioso (de origen cristiano) y étnico fuertemente cohesionado, descendiente de inmigrantes suizos de habla alemana principalmente, que se caracteriza por sus restricciones en cuanto al uso de algunas tecnologías modernas. La comunidad amish se compone de alrededor de 200.000 personas, las cuales habitan en Estados Unidos y Canadá.
El último sábado (10/02/07), el diario “El Comercio” publicó un artículo del periodista cubano Carlos Alberto Montaner, titulado: “El cambio climático en el debate político”. El nombre del artículo podría sugerir al lector que el tema de fondo es el calentamiento global. Sin embargo, para el autor se trata del debate histórico entre individualistas y colectivistas, entre personas ubicadas a la derecha del espectro político y personas ubicadas a la izquierda. Quisiera hacer referencia a algunos extractos del mencionado artículo para luego dar paso a una reflexión personal sobre el tema.
En primer lugar, el artículo señala que los colectivistas, entiéndase los que velan por los intereses de la colectividad, suponen que las actividades industriales y la combustión de residuos fósiles en unos años conllevarán (o están conllevando) consecuencias catastróficas para el planeta. El autor considera que, en las filas del colectivismo ambientalista (“los verdes”), se dan cita socialistas de toda clase, los cuales ven en la protección al medio ambiente un nuevo terreno sobre el cual aplicar sus ideologías desfasadas. Por otro lado, los individualistas consideran que todas las predicciones sobre el calentamiento global obedecen a intereses de un “fundamentalismo ecológico” (como señaló Álvaro Vargas Llosa, socio ideológico del autor del artículo) y que no tienen sustento científico. Para sustentar su posición, los individualistas hacen referencia a informes apocalípticos de Naciones Unidas de hace varios años que terminaron siendo erróneos, como uno que pronosticaba una nueva era de glaciación sobre la tierra.
Hace un par de semanas, el presidente de Francia Jacques Chirac, hizo un llamado a la población mundial sobre la necesidad de efectuar cuanto antes una “revolución” en cuanto a la gestión del medio ambiente, con el objetivo de afrontar los peligros del cambio climático. Dudo mucho que Chirac, perteneciente al partido conservador de Francia, pueda caber en el mismo saco con todos los comunistas reciclados a los que Montaner hace mención en su artículo. Por otro lado, ¿todas las conjeturas y predicciones sobre el cambio climático no tienen un asidero en la realidad? Día a día vemos como se producen desastres relacionados con el clima alrededor del globo, los mismos que han ido en aumento a lo largo de los últimos años. Además, somos testigos de acontecimientos sin precedente alguno, como por ejemplo, nevadas en Malibú (California), huracanes en Europa, ciclones frente a la costa de Brasil, temperaturas extremas alrededor del globo. ¿Pueden considerarse a estos fenómenos como hechos aislados?.
Siguiendo con el artículo, Montaner señala que, dado que el debate climático cuenta con escaso sustento científico, lo que se está debatiendo realmente representa una nueva versión de la histórica pugna ideológica entre la izquierda y la derecha, plasmada ahora en el campo del medio ambiente. O, como afirma el autor: “…entre quienes defienden a la sociedad en abstracto y quienes centran su discurso en la protección de los seres humanos de carne y hueso.”, o entre “...los liberales, mucho más interesados en los derechos de las personas de aquí y de ahora que en el destino de las generaciones futuras.”
Por último, Montaner hace un llamado a los “colectivistas-ambientalistas” a que no se queden en el discurso retórico y comiencen a desarrollar prácticas que evidencien una preocupación real por el futuro del planeta. En tal sentido, el autor hace una analogía entre los amish[1], que como se sabe llevan un estilo de vida basado en prácticas ancestrales, y las formas de vida que deberían llevar los colectivistas-ambientalistas para que su discurso tenga una coherencia moral.
Existen algunas contradicciones en el análisis de Montaner que es bueno resaltar. El liberalismo, corriente ideológica a la cual se adscribe, tiene como uno de sus pilares básicos la exaltación del universalismo, que exige tratar a las personas de una forma ciega a las diferencias, todo lo cual implicaría dejar de lado cualquier clase de particularismos (entiéndase nacionalidades o sentimientos de pertenencia comunitarios). El autor parece olvidar que, cuando se habla de asumir acciones ante el peligro del cambio climático no se hace referencia a acciones por parte de una sociedad determinada o a algún ente colectivo en particular, sino a acciones de alcance global o universal. Nunca como ahora se nos presenta un peligro de tal magnitud que puede afectar la continuidad de nuestro planeta tal como lo conocemos, y porqué no, de la especie humana. En tal sentido, cualquier política relacionada al medio ambiente está por encima de cualquier particularismo o comunitarismo, es una política universalista. El autor se equivoca al pretender atribuir a colectividades determinadas lo que es un problema de alcance global.
Por otro lado, cuando el autor señala que las corrientes de izquierda defienden a la sociedad en abstracto y que las corrientes de derecha defienden y protegen a los individuos, parece que éste hiciera alusión a las viejas teorías liberales que consideran al ser humano como un ser abstracto, descontextualizado, dotado de derechos y de una concepción moral anteriores a su entorno social, político e histórico. Sin embargo, actualmente tiene amplia aceptación, aún para doctrinarios de tendencias liberales como Will Kymlicka, la tesis de que el entorno social y cultural es un factor importante en la determinación de la identidad del individuo. Los derechos colectivos tienen un asidero en la realidad, y su protección y realización constituyen parte importante de la realización de los intereses individuales, porque se sustentan en la igualdad de los hombres. La igualdad de los hombres exige tener en cuenta su pertenencia a los entes colectivos.
De esta manera, no es necesario atribuir un valor intrínseco o un “derecho moral” a las colectividades para resaltar su importancia en cuanto a la formación de la identidad del individuo. El liberalismo no tiene porque ser contradictorio con el colectivismo porque, en ambos casos, el fin y valor último lo constituye el individuo. Si las colectividades no se basan en su pleno servicio hacia los individuos entonces no tienen razón de ser.
Rescato el llamado del autor a no quedarnos en el discurso retórico y comenzar a desarrollar prácticas ecológicas que partan de nuestra propia iniciativa, las cuales puedan servir a otros para seguir el mismo ejemplo. Eso no implica restringir nuestras libertades o dar atribuciones a las colectividades para que puedan limitar nuestra autonomía personal, sino tomar conciencia del mundo que tenemos ahora y del mundo en que vivirán las generaciones que nos sucederán, de las cuales formarán parte nuestros hijos y nuestros nietos. La solidaridad intergeneracional no es de izquierdas o de derechas.
En primer lugar, el artículo señala que los colectivistas, entiéndase los que velan por los intereses de la colectividad, suponen que las actividades industriales y la combustión de residuos fósiles en unos años conllevarán (o están conllevando) consecuencias catastróficas para el planeta. El autor considera que, en las filas del colectivismo ambientalista (“los verdes”), se dan cita socialistas de toda clase, los cuales ven en la protección al medio ambiente un nuevo terreno sobre el cual aplicar sus ideologías desfasadas. Por otro lado, los individualistas consideran que todas las predicciones sobre el calentamiento global obedecen a intereses de un “fundamentalismo ecológico” (como señaló Álvaro Vargas Llosa, socio ideológico del autor del artículo) y que no tienen sustento científico. Para sustentar su posición, los individualistas hacen referencia a informes apocalípticos de Naciones Unidas de hace varios años que terminaron siendo erróneos, como uno que pronosticaba una nueva era de glaciación sobre la tierra.
Hace un par de semanas, el presidente de Francia Jacques Chirac, hizo un llamado a la población mundial sobre la necesidad de efectuar cuanto antes una “revolución” en cuanto a la gestión del medio ambiente, con el objetivo de afrontar los peligros del cambio climático. Dudo mucho que Chirac, perteneciente al partido conservador de Francia, pueda caber en el mismo saco con todos los comunistas reciclados a los que Montaner hace mención en su artículo. Por otro lado, ¿todas las conjeturas y predicciones sobre el cambio climático no tienen un asidero en la realidad? Día a día vemos como se producen desastres relacionados con el clima alrededor del globo, los mismos que han ido en aumento a lo largo de los últimos años. Además, somos testigos de acontecimientos sin precedente alguno, como por ejemplo, nevadas en Malibú (California), huracanes en Europa, ciclones frente a la costa de Brasil, temperaturas extremas alrededor del globo. ¿Pueden considerarse a estos fenómenos como hechos aislados?.
Siguiendo con el artículo, Montaner señala que, dado que el debate climático cuenta con escaso sustento científico, lo que se está debatiendo realmente representa una nueva versión de la histórica pugna ideológica entre la izquierda y la derecha, plasmada ahora en el campo del medio ambiente. O, como afirma el autor: “…entre quienes defienden a la sociedad en abstracto y quienes centran su discurso en la protección de los seres humanos de carne y hueso.”, o entre “...los liberales, mucho más interesados en los derechos de las personas de aquí y de ahora que en el destino de las generaciones futuras.”
Por último, Montaner hace un llamado a los “colectivistas-ambientalistas” a que no se queden en el discurso retórico y comiencen a desarrollar prácticas que evidencien una preocupación real por el futuro del planeta. En tal sentido, el autor hace una analogía entre los amish[1], que como se sabe llevan un estilo de vida basado en prácticas ancestrales, y las formas de vida que deberían llevar los colectivistas-ambientalistas para que su discurso tenga una coherencia moral.
Existen algunas contradicciones en el análisis de Montaner que es bueno resaltar. El liberalismo, corriente ideológica a la cual se adscribe, tiene como uno de sus pilares básicos la exaltación del universalismo, que exige tratar a las personas de una forma ciega a las diferencias, todo lo cual implicaría dejar de lado cualquier clase de particularismos (entiéndase nacionalidades o sentimientos de pertenencia comunitarios). El autor parece olvidar que, cuando se habla de asumir acciones ante el peligro del cambio climático no se hace referencia a acciones por parte de una sociedad determinada o a algún ente colectivo en particular, sino a acciones de alcance global o universal. Nunca como ahora se nos presenta un peligro de tal magnitud que puede afectar la continuidad de nuestro planeta tal como lo conocemos, y porqué no, de la especie humana. En tal sentido, cualquier política relacionada al medio ambiente está por encima de cualquier particularismo o comunitarismo, es una política universalista. El autor se equivoca al pretender atribuir a colectividades determinadas lo que es un problema de alcance global.
Por otro lado, cuando el autor señala que las corrientes de izquierda defienden a la sociedad en abstracto y que las corrientes de derecha defienden y protegen a los individuos, parece que éste hiciera alusión a las viejas teorías liberales que consideran al ser humano como un ser abstracto, descontextualizado, dotado de derechos y de una concepción moral anteriores a su entorno social, político e histórico. Sin embargo, actualmente tiene amplia aceptación, aún para doctrinarios de tendencias liberales como Will Kymlicka, la tesis de que el entorno social y cultural es un factor importante en la determinación de la identidad del individuo. Los derechos colectivos tienen un asidero en la realidad, y su protección y realización constituyen parte importante de la realización de los intereses individuales, porque se sustentan en la igualdad de los hombres. La igualdad de los hombres exige tener en cuenta su pertenencia a los entes colectivos.
De esta manera, no es necesario atribuir un valor intrínseco o un “derecho moral” a las colectividades para resaltar su importancia en cuanto a la formación de la identidad del individuo. El liberalismo no tiene porque ser contradictorio con el colectivismo porque, en ambos casos, el fin y valor último lo constituye el individuo. Si las colectividades no se basan en su pleno servicio hacia los individuos entonces no tienen razón de ser.
Rescato el llamado del autor a no quedarnos en el discurso retórico y comenzar a desarrollar prácticas ecológicas que partan de nuestra propia iniciativa, las cuales puedan servir a otros para seguir el mismo ejemplo. Eso no implica restringir nuestras libertades o dar atribuciones a las colectividades para que puedan limitar nuestra autonomía personal, sino tomar conciencia del mundo que tenemos ahora y del mundo en que vivirán las generaciones que nos sucederán, de las cuales formarán parte nuestros hijos y nuestros nietos. La solidaridad intergeneracional no es de izquierdas o de derechas.
[1] Los amish son un grupo cultural, religioso (de origen cristiano) y étnico fuertemente cohesionado, descendiente de inmigrantes suizos de habla alemana principalmente, que se caracteriza por sus restricciones en cuanto al uso de algunas tecnologías modernas. La comunidad amish se compone de alrededor de 200.000 personas, las cuales habitan en Estados Unidos y Canadá.
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