La ineficiencia del “Shock de Inversiones”

Por: Mauricio Hilbck Rios

En septiembre de 2006, fue aprobado el Crédito Suplementario mediante Ley Nº 28880 por un monto total de S/. 1,937.2 Millones, de los cuales, según su distribución por grupo genérico de gastos[1], tendría el 70.4% de incidencia sobre el gasto en inversiones. Este “shock de inversiones” de corto plazo, se orientaría principalmente a los sectores Vivienda y Construcción[2], Educación, Transportes y Energía y Minas. Dado que se espera una ligera desaceleración de la economía para el año 2007, este anuncio fue positivo puesto que esta inyección de inversión pública contrarrestaría parcialmente una probable reducción de la inversión privada durante el 2007.

Sin embargo, la semana pasada, el Contralor General de la República declaró, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que, al 31 de diciembre del 2006, sólo el 8.6% del monto total del crédito suplementario había sido gastado por las diversas instancias del Estado. Al respecto, el Ministro de Economía, en respuesta a estas declaraciones, explicó que hasta fines del año pasado se había gastado el 52% de dicho crédito. Por otro lado, afirmó que las diferencias con el contralor pueden deberse también a los conceptos de recursos devengados[3] versus girados[4], aclarando que según los estándares internacionales, la ejecución del gasto se considera en la etapa de devengados, no en la etapa de recursos girados o pagados. Finalmente, ante esta confusión de datos, el Presidente García calificó de “malos aliados” a los gobiernos locales y regionales pues, según el mandatario, esta lentitud en la ejecución del gasto se debe a la ineficiencia de dichas instancias gubernamentales.

Las declaraciones del presidente García no hacen más que reafirmar lo que ya conocíamos: la ineficiencia en la ejecución de la inversión pública debido al desborde de las capacidades de gasto del Estado Peruano[5]. De esta manera, García solamente ha diagnosticado el problema sin proponer soluciones al mismo. Es cierto que las instancias intermedias de Gobierno (regionales y locales), no tienen la infraestructura necesaria para realizar una ejecución eficiente del gasto pero, justamente, un programa de capacitación de los encargados de proponer, ejecutar y supervisar los proyectos debió ser una de las condiciones iniciales[6], que el Gobierno Central debió tomar en cuenta, antes de iniciar el tan publicitado “Shock de inversiones”. Finalmente, es necesario a mediano plazo, complementar esta mayor disponibilidad de recursos públicos con un programa de Asociaciones Público Privadas que cubriría la falta de gerencia pública en el Estado y promovería un uso más eficiente de los recursos en aras de reducir el déficit de infraestructura del país como meta intermedia para la reducción de la pobreza.

[1] Anexo de la Ley Nº 28880.
[2]Complementariamente se emitió el Decreto Supremo 024-2006, que permite la agilización de los procesos para la aprobación de los proyectos de agua y desagüe.
[3] Compromiso de desembolso o pago de la obra pero aún no, la entrega efectiva de los recursos.
[4] Pago efectivo de los recursos.
[5] Incluso, el mismo ministro Carranza declaró que de todos los proyectos que han sido aprobados por el SNIP desde el 2005 hasta la fecha, sólo se ha ejecutado el 11%. Fuente: Gestión, 18 de enero del 2007.
[6] Lo cual reforzaría, además, la adecuada transferencia de recursos y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de un proceso de descentralización.

Y después de Fidel, ¿Qué?

Por: Leonidas Wiener Ramos

Tuve la oportunidad de visitar Cuba hace dos semanas, sin embargo el objeto de este artículo no consiste en describir los días que pase allá, ni tampoco se basa en dar una apreciación sociológica de la realidad cubana. Creo que ya se ha escrito bastante en tal sentido, por lo tanto, en el presente artículo me arriesgaré a dar una opinión acerca de las perspectivas de una Cuba al futuro, de una Cuba sin Fidel.

Día a día aparece información relacionada con la salud de Fidel Castro, la cual dista de augurar una pronta recuperación del líder cubano. A diferencia de las cadenas noticiosas internacionales, la información de la prensa cubana (que dicho sea de paso representa la línea de prensa gubernamental) no duda ni un instante en señalar que Fidel regresará cuanto antes a continuar rigiendo los destinos del país. Estas contradicciones suscitadas en torno a la información sobre la salud de Fidel me llevan a sugerir que es muy probable que, en caso de que el líder cubano fallezca, los primeros en enterarse serán aquellas personas que viven fuera de Cuba.

Lo cierto es que, muera Fidel mañana o dentro de dos meses, considero insensato concebir la idea de que pueda retornar al poder. Su hermano Raúl, quién actualmente viene encargándose de la labor de gobierno en Cuba, es consciente de que el mantenimiento del sistema actual se debe en gran medida a la influencia de un líder de las características de Fidel. En tal sentido, y ante la incesante presión interna y externa por efectuar reformas estructurales que conllevarán a la desaparición de Fidel, es muy probable que las tendencias apunten hacia una mayor apertura económica, y no una apertura política, al menos en el corto plazo.

Las razones por las cuales es improbable que se pueda realizar una apertura política, o una apertura democrática, inmediatamente a la muerte de Fidel se pueden resumir en tres puntos:

En primer lugar, no es una tarea sencilla sacar del poder a una cúpula que ha estado enquistada durante más de 47 años, ni desarraigar una cultura desacostumbrada a las elecciones y a las prácticas democráticas

En segundo lugar, es muy probable que, la administración estadounidense actual redoble esfuerzos a fin de conseguir una apertura democrática lo antes posible tras la muerte de Fidel, orientado en gran medida por las demandas de los cubanos exiliados. Esta medida puede ser contraproducente, debido a que reforzaría el patriotismo ante la injerencia del imperialista invasor, y a su vez justificaría el mantenimiento de la cúpula de gobierno actual por el peligro de una eventual invasión externa. En tal sentido, es importante que el proceso de transición cubano se realice con la menor injerencia externa posible, sobretodo de los Estados Unidos. Un futuro gobierno estadounidense de orientación demócrata (el desastre del actual gobierno lo torna viable) probablemente pueda flexibilizar sus políticas con relación a Cuba, lo cual sería lo más sensato con miras a una transición pacífica. Dentro de este objetivo, los países latinoamericanos deben asumir un rol preponderante para impedir la menor injerencia externa en la transición política del país caribeño

En tercer lugar, dentro del ámbito interno, las demandas de reforma se orientan principalmente hacia una mayor apertura económica que hacia una apertura política. Por lo tanto, es probable que el gobierno que suceda a Fidel, el cual tendrá como cabeza a su hermano Raúl al menos en un corto plazo, emprenda reformas económicas al estilo de las reformas efectuadas en China por Deng Xiaoping. Por citar un ejemplo, el problema del transporte público, uno de los problemas más importantes de la sociedad cubana debido a la escasez de oferta de carros, podría solucionarse permitiendo la entrada de capitales privados que modernicen el servicio y cubran la demanda de transporte existente. El turismo es otro aspecto esencial en el cual el gobierno podría dar visos de apertura económica, por ejemplo dando en concesión la administración de los numerosos hoteles que existen en Cuba. Esta clase de medidas conseguirían al menos capear temporalmente las demandas de apertura por parte de la población, y darían señales al mundo exterior de que el cambio del sistema actual es un proceso irreversible.

Sin embargo, el proceso de apertura puede traer algunos otros problemas de los ya mencionados anteriormente. El proceso hacia el socialismo chavista que se viene llevando a cabo en Venezuela, de futuro incierto al menos, va en la dirección contraria al proceso de apertura y reforma cubano que se vislumbra por todos los analistas políticos. Así, mientras Chávez anuncia la nacionalización del gas y la telefonía, la tendencia en Cuba se dirige hacia una reducción del papel del Estado en la economía. Sabida es la amical relación que existe entre Fidel Castro y Hugo Chávez, además del apoyo económico que presta Venezuela a Cuba, al menos en aspectos tan vitales como el de la energía. En tal sentido, es incierta la actitud que adoptará Chávez ante un eventual proceso de apertura cubano, pero debido a sus últimos actos no es de esperar que sea la más positiva. En todo caso, si Estados Unidos jala a Cuba por un brazo, Venezuela estará tirando del otro brazo.

El Presidente y la Pena de Muerte

Por: Rafael González Delgado

El debate sobre la penad muerte, se esta convirtiendo en un tema de nunca acabar, que mas que tener un trasfondo social, se está convirtiendo en un tema con matices políticos.

El presidente García descontento con la acertada decisión del Congreso de archivar el proyecto de ley que pretendía aplicar la pena de muerte a los terroristas, ha sugerido un referéndum, para que sea el pueblo quien decida.

Esta propuesta va mas allá de una promesa de campaña, un inocente capricho o una medida demagógica a las que ya nos tiene acostumbrados. Lo que pretende García con la aprobación de la pena de muerte es evadir y aliviar la responsabilidad que tuvo por la matanza en los penales durante su gobierno anterior.

Al aprobarse la pena de muerte, el Perú tendría que retirarse de la Corte Interamericana de derechos Humanos, que con un reciente fallo sancionó al estado peruano por las matanzas que realizo Fujimori en el penal Castro Castro, por lo que de la misma manera se le debería sancionar por las matanzas realizadas en los penales durante el primer gobierno de García.

Sus ahora “aliados” políticos, fujimoristas, que hicieron cierra filas a la hora de votar a favor de la pena de muerte también se verían beneficiados, con el retiro de la Corte, ya que en su gobierno se cometieron los mayores atentados contra los derechos humanos.

Fallo de la CIDH, ¿Polémico o Firme?

Por: Iván González Delgado

En estas últimas semanas ha generado una controversia el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el cual ordena al estado peruano, indemnizar a los sobrevivientes y deudos de los reos asesinados en el Penal Miguel Castro Castro. De acuerdo a este fallo la Corte responsabiliza al Estado peruano, que en 1992 fue representado, en su calidad de jefe de estado, por Alberto Fujimori, de la matanza de internos senderistas, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente.

De esta coyuntura se ha aprovechado el Apra para incidir en su pataleta populista de llevar a cabo la salida de la CIDH, por parte del estado peruano, so pretexto de aplicar (lo que jurídicamente es un imposible) la pena de muerte para los violadores de niños en un primer momento y posteriormente, aplicarla también para los terroristas, al ver que el contexto político no era favorable para el gobierno, pues un grupo de senderistas en Diciembre, asesinó a 5 policías al noroeste de la ciudad de Ayacucho, y si esto no fuera poco, el Apra no cesa en su sagaz, pero poco correcta política, de lanzar dardos contra el gobierno pasado de Alejandro Toledo, con la finalidad de evitar que cualquier acierto pasado los opaque. Recordemos que terminó elogiado por su gestión política económica.

Estos garrotazos, se han centrado en cuestionar la acción procesal del Estado peruano, de allanarse ante la demanda del CIDH, por el caso del Penal Castro Castro. En un primer vistazo, nos sorprende que el estado se haya allanado ante tal demanda, pero es menester señalar:

a) Que el fallo de la CIDH, no es a favor de los terroristas sino de los deudos de tales senderistas, así como de los sobrevivientes, quienes quedaron lisiados o incapacitados físicamente por la ejecución extrajudicial llevada a cabo por fuerzas del orden.
b) Que, el estado peruano al allanarse, estaría reconociendo que en 1992 (fecha en que sucedieron los hechos), personificado por Fujimori, como Jefe del Estado peruano, cometió tales delitos. Se debe tener en cuenta que a pesar de que estos hechos no están incluidos dentro del expediente de extradición de Fujimori, sería inconsecuente que el Estado peruano no se hubiera allanado, contribuyendo con esto a la defensa del extraditable Fujimori. En suma, el estado peruano se allanó porque reconoció la ejecución extrajudicial llevada a cabo por Fujimori, contrario sensu, si el estado no lo hubiese hecho, estaría apañando uno de los múltiples delitos cometidos por aquel.

El principio de continuidad de los estados señala que cualquier acto realizado por un gobierno de turno, hace responsable al Estado a futuro, no importa si cambia el gobierno. Por lo tanto, es necesario desvincular las responsabilidades de los gobiernos de turno (en el caso Castro Castro el de Fujimori) y la responsabilidad del estado en sí. El Estado responde por sus crímenes y violaciones ante las víctimas, los miembros del gobierno responsables de la matanza responderán ante la justicia estatal.

Por último, ante esto cabe una reflexión. Uuna de las pocas instancias a las que recurrían los peruanos para denunciar los abusos, que se cometían en su contra en la época del nefasto , alevoso y autoritario gobierno de Fujimori, era la CIDH, ante la débil estructura del Poder Judicial peruano, es por ello que es incompresible, cómo el ahora gobernante Alan García, tiene un síntoma , más de interés político que de amnesia, al olvidar que fue mediante un fallo de la CIDH que recobró sus derechos civiles abusados por el régimen fujimorista, posibilitando con ello regresar al Perú y así ser candidato en el 2000.

¡Quien no arriesga no gana!

Por: Gabriel González Delgado

La estabilidad económica que experimenta un Estado debería conceder a sus gobernantes la tranquilidad suficiente para concentrarse en resolver problemas estructurales y sociales profundos, para desarrollar un plan de gobierno moderadamente ambicioso. En suma para actuar con la ponderación y coherencia que una estabilidad económica otorga.

En su segundo gobierno, Alan García se ha encontrado con un Estado que goza de una economía estable que le ofrece la posibilidad de reivindicarse ante el pueblo peruano a través del desarrollo de medidas profundas destinadas a solucionar los inacabables problemas de nuestro país. Sin embargo, esta misma circunstancia ha generado en la población una gran expectativa por lo que este gobierno pueda concretar a partir de una relativa bonanza económica (incluso me atrevería a decir que una expectativa desproporcionada), y porque el saldo relativamente positivo del gobierno anterior ha colocado una alta valla que deberá superar García para que pueda lograr reivindicarse con el Perú. Adicionalmente debe considerarse que Alan García Pérez, tiene una deuda pendiente con todo el país, y no nos referimos a la deuda que tiene todo gobernante con el pueblo que lo ha elegido sino que es la deuda de un ex gobernante que destruyo el sistema productivo de un país, y que sumió en la miseria a todo un pueblo (excepto, claro a aquellos que se enriquecieron ilícitamente).

En este sentido, podemos considerar que Alan García tiene una doble presión: la constituida por las expectativas del pueblo en su gobierno y la que implica su deseo por reivindicarse políticamente ante el pueblo que le ha dado una nueva oportunidad.

De otro lado, emprender reformas estructurales radicales, como las que son necesarias en el Perú, no es fácil para ningún gobernante, y no necesariamente por la complejidad que per se envuelven este tipo de reformas, sino porque toda reforma radical supone medidas radicales, y las medidas radicales suelen generar posiciones encontradas al interior de la población, lo cual significa poner en riesgo la popularidad del gobernante. Si toda reforma radical es compleja para todo gobernante, para un Alan García doblemente presionado debe serlo aún más porque ello significa poner en juego un factor demasiado importante para un gobernante - sobre todo para él - y que es su popularidad.
Consideramos que nuestro presidente ha optado por lo más fácil, no realizar “movimientos riesgosos” que puedan afectar la buena relación que experimenta por ahora con la población y ha preferido asumir un liderazgo meramente coyuntural[1] a través de la manipulación de temas mediáticos como el de la pena de muerte. A 180 días de su gobierno, aún Alan García no se decide a arriesgar, pero quien no arriesga no gana.

[1] Un liderazgo que es muy probable que se quebrante con el pasar de los meses, cuando se intensifique la impaciencia de la población por la postergación de reformas estructurales que el mismo García se comprometió a realizar en su campaña, y cuando nuestro presidente ya no pueda desviar la atención de los principales problemas del país con su retórica populista.