Asesoría e Investigación en Temas Jurídicos, Económicos y Sociales.

jueves, 26 de abril de 2007

Más cerca de la política* **

Por: Gabriel González Delgado

Hoy en día la política ha dejado de tener el relevante lugar que otrora disfrutó en el contexto social, especialmente en el escenario en el que se desenvuelve la juventud. Probablemente, aún cobre relevancia, pero en un sentido distinto, a través de frases repetitivas como: “la política es corrupción”, “la política es cochina”, “hay que desconfiar de la política”, “la política es la culpable de nuestras crisis sociales, de mediocres gobiernos y de un país devastado”, entre otras.

Estas expresiones son el reflejo de la deteriorada imagen que actualmente recae en la política y especialmente en los políticos. Son, a mi entender, la equivocada reacción de quienes ignoran la importancia de las ciencias políticas en la concreción de los intereses de una sociedad, y confunden a los “entusiastas” ciudadanos que desempeñan alguna actividad política con quienes pueden considerarse, con acierto, verdaderos políticos.

No intentaremos desarrollar un análisis profundo sobre la definición de la política,[1] ni mucho menos sumergirnos en la teoría política. Lo que planteamos es una visión general de la relación existente y de aquella relación que, a nuestro entender, debería existir entre los ciudadanos y la ciencia que inspira la conducción de sus destinos individuales y colectivos.

En principio, es preciso reconocer la trascendencia que tienen las ciencias políticas en el desarrollo de una sociedad, tomando en cuenta que la conducción de un Estado constituye una actividad esencialmente política. Asimismo, en un Estado democrático, es vital que los ciudadanos cuenten con criterios y elementos básicos de una cultura política que les permita realizar un análisis concienzudo antes de tomar una decisión relevante para los intereses comunes, como lo es una decisión electoral.

De acuerdo a lo anterior, es indudable la necesidad de contar con una preparación política en ambos niveles de la sociedad: nivel gubernamental y nivel ciudadano. Es necesaria en la conducción de un Estado la presencia de personas con una formación en aquella ciencia que orienta la actividad gubernamental, es decir, necesitamos contar con verdaderos políticos y no con farsantes “disfrazados” de aquellos. De nuestra parte, es necesario que como ciudadanos nos involucremos profundamente en el contexto político de nuestro país, de tal forma que podamos realizar un “diagnóstico” preciso que nos permita identificar aquellas propuestas indispensables para la solución de la diversidad de problemas que aquejan a una sociedad y, de este modo, podamos generar decisiones electorales acertadas.

No obstante lo expuesto, cabe señalar que reconocemos las causas de aquella percepción profana que hoy recae sobre la política, pero no nos adherimos a ella por considerar que radica en una apreciación confusa, y por ende equivocada, que pretendemos aclarar en las siguientes líneas.

Corresponde hacer un deslinde entre la política como ciencia, y la política como actividad. Ésta, en nuestro país, en la mayoría de los casos, se ha desarrollado sin observar los más mínimos postulados de la primera, habiendo generado innumerables crisis, que como se podrá apreciar, involucran crisis social generalizada. En estas circunstancias se ha responsabilizado a la política como ciencia, del desastre político protagonizado por aquellos que la ignoran y que, sin embargo, realizan actividad política a nivel gubernamental.

Esto nos permite deducir que la mayor parte de ciudadanos que condenan a la política, sin saberlo, condenan la ausencia del conocimiento político en el desarrollo de actividades gubernamentales. Es decir, acusan la misma carencia de conocimiento político a la que nos referimos en el presente artículo, sin embargo exteriorizan confusamente, un rechazo hacia aquello que nos urge, y que es la política, entendida como el conocimiento sobre el “arte” de gobernar.

De otro lado, aquel desconocimiento comienza a debilitar, mas aún, la institucionalidad de los partidos políticos, dado que además de un creciente desinterés por la política, la ignorancia sobre esta ciencia genera una atomización de propuestas que origina una atomización de partidos, debido a que no existe la preparación política adecuada para estructurar diversas propuestas en un solo sistema, a través de una ideología política que sustente la actividad política que intenta realizarse. En consecuencia, la institucionalidad de los partidos políticos se debilita, ya que se ha renunciado a la formación política, y se le está sustituyendo por el entusiasmo ciudadano (los outsiders) que no es suficiente para apuntalar las bases que permitan una adecuada y coherente organización de la sociedad, que logre el desarrollo de estrategias que permitan conducir un Estado de manera justa y eficiente.

Nuevamente en este contexto, recae una cuota de responsabilidad sobre cada uno de los ciudadanos, dado que si bien es cierto, la atomización de partidos obedece a una crisis en el sistema político, ello también responde a la facilidad que tiene aquella diversidad de agrupaciones para calar en la población. Esto no sería tan fácil con ciudadanos políticamente preparados y, por ende, con capacidad para distinguir dentro de lo difuso a aquellas opciones políticamente coherentes y con un sustento ideológico que otorgue la seguridad de que no estamos frente a un improvisado entusiasmo ciudadano, que sin dudar sobre su valor, no es suficiente para desarrollar una actividad tan compleja y especializada como la de gobernar.

Finalmente, cabe precisar que el involucrarse en política no significa, en estricto, adherirse o militar en alguna agrupación de este tipo, simplemente significa asumir compromisos con la conducción del Estado desde nuestra condición de ciudadanos.

Acercarnos a la política es acercarnos a aquella materia que involucra el gobierno de nuestro pueblo y la administración de nuestros recursos (económicos, humanos y naturales), en suma, acercarnos a la política significa acercarnos a la conducción de nuestros destinos.

* La presente, es la primera de dos entregas que el autor ofrecerá sobre la importancia del conocimiento político y de las instituciones políticas para el desarrollo de una eficiente gestión pública en beneficio de la sociedad.

** Artículo originalmente publicado en boletín “Desde la PUPC”. Editado por la Asociación Civil Ius et Veritas.

[1] Partimos de una noción general de política, considerando a ésta como aquella ciencia, disciplina o actividad vinculada al gobierno de un Estado.

La eutanasia y suicidio asistido. Consideraciones de un dilema

Por: Iván González Delgado

Comencemos intentando delimitar ambas concepciones, pues tienen como elemento común, que la intención del sujeto que sufre (pasivo), y del sujeto quien tiene un motivo compasivo (activo), es que el primero de ellos muera. Sin embargo en la eutanasia es el sujeto activo quien da muerte al sujeto pasivo. En el suicidio asistido, es el propio sujeto pasivo, el que se da muerte, con la colaboración del sujeto activo.

Eutanasia es un término, que deriva de las voces griegas eu (buena) y thanatos (muerte). Es decir, expresa un morir bien, entendiéndose como una muerte digna sin sufrimientos que sean innecesarios y en las mejores condiciones que cada caso permita.

Suicidio, palabra que proviene del latín sui caedere, que significa matar a uno mismo, es el acto de quitarse la propia vida. Este acto en algunos países aún se considera un delito, algunas culturas lo ven una manera honrosa u honorable de huir de situaciones humillantes, vergonzosas, o muy dolorosas, asimismo algunas religiones la consideran un pecado.

En nuestro sistema jurídico, estos hechos están tipificados por el Código Penal bajo la figura del homicidio simple en el art.106[1], instigación o ayuda al suicidio, art. 113[2], homicidio piadoso art. 112[3].Como vemos entonces según nuestra doctrina y legislación, existen entre la Eutanasia y el Suicidio asistido elementos comunes, sin embargo en el presente trabajo nos ocuparemos de la Eutanasia al referirse a una enfermedad incurable y tormentosa y sin cura, situación no necesariamente comprendida en el suicidio asistido.

Cabe destacar que, dependiendo de las voluntades en juego, la eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria. La eutanasia voluntaria es aquella en la que el paciente acepta o solicita que se le retiren los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y/o solicita que se le suministren medicamentos que le produzcan la muerte. En este tipo de eutanasia el hecho saltante es el consentimiento del paciente para el suministro de fármacos, el retiro de tratamientos médicos o desconexión de aparatos, cuyo resultado será el fin de su vida. La eutanasia involuntaria es aquella en la cual el paciente no da su consentimiento para la muerte. En ella el fin de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien contra su voluntad. A estos casos se le llama dar una "muerte piadosa".

Analicemos la situación, por un lado se trata del derecho de las personas de vivir y morir de la forma que deseen y que mejor lo consideren, pues esto se relaciona con el concepto de autonomía de la voluntad. En el mismo sentido, como lo estableció un Tribunal anglosajón in re T (Adult: Refusal of Treatment), que “(…) El derecho del paciente a elegir existe ya sea que sus razones para hacer esa elección sean racionales, irracionales, desconocidas o incluso inexistentes”.[4] Esto se basa en el derecho de todo individuo a estar en autonomía y disposición de su propia persona, sin la interferencia o intervención de otros. En consecuencia la dignidad humana sin este derecho no tendría sentido.

En los últimos años, los avances tecnológicos que se han visto venir a un ritmo acelerado, han traído, muchas modificaciones en las vidas de las personas. Estos logros fueron muy importantes en el ámbito de la ciencia médica, a punto tal de que hoy en día podemos mantener con vida a una persona que, de otra manera, estaría muerta.

En la actualidad, aproximadamente diez mil personas son mantenidas con vida en Estados Unidos en estado vegetativo persistente. Esta situación implica una gran inversión de dinero para mantener viva a tal persona, además ello significa ocupar una cama o un cuarto en un centro clínico, el suero que se aplica en la alimentación e hidratación, los implementos de asistencia necesarios y los médicos y otros profesionales y personal que día a día controlan, examinan y asisten al paciente, entre otros gastos.

¿Se justifican todos estos gastos en una persona cuyas posibilidades de vida independiente son nulas; cuando todo tratamiento es inútil, porque nunca se logrará sanarlo? Debemos tener en cuenta que toda institución de salud, ya sea particular o pública, tiene sus recursos limitados[5].

A todo esto, considero que no es adecuado ni eficiente (por no decir justo) por un lado para la sociedad, gastar cantidades de dinero diariamente en asistencia médica y soporte vital para intentar mantener viva a una persona cuyas esperanzas y expectativas de sanación y de vida son nulas, cuando por otro lado, existen más personas con enfermedades que tienen mayores posibilidades de recuperación, quienes no son tratadas sea para la prevención de enfermedades como para la curación de estas, por la carencia de recursos económicos en los centros médicos. Y por el otro lado, para los familiares del paciente que sacrifican y se deshacen de muchos bienes a sabiendas que la recuperación es imposible, tal como sucedió con el caso de Nancy Cruzan, quien fue mantenida con vida durante siete años en estado vegetativo persistente mediante nutrición parenteral e hidratación, pero la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó su desconexión.

A la luz de las consideraciones expuestas, la legislación peruana debería permitir el retiro de las técnicas de soporte vital, ante la posibilidad de recuperación nula de un paciente en estado vegetativo persistente. Pues, estaríamos frente a una persona inmovilizada durante mucho tiempo, en quien se gastaría muchos recursos, sin posibilidades de recuperación, esto conllevaría a quitar la posibilidad a otras personas sin recursos necesarios, de tratar sus enfermedades. Quiero resaltar y poner muy en claro que mi opinión no propugna el homicidio de tantas personas en ese estado terminal, sino la permisividad de la ley para aquellos actos compasivos llevados a cabo por familiares que por temor a la sanción por estar tipificados como delito , no los realizan.

Si bien esta solución parece bastante práctica, eficiente y justa, hay ciertas consideraciones importantes en orden a decidir la no conexión, o desconexión de una máquina, o el retiro de un soporte vital, como las convicciones personales de los familiares, su religión, sus valores, y sobretodo la vehemencia por no dejar morir a un ser querido, pues según estas consideraciones, la manera en que los distintos familiares de un paciente afrontan el cargo de conciencia, la vida, la muerte el dolor, son diametralmente distintos.

Por último existirán muchas consideraciones de la eutanasia, desde el punto de vista moral, económico, religioso, legal y demás, sin embargo mientras esté tipificada como delito penal, ningún paciente que sufra males intolerables y que “reclaman” la implementación de la “muerte piadosa”, tendrá la ayuda que exclama para poner fin a su vida dignamente rumbo a su descanso en paz y al cese de todo su sufrimiento.

Dejo la siguiente reflexión, ¿una vida vegetal o inconciente, sufrida, sin cura, sin visos de mejoría, sin dignidad es mejor que lograr una muerte, que quizá es más digna que la propia vida?

[1] Código Penal. Art. 106. “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”
[2] Código Penal. Art. 113. “El que instiga a otro al suicidio o ayuda a cometerlo será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor de cuatro años. La pena será no menor de dos ni mayor de cinco años, si el agente actuó por un móvil egoísta”.
[3] Código Penal. Art. 112. “El que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
[4] Citado por Romina Ocampo en EUTANASIA. BIOETICA. www.bioetica.org
[5] Gutiérrez Jaramillo, Javier. “Reflexiones sobre las órdenes de no revivir (reanimar, resucitar) y suspender todo tratamiento”.

viernes, 13 de abril de 2007

Evolución de la Bolsa de Valores de Lima.

Por: Mauricio Hilbck Ríos

En lo que va del año, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se ubica como la cuarta más rentable del mundo y la primera a nivel latinoamericano, con un rendimiento de 43.9% del Índice Selectivo (ISBVL) y un 46.2% del índice general (IGBVL). Esta mayor rentabilidad bursátil está atrayendo tanto inversionistas locales como extranjeros. Así, este creciente interés de pequeños inversionistas locales (personas naturales) está impulsando el crecimiento de los fondos mutuos[1], sobre todo el de aquellos orientados a la inversión en instrumentos de renta variable (acciones)[2], debido a que representan una forma indirecta de inversión en títulos de renta variable lo que permite obtener, a inversionistas no especializados, una rentabilidad cercana a la mostrada por la bolsa local. De esta manera, el sistema de fondos mutuos se convierte en el segundo inversionista institucional más importante del país, superando a las empresas de seguros y detrás de las AFP quienes administran una cartera de aproximadamente 14.5 millones de dólares de los cuales alrededor del 45% se invierten en acciones[3].

Esta “euforia” de entrada de nuevos jugadores al mercado local también es seguida por inversionistas extranjeros quienes buscan inversiones en países con altas rentabilidades asumiendo mayor riesgo puesto que, en la mayoría de casos, se realiza el llamado “carry trade”. Es decir, los inversionistas se financian con monedas de países que tienen tasas de interés cercanas a cero (como el yen japonés) y luego, el capital es invertido en países con altas rentabilidades. Este proceso especulativo puede afectar negativamente a nuestro país si es que comienza un incremento de las tasas de interés en países como en Japón. En general, se observa una mayor liquidez en el mercado local a manos de pocos jugadores institucionales y extranjeros lo que empuja el precio de las acciones al alza pudiendo aparecer futuras correcciones del precio de dichas acciones.

Por otro lado, si bien los buenos fundamentos de la economía, como el crecimiento sostenido de la demanda interna, está haciendo que, por ejemplo, las acciones del sector agroindustrial, construcción y pesqueras se conviertan en unas de las más atractivas del mercado cabe anotar, también, que la dependencia de la BVL por la evolución del precio de los metales la hace más susceptible a cambios exógenos (externos) a la economía. Esta mayor dependencia responde a la recomposición que han tenido los dos índices accionarios locales, producto de una mayor frecuencia en la negociación de acciones mineras durante el último semestre de 2006. De esta manera, a partir del 02 de enero de 2007, en la cartera del IGBVL el peso de las acciones mineras es de 60,7%, mientras que en la cartera del ISBVL es de 77,8% comparados con los 57,8% y el 74,5% vigentes durante la segunda mitad de 2006.

Finalmente, la evolución positiva del precio del oro, el cobre y el zinc, debido principalmente a la gran demanda China, han influido en el incremento del precio de las acciones de empresas mineras lo que a su vez genera utilidades importantes en dichas empresas dando fundamentos económicos a los inversionistas para mantener sus órdenes de compra y mantener así dichos precios al alza. No obstante, se podría observar una mayor volatilidad y correcciones a la baja en la BVL debido a esta mayor dependencia a estos cambios exógenos (externos) que incentivan constantes recomposiciones de portafolios y flujo de capitales de corto plazo fuera del mercado accionario por parte de los inversionistas institucionales y extranjeros, respectivamente.
[1] Al cierre de marzo de 2007, el patrimonio administrado por los fondos mutuos se incrementó en 48% respecto al mismo período del año pasado. Fuente: Diario “Gestión” del 11 de abril del 2007.
[2] De enero a marzo de 2007, se han inscrito siete nuevos Fondos Mutuos, que serán administrados por BBVA Fondos Continental, Credifondo y por Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos. Fuente: Diario “Gestión” del 11 de abril del 2007
[3] www.sbs.gob.pe

Giampietri: El Topo de Fujimori

Por: Rafael González Delgado

La presencia de Alberto Pandolfi como responsable del Programa de Reducción de Vulnerabilidad ante el Evento Recurrente del Fenómeno El Niño (Preven) a pesar de que este se encontraba inhabilitado por el Congreso para ejercer cualquier cargo público durante diez años ha dejado una gran interrogante. ¿Fue un error político como aducen Del Castillo y compañía? O ¿fue una decisión intencional, muy bien pensada con el objetivo de consolidar una alianza con el fujimorismo?.

Pandolfi, fue Primer Ministro de Fujimori en dos ocasiones, y uno de los colaboradores y defensores más acérrimos de Montesinos calificándolo en 1996 ante el Congreso como estratega en la lucha contra el terrorismo.

Es demasiada coincidencia que un personaje como Luis Giampietri, tan cuestionado, identificado con el fujimorismo y vinculado a violaciones de Derechos Humanos perpetrados justamente en el régimen del prófugo Alberto Fujimori, haya sido la persona que propusiera a Pandolfi como director ejecutivo del Programa de Reducción de Vulnerabilidad frente al Evento Recurrente de El Niño (PREVEN). La intención no era otra que tener un “agente” dentro del gobierno.

Estos hechos coinciden con las declaraciones hechas hace dos semanas por Fujimori, en las que le atribuye los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su gobierno al Ejercito Peruano, subestimando y haciendo creer a los peruanos que no sabía nada de dichas acciones. El otro hecho coincidente es decisión de la bancada fujimorista de rechazar la posición de la Primera Sala Penal Anticorrupción de citar como testigo, pero de grado o fuerza, al Primer Vicepresidente Luis Giampietri, en los casos del grupo Colina.

Ahora el Premier Del Castillo siguiendo el ejemplo de Fujimori nos quiere hacer nuevamente “tontos”, alegando inocencia y mala memoria con respecto a la inhabilitación de Pandolfi, cuando no han pasado mas de cuatro años de que él mismo votara a favor de ésta.

Estamos acostumbrados a las “alianzas” apristas a lo largo de la historia. Pero es indignante ver a un Del Castillo avalar la designación de un personaje, que el mismo inhabilito por corrupto con su voto, y trabajar “hombro a hombro” durante cinco meses con el personaje que un día acuso, pues Pandolfi colaboro como “experto”, activamente en el Consejo de Ministros, llegando incluso a viajar como parte de delegaciones gubernamentales.

Es preocupante ver como nuevamente los fujimoristas van tomando notoriedad en el ambiente político del país, actitudes como la de Giampietri desafiando al poder Judicial y la designación de Pandolfi, crean un panorama negativo y de pesimismo para la extradición de Fujimori, más aún ahora cuando estamos a escasos días de que la Fiscalía Suprema de Chile emita su dictamen en torno al Caso fujimori.

¿Quién soluciona el problema de los abogados?

Por: Iván González Delgado

Algunas veces se habrá escuchado frases como “…este muchacho será abogado porque es bien pleitista y conflictivo”, “… Que bien habla ¿no?, ese chico será abogado” y otras frases por el estilo, pero, ¿por qué estampar a cada muchacho, sea desde su niñez o desde su adolescencia, con una cláusula inquebrantable y taxativa que tiene inclinaciones para ser abogado?, más aún si se tienen los conceptos equivocados respecto a la verdadera esencia del derecho y de quienes ejercen la abogacía.

En toda sociedad, existen conflictos interpersonales, y para solucionar las desavenencias recurren al Estado, representado por su Poder Judicial, quien administrará justicia; el ciudadano recurre al Poder Judicial por intermedio de un abogado, profesional quien conoce y alega las normas de todo un sistema jurídico aplicable en una circunscripción territorial, para que el magistrado lo aplique a un caso en concreto, y así dicte sentencia.

De lo antes mencionado, se desprende la siguiente pregunta, ¿porqué erróneamente se identifica abogado con conflictivo? por el contrario, como lo manifesté líneas arriba, un abogado es quien evita el conflicto y tiende de esa forma a solucionarlos, el abogado es (o debe ser) un consultor jurídico, un asesor, orientador o consejero en temas legales, en quien se deposita las más plena confianza de un problema legal, para la consecución de una solución. Lamentablemente la proliferación indiscriminada de abogados provoca un “hacinamiento de leguleyos y tinterillos” personas con poca o ninguna preparación ética ni profesional, a quienes ingenuos ciudadanos litigantes recurren para la solución de sus problemas legales, y no solo es la ingenuidad, sino que es el mismo mercado libre y competitivo, pues a más abogados más alternativas para los potenciales clientes, quienes acuden a los abogados “menos caros”, existiendo un “malbarateo” de nuestra profesión.

Hay un punto que considero también saltante en esta situación de los abogados, y esto se aprecia si hacemos un paralelo, por ejemplo, con el continente europeo o los EEUU, pues el desempeño y ejercicio de los abogados tiene mucho que ver con la situación de desarrollo, el contexto político, social y económico, que viven cada uno de los países que conforman un continente y claro está, el continente visto globalmente.

En este sentido, la situación que se vive en cada país y secundariamente en el continente al que pertenecen, estructuran, influyen y forman la manera de pensar de cada ciudadano, generalmente desde su adolescencia y más aún si se tiene inclinación por estudiar una carrera de leyes o ciencia política, así tenemos que en Europa o los EEUU, encontramos excelentes abogados dedicados mayormente a la asesoría de empresas, a consultoría y análisis de temas jurídico-económicos, temas de productividad e inversión, en suma a abogados dentro de un multiplicado abanico de alternativas de asesoría jurídica, quizá áreas que no son muy estudiadas en América Latina, permitiendo un ejercicio de la abogacía con mayores opciones dentro de un libre mercado competitivo donde la demanda será mayor y la oferta menor, elevando el nivel de los abogados profesional y académicamente.

Por otro lado, en América Latina, existe una gran abundancia de abogados porque conciente o subconscientemente, su motivo es la defensa del más débil, la realización de justicia ante los abusos, encuadrando la profesión en un solo arista, derecho penal, divorcios, alimentos, filiaciones y otros procesos por el estilo, más aún, enmarcando la figura del abogado percibida de un escenario televisivo, fílmico o publicitario en donde, aunque parezca una tontería, la gran mayoría de ciudadanos que no conocen de dercho, piensa que la abogacía se limita al litigio, a la figura de un juez vestido con toga y birrete (o quizá con esas blancas pelucas rizadas como en antaño), a la escena del abogado exponiendo y el público en la parte posterior de la sala , el fiscal y el jurado( que solo existe en el derecho anglosajón), qué aberración!!! por favor.

El campo del litigio lamentablemente ha sido una puerta abierta para el ingreso de los tinterillos, por lo que el Colegio de Abogados debe exigirle al ejecutivo o quizá al Congreso, que eviten el excesivo egreso de profesionales de tantas facultades de derecho, que no alcanzan los estándares ni niveles requeridos, sin un cátedra con una debida escuela jurídica y sin una adecuada biblioteca. Se debe exigir que no se autorice el funcionamiento de nuevas facultades de Derecho a entidades que no cuentan con los recursos necesarios, en pocas palabras una regulación más exhaustiva en el establecimiento y funcionamiento de las facultades de derecho.

Tenemos, por ejemplo, que el incremento de los de los estudiantes de las facultades de Derecho ha sido sustancial, por ejemplo en el año 1960 eran de 1,338 y en1986 aumentó en 37,119[1]. Así en el año 2000 tenemos el siguiente cuadro[2]:

Cuadro
UNIVERSIDAD...........cantidad.........Porcentaje........Facultades de Derecho...........cantidad.........Porcentaje
Publica...........................31................40.26%........................Pública...........................18....................40%
Privada..........................46................59.74%........................Privada...........................27....................60%
Total..............................77................100%...........................Total...............................45...................100%

El contexto de la educación superior en el Perú, ha sido a lo largo de su historia de desatención, indiferencia y desprecio, donde la falta de regulación ha tenido consecuencias muy negativas sobretodo en el ámbito de las facultades de derecho, y la razón es que para establecer una facultad de derecho en una universidad, no se requiere de una inversión grande de recursos, comparativamente hablando con la que se hace en otras facultades, pues se requiere de libros, un catedrático que sea abogado (no sabemos de qué nivel profesional y experiencia), que solo exponga la información, si un debido análisis o interpretación, al parecer algo suficiente en la mayoría de facultades de derecho, y claro esto hace que el estudiante solo se limite a memorizar la información que se le proporcionó.

Otro punto que alienta el interés de los jóvenes para estudiar derecho es la imagen que se percibe en la relación entre el derecho y el poder[3], obviando consideraciones más importantes como el desempeño de una profesión envuelta de una conciencia ética. Por tanto, es un reto la formación de valores en las facultades de derecho, valores que van desde la realización del estudiante como abogado del día a día, hasta la intervención directa o indirectamente en la estructura y consolidación de valores democráticos que degeneran en dictaduras y modelos autoritarios.

Los abogados tenemos un papel fundamental de responsabilidad y compromiso, en la vida política del Perú, llevando a cabo condiciones de fortalecimiento y seguridad en las instituciones que hagan viable una vida social y política enmarcada en la democracia, pues son factores fundamentales como voceros de la legalidad y de la cultura ética en todo espacio político, profesional, cultural y social, permitiendo crear un ámbito de seguridad jurídica que garantice las tan esperadas y ansiadas inversiones. Es por ello que las facultades de derecho tienen una gran responsabilidad en la contribución al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas, y ello se vincula con la creación de un escenario en el que se facilite el ejercicio eficiente de una profesión legal, pues por el contrario aumentarían las condiciones de arbitrariedad, corrupción, de una burocracia displicente y abusiva.

En suma, las facultades de derecho deben organizar planes de estudios relacionados a las demandas de la sociedad, dentro de la cual se encuentra el mercado profesional, no generando falsas expectativas de empleo. Pues la consecuencia, ya palpable, será el aumento del desempleo y el detrimento de los ámbitos profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado.

[1] Fuente: Asamblea Nacional de Rectores. Secretaría Ejecutiva de Coordinación interuniversitaria. Boletín Perú. Estadísticas universitarias 1960-86. Lima año 9 Nº 10. Junio de 1988.
[2] Fuente: Dirección de estadística e Informática de la ANR, fecha 21 de septiembre de 2000. “La Enseñanza del Derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades” de Gorki Gonzales Mantilla
[3] La Enseñanza del Derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades” de Gorki Gonzales Mantillaseñanza del Derecho en el Perú: Cambios, resistencias y continuidades” de Gorki Gonzales Mantilla