Asesoría e Investigación en Temas Jurídicos, Económicos y Sociales.

miércoles, 24 de enero de 2007

La ineficiencia del “Shock de Inversiones”

Por: Mauricio Hilbck Rios
En septiembre de 2006, fue aprobado el Crédito Suplementario mediante Ley Nº 28880 por un monto total de S/. 1,937.2 Millones, de los cuales, según su distribución por grupo genérico de gastos[1], tendría el 70.4% de incidencia sobre el gasto en inversiones. Este “shock de inversiones” de corto plazo, se orientaría principalmente a los sectores Vivienda y Construcción[2], Educación, Transportes y Energía y Minas. Dado que se espera una ligera desaceleración de la economía para el año 2007, este anuncio fue positivo puesto que esta inyección de inversión pública contrarrestaría parcialmente una probable reducción de la inversión privada durante el 2007.

Sin embargo, la semana pasada, el Contralor General de la República declaró, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que, al 31 de diciembre del 2006, sólo el 8.6% del monto total del crédito suplementario había sido gastado por las diversas instancias del Estado. Al respecto, el Ministro de Economía, en respuesta a estas declaraciones, explicó que hasta fines del año pasado se había gastado el 52% de dicho crédito. Por otro lado, afirmó que las diferencias con el contralor pueden deberse también a los conceptos de recursos devengados[3] versus girados[4], aclarando que según los estándares internacionales, la ejecución del gasto se considera en la etapa de devengados, no en la etapa de recursos girados o pagados. Finalmente, ante esta confusión de datos, el Presidente García calificó de “malos aliados” a los gobiernos locales y regionales pues, según el mandatario, esta lentitud en la ejecución del gasto se debe a la ineficiencia de dichas instancias gubernamentales.

Las declaraciones del presidente García no hacen más que reafirmar lo que ya conocíamos: la ineficiencia en la ejecución de la inversión pública debido al desborde de las capacidades de gasto del Estado Peruano[5]. De esta manera, García solamente ha diagnosticado el problema sin proponer soluciones al mismo. Es cierto que las instancias intermedias de Gobierno (regionales y locales), no tienen la infraestructura necesaria para realizar una ejecución eficiente del gasto pero, justamente, un programa de capacitación de los encargados de proponer, ejecutar y supervisar los proyectos debió ser una de las condiciones iniciales[6], que el Gobierno Central debió tomar en cuenta, antes de iniciar el tan publicitado “Shock de inversiones”. Finalmente, es necesario a mediano plazo, complementar esta mayor disponibilidad de recursos públicos con un programa de Asociaciones Público Privadas que cubriría la falta de gerencia pública en el Estado y promovería un uso más eficiente de los recursos en aras de reducir el déficit de infraestructura del país como meta intermedia para la reducción de la pobreza.

[1] Anexo de la Ley Nº 28880.
[2]Complementariamente se emitió el Decreto Supremo 024-2006, que permite la agilización de los procesos para la aprobación de los proyectos de agua y desagüe.
[3] Compromiso de desembolso o pago de la obra pero aún no, la entrega efectiva de los recursos.
[4] Pago efectivo de los recursos.
[5] Incluso, el mismo ministro Carranza declaró que de todos los proyectos que han sido aprobados por el SNIP desde el 2005 hasta la fecha, sólo se ha ejecutado el 11%. Fuente: Gestión, 18 de enero del 2007.
[6] Lo cual reforzaría, además, la adecuada transferencia de recursos y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de un proceso de descentralización.

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