Por: Leonidas Wiener Ramos
En una muestra de sensatez y celeridad que bien podrían imitarse por estos lares, el Tribunal Constitucional de Chile declaró contraria a la Carta Magna la pretensión del ejecutivo chileno de introducir una cuestión limítrofe con el Perú en el proyecto de ley para la creación de la región Arica y Parinacota.
El mencionado proyecto señalaba que la región tendría por el norte el “límite con Perú, desde el paralelo del hito número uno en el mar chileno hasta el hito número 80 tripartito de la frontera con Bolivia”. El problema se suscita al constatar que el referido hito número uno se encuentra a unos 220 metros hacia el noroeste, dentro del territorio peruano. Dicha demarcación suponía para el Perú la pérdida de un área entre 19 mil y 35 mil metros cuadrados de tierra, además de la abierta violación del tratado de límites de 1929.
Sin embargo, la intervención del Tribunal Constitucional de Chile pudo superar este ligero conflicto, que se constituyó en el primero entre Perú y Chile dentro del gobierno de García. Es de destacar que la presidenta Bachelet tuvo la oportunidad de enmendar su error y vetar la cuestionada ley, tal como lo manda la legislación chilena, pero no lo hizo. Trascendió en los medios chilenos que una rectificación de la presidenta hubiera significado una muestra de debilidad ante la oposición, por lo cual ella se mantuvo en su posición hasta el final, contribuyendo a deteriorar unas relaciones bilaterales que se encontraban en un estado de distensión desde finales del gobierno de Toledo.
El reciente impase trajo a colación un tema que, coyunturalmente, había sido relegado a un segundo plano por parte de ambos gobiernos, el tema de los límites marítimos. Sabido es que, en 1952 y 1954 se celebraron dos convenios marítimos entre Perú, Ecuador y Chile, en los cuales los países firmantes reivindicaban la territorialidad de las 200 millas marinas de anchura a lo largo de sus costas y establecían un convenio pesquero, respectivamente. La posición chilena es que tales documentos constituyen límites marítimos con el Perú, y que para su delimitación se utiliza el método del paralelo, en virtud a un punto del Convenio de 1952 en el cual se establecía que en el caso de islas cercanas a las zonas fronterizas se utilizará dicho método. Esta es una situación que geográficamente sólo se presenta entre Perú y Ecuador, por lo que mal haría Chile en pretender establecer un tratado de límites marítimos en base a una norma de excepción como la referida.
En una conversación con un diplomático peruano hace un par de años, recuerdo que le pregunté porqué el tema de la delimitación marítima con Chile se había diferido tanto tiempo, ya que una reiterada pasividad por parte de la diplomacia peruana a lo largo del tiempo podría repercutir en el fortalecimiento de la posición chilena. Él me señaló que, si el tema no se había tratado públicamente antes era porque en esos momentos el conflicto con Ecuador aún se encontraba vigente y no era conveniente, estratégicamente, abrir dos frentes.
Sin embargo, el conflicto con Ecuador culminó, o al menos eso parece, y el tema de la delimitación marítima se sigue difiriendo en aras de la “cooperación” y la “integración económica” con Chile. Discrepo con el tratamiento absurdo y precipitado que los funcionarios del gobierno de Toledo le dieron al tema, pero tampoco concuerdo totalmente con la posición del gobierno actual. Considero que todo proceso de integración es importante, ya sea a nivel bilateral o regional, pero existen intereses nacionales más importantes que deben ser preservados aún a costa de ver peligrar las relaciones económicas en un corto plazo. Creo que todo proceso de integración debe basarse en un respeto mutuo, y las últimas acciones del gobierno chileno tal vez difieran de la sintonía amical que pretende establecer el gobierno peruano en sus relaciones bilaterales con Chile.
Por citar un ejemplo relacionado al tema se puede mencionar el caso boliviano. Como es bien sabido, Bolivia tiene una enorme reserva de gas natural, y Chile padece de una crisis energética desde hace un buen tiempo, por lo que pretende adquirir gas boliviano para no depender fundamentalmente del abastecimiento de Argentina. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales no tiene intenciones de suministrarle gas en tanto el gobierno chileno no le conceda una salida soberana al mar, o una figura parecida. Asimismo, y en una maniobra, a mi entender, inteligente, el gobierno boliviano le ha prohibido al gobierno argentino revender a Chile el gas natural que le viene suministrando. Al margen de otros temas, creo que este es un buen ejemplo de cómo se puede equilibrar los intereses económicos con los intereses nacionales a través de un estratégico tratamiento de recursos tan vitales como la energía.
Finalmente, considero que es vital para el Perú su pronta adhesión a la Convención del Mar, debido a que en una eventual contienda o negociación futura entre ambos países, la posición peruana se vería respaldada por este instrumento jurídico. Dicha Convención establece que la línea media o equidistante, que sería la que le favorece al Perú por la forma diagonal de su perfil costero, es la que deben utilizar los Estados para delimitar las 12 millas marítimas (o “mar territorial” según la Convención), y en jurisprudencias sobre resolución de límites marítimos ha sido considerada como la más justa o equivalente.
En una muestra de sensatez y celeridad que bien podrían imitarse por estos lares, el Tribunal Constitucional de Chile declaró contraria a la Carta Magna la pretensión del ejecutivo chileno de introducir una cuestión limítrofe con el Perú en el proyecto de ley para la creación de la región Arica y Parinacota.
El mencionado proyecto señalaba que la región tendría por el norte el “límite con Perú, desde el paralelo del hito número uno en el mar chileno hasta el hito número 80 tripartito de la frontera con Bolivia”. El problema se suscita al constatar que el referido hito número uno se encuentra a unos 220 metros hacia el noroeste, dentro del territorio peruano. Dicha demarcación suponía para el Perú la pérdida de un área entre 19 mil y 35 mil metros cuadrados de tierra, además de la abierta violación del tratado de límites de 1929.
Sin embargo, la intervención del Tribunal Constitucional de Chile pudo superar este ligero conflicto, que se constituyó en el primero entre Perú y Chile dentro del gobierno de García. Es de destacar que la presidenta Bachelet tuvo la oportunidad de enmendar su error y vetar la cuestionada ley, tal como lo manda la legislación chilena, pero no lo hizo. Trascendió en los medios chilenos que una rectificación de la presidenta hubiera significado una muestra de debilidad ante la oposición, por lo cual ella se mantuvo en su posición hasta el final, contribuyendo a deteriorar unas relaciones bilaterales que se encontraban en un estado de distensión desde finales del gobierno de Toledo.
El reciente impase trajo a colación un tema que, coyunturalmente, había sido relegado a un segundo plano por parte de ambos gobiernos, el tema de los límites marítimos. Sabido es que, en 1952 y 1954 se celebraron dos convenios marítimos entre Perú, Ecuador y Chile, en los cuales los países firmantes reivindicaban la territorialidad de las 200 millas marinas de anchura a lo largo de sus costas y establecían un convenio pesquero, respectivamente. La posición chilena es que tales documentos constituyen límites marítimos con el Perú, y que para su delimitación se utiliza el método del paralelo, en virtud a un punto del Convenio de 1952 en el cual se establecía que en el caso de islas cercanas a las zonas fronterizas se utilizará dicho método. Esta es una situación que geográficamente sólo se presenta entre Perú y Ecuador, por lo que mal haría Chile en pretender establecer un tratado de límites marítimos en base a una norma de excepción como la referida.
En una conversación con un diplomático peruano hace un par de años, recuerdo que le pregunté porqué el tema de la delimitación marítima con Chile se había diferido tanto tiempo, ya que una reiterada pasividad por parte de la diplomacia peruana a lo largo del tiempo podría repercutir en el fortalecimiento de la posición chilena. Él me señaló que, si el tema no se había tratado públicamente antes era porque en esos momentos el conflicto con Ecuador aún se encontraba vigente y no era conveniente, estratégicamente, abrir dos frentes.
Sin embargo, el conflicto con Ecuador culminó, o al menos eso parece, y el tema de la delimitación marítima se sigue difiriendo en aras de la “cooperación” y la “integración económica” con Chile. Discrepo con el tratamiento absurdo y precipitado que los funcionarios del gobierno de Toledo le dieron al tema, pero tampoco concuerdo totalmente con la posición del gobierno actual. Considero que todo proceso de integración es importante, ya sea a nivel bilateral o regional, pero existen intereses nacionales más importantes que deben ser preservados aún a costa de ver peligrar las relaciones económicas en un corto plazo. Creo que todo proceso de integración debe basarse en un respeto mutuo, y las últimas acciones del gobierno chileno tal vez difieran de la sintonía amical que pretende establecer el gobierno peruano en sus relaciones bilaterales con Chile.
Por citar un ejemplo relacionado al tema se puede mencionar el caso boliviano. Como es bien sabido, Bolivia tiene una enorme reserva de gas natural, y Chile padece de una crisis energética desde hace un buen tiempo, por lo que pretende adquirir gas boliviano para no depender fundamentalmente del abastecimiento de Argentina. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales no tiene intenciones de suministrarle gas en tanto el gobierno chileno no le conceda una salida soberana al mar, o una figura parecida. Asimismo, y en una maniobra, a mi entender, inteligente, el gobierno boliviano le ha prohibido al gobierno argentino revender a Chile el gas natural que le viene suministrando. Al margen de otros temas, creo que este es un buen ejemplo de cómo se puede equilibrar los intereses económicos con los intereses nacionales a través de un estratégico tratamiento de recursos tan vitales como la energía.
Finalmente, considero que es vital para el Perú su pronta adhesión a la Convención del Mar, debido a que en una eventual contienda o negociación futura entre ambos países, la posición peruana se vería respaldada por este instrumento jurídico. Dicha Convención establece que la línea media o equidistante, que sería la que le favorece al Perú por la forma diagonal de su perfil costero, es la que deben utilizar los Estados para delimitar las 12 millas marítimas (o “mar territorial” según la Convención), y en jurisprudencias sobre resolución de límites marítimos ha sido considerada como la más justa o equivalente.
1 comentario:
Dr. Leonidas, muy interesante su apreciación y muy clara su puesta al tapete del reciente conflicto con Chile, pero es importante creo yo, se haga incapié en los comentarios del diplomático con quien se comentó la pasividad de la posición Peruana en dicho conflicto. En primer lugar hay que reconocer la habilidad de la diplomacia Peruana a lo largo de tantos años, en los que sin poder bélico considerable logran mantener la soberanía a pesar del ridículo Km2 que se cedió con Ecuador. No hay que olvidar que la fuerza la usa quien no tiene la razón, y Chile se jacta de tener "ambas".
Un abrazo Renato Roncal B.
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