Por: Rafael González Delgado
La muerte de un interno en el penal Castro Castro y dos internos en el penal de Pocollay, en la ciudad de Tacna, en la última semana ha puesto sobre el tapete, nuevamente, un viejo problema: la crítica situación de los penales en el Perú. Reyertas y motines como éstos nos recuerdan las ínfimas condiciones de los internos y los centros penitenciarios en nuestro país.
Al respecto, es preciso recordar que dos de los principales y más graves problemas que afronta el sistema penitenciario en nuestro país son el hacinamiento y las condiciones de las cárceles. Teniendo a Julio del año pasado, 36,026 (Treinta y seis mil veintiséis) presos en las cárceles,[1] -que excede en algunos casos el número de internos hasta en seis veces su capacidad real y un 90% de éstos centros penitenciarios del país en pésimas condiciones- el sistema carcelario está colapsado. El número de presos aumenta día a día, sin embargo, el presupuesto y el número de nuevos centros penitenciarios no aumenta en la misma proporción, “el aumento de la población penal en los últimos 10 años es de aproximadamente 4,8 %”[2]. De ello deducimos que, definitivamente, existe un serio déficit en la infraestructura del sistema penitenciario peruano.
Como consecuencia de esta sobrepoblación y hacinamiento, surge una inadecuada organización y un insuficiente control dentro de los penales, por lo que no se le da al reo una buena atención alimentaria ni hospitalaria. Ello conlleva a que el reo viva en condiciones infrahumanas, en contradicción con lo que dispone el artículo 3° del Código de Ejecución Penal que señala que “[e]l interno ocupa un ambiente adecuado y está sujeto a tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación.”[3]
Otra de las consecuencias de éste hacinamiento es que los penales se han convertido en focos de transmisión de enfermedades venéreas e infectocontagiosas. Es alarmante el número de muertes por estas causas, las cuales llegan a ser mayores que el número de muertes causado por reyertas o motines.
A nuestro entender, el mejoramiento del sistema carcelario debe partir por aceptar que, en la actualidad, éstas no cumplen con su principal función de reeducación, rehabilitación y posterior reincorporación del reo a la sociedad; muy por el contrario, es sabido que las cárceles se convierten en centros de perfeccionamiento delictivo.
En este sentido, la solución del sistema carcelario, pasa por una reforma integral que comience a fojas cero, donde se integren el Estado y la sociedad, comenzando por la reforma tan mentada del Poder Judicial, que es uno de los mayores responsables del hacinamiento en los penales por su lentitud e ineficiencia para resolver los procesos. Y corresponde aquí mencionar que el número de reos procesados supera altamente al número de reos sentenciados. “Los primeros suman 24,649 que equivale el 68,4% de la población total, y los segundos bordean los 11,377, que representan el 31.6% de la población encarcelada”.[4] Es inaudito, que procesos por delitos no graves que deberían durar entre 3 o 4 meses, se prolonguen hasta los 3 o 4 años, lo que origina el alto porcentaje de reos sin sentencia.
Estos factores, hacen que el sistema carcelario en el Perú se encuentre en crisis, por lo que se necesitan medidas urgentes y eficaces, por ello sería acertada la decisión de retomar el primer esfuerzo que se inicio durante el gobierno transitorio y concretar la idea privatizar el sistema penitenciario, para que sean las empresas privadas las encargadas de la construcción y administración de los centros penitenciarios, que ofrezcan el servicio y la atención adecuada, así como un personal idóneo y capacitado que permita que éstos se conviertan en verdaderos centros de ayuda a la rehabilitación, reeducación y reincorporación social del reo.
[1] Informe correspondiente al mes de Julio de 2006, elaborado por la Oficina de Estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Justicia.
[2] COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL SEAS. Informe Penitenciario 2006. p.13.
[3] DECRETO LEGISLATIVO N° 654 - CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
[4] COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL SEAS Op. Cit. p. 14
La muerte de un interno en el penal Castro Castro y dos internos en el penal de Pocollay, en la ciudad de Tacna, en la última semana ha puesto sobre el tapete, nuevamente, un viejo problema: la crítica situación de los penales en el Perú. Reyertas y motines como éstos nos recuerdan las ínfimas condiciones de los internos y los centros penitenciarios en nuestro país.
Al respecto, es preciso recordar que dos de los principales y más graves problemas que afronta el sistema penitenciario en nuestro país son el hacinamiento y las condiciones de las cárceles. Teniendo a Julio del año pasado, 36,026 (Treinta y seis mil veintiséis) presos en las cárceles,[1] -que excede en algunos casos el número de internos hasta en seis veces su capacidad real y un 90% de éstos centros penitenciarios del país en pésimas condiciones- el sistema carcelario está colapsado. El número de presos aumenta día a día, sin embargo, el presupuesto y el número de nuevos centros penitenciarios no aumenta en la misma proporción, “el aumento de la población penal en los últimos 10 años es de aproximadamente 4,8 %”[2]. De ello deducimos que, definitivamente, existe un serio déficit en la infraestructura del sistema penitenciario peruano.
Como consecuencia de esta sobrepoblación y hacinamiento, surge una inadecuada organización y un insuficiente control dentro de los penales, por lo que no se le da al reo una buena atención alimentaria ni hospitalaria. Ello conlleva a que el reo viva en condiciones infrahumanas, en contradicción con lo que dispone el artículo 3° del Código de Ejecución Penal que señala que “[e]l interno ocupa un ambiente adecuado y está sujeto a tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación.”[3]
Otra de las consecuencias de éste hacinamiento es que los penales se han convertido en focos de transmisión de enfermedades venéreas e infectocontagiosas. Es alarmante el número de muertes por estas causas, las cuales llegan a ser mayores que el número de muertes causado por reyertas o motines.
A nuestro entender, el mejoramiento del sistema carcelario debe partir por aceptar que, en la actualidad, éstas no cumplen con su principal función de reeducación, rehabilitación y posterior reincorporación del reo a la sociedad; muy por el contrario, es sabido que las cárceles se convierten en centros de perfeccionamiento delictivo.
En este sentido, la solución del sistema carcelario, pasa por una reforma integral que comience a fojas cero, donde se integren el Estado y la sociedad, comenzando por la reforma tan mentada del Poder Judicial, que es uno de los mayores responsables del hacinamiento en los penales por su lentitud e ineficiencia para resolver los procesos. Y corresponde aquí mencionar que el número de reos procesados supera altamente al número de reos sentenciados. “Los primeros suman 24,649 que equivale el 68,4% de la población total, y los segundos bordean los 11,377, que representan el 31.6% de la población encarcelada”.[4] Es inaudito, que procesos por delitos no graves que deberían durar entre 3 o 4 meses, se prolonguen hasta los 3 o 4 años, lo que origina el alto porcentaje de reos sin sentencia.
Estos factores, hacen que el sistema carcelario en el Perú se encuentre en crisis, por lo que se necesitan medidas urgentes y eficaces, por ello sería acertada la decisión de retomar el primer esfuerzo que se inicio durante el gobierno transitorio y concretar la idea privatizar el sistema penitenciario, para que sean las empresas privadas las encargadas de la construcción y administración de los centros penitenciarios, que ofrezcan el servicio y la atención adecuada, así como un personal idóneo y capacitado que permita que éstos se conviertan en verdaderos centros de ayuda a la rehabilitación, reeducación y reincorporación social del reo.
[1] Informe correspondiente al mes de Julio de 2006, elaborado por la Oficina de Estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Justicia.
[2] COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL SEAS. Informe Penitenciario 2006. p.13.
[3] DECRETO LEGISLATIVO N° 654 - CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL
[4] COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL SEAS Op. Cit. p. 14
2 comentarios:
es cierto lo que señala el presente articulo, se deberia tomar cartas en el asunto de una buena vez debido a quie esto no es un problema reciente sino de años , ademas por el gran incremento de poblacion que año a año va siendo mayor;de manera tal que el poder judicial. cambie la manera del procedimeiento lento de los casos,, que de una veez por todas aceleren las situaciones juridicas que suscitan en nuestra vida diaria,...esto es mas que un jalon de orejas al estado.. puesto que las estadisticas que señala el inpe respecto de los reos sin condena es muy elevado, en silencio y murmurando lamentan nuestro sistema judicial...
EL TEMA DE LA PRIVATIZACION, NO ES UN TOPICO SENCILLO. LAS EXPERIENZAS PRIVATIZADORAS EN OTROS PAISES SOLO HAN REPORTADO DESASTRES Y MALAS PRACTICAS.
CUANDO NOS HABLAN DE PRIVATIZACION LA SIMPLE IMAGINACION Y ALGUNOS INTERESES CREADOS, NOS HACEN CREER, QUE UN PENAL PRIVATIZADO FUNCIONA SOLO CON EL CAPITAL DEL PRIVATIZADOR; ERROR, EL DINERO QUE UTILIZA ES EL DEL ESTADO. ESTE ULTIMO LE PAGA AL PRIVATIZADOR EL COSTO DEL PENAL(de manera diferida y con intereses), LOS SERVICIOS (AGUA, LUZ,ETC), ALIMENTACION DE INTERNOS Y COSTOS DEL PERSONAL. EL ESTADO GASTA MUCHO MAS.SI ESTO ES ASI ¿DONDE ESTA LA VENTAJA?
ES CIERTO QUE EL PROBLEMA PENITENCIARIO ES ALGIDO, PERO NO CREO QUE PASE POR "PRIVATIZAR". AQUI EN LA SOLUCION DE ESTE PROBLEMA EL PODER JUDICIAL TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD, LA AGILIDAD EN SUS TRAMITES Y SENTENCIAS PERMITIRA DESCONGESTIONAR LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES, UNA COHERENTE POLITICA DE REVISION DE CASOS DETERMINARA QUE MUCHOS ESTAN RECLUIDOS INJUSTAMENTE Y SE LES TENDRA QUE DAR LIBERTAD Y HACIENDO DE LOS PENALES CENTROS REALMENTE PRODUCTIVOS Y CAMBIANDO LA LESGISLACION PARA QUE TODO INTERNO TRABAJE Y COSTEE SU ESTANCIA LAS COSAS CAMBIRAN.
HAY MAS POR DECIR .... EL TEMA ES MUY AMPLIO Y DEBATIBLE.
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