Mauricio Hilbck Ríos
Durante el período comprendido entre Noviembre del 2005 a Diciembre del 2006, se ha configurado un nuevo mapa político en Latinoamérica, debido a las 12 elecciones presidenciales que se llevaron a cabo durante dicho período. Es claro que, la tendencia en la región, ha significado un desplazamiento hacia la izquierda del espectro político, aunque a través de diversas vertientes. De tal manera, el punto clave es conocer la línea política que seguirán los gobiernos representados por partidos de origen izquierdista. En particular, Sudamérica cuenta con dos de los personajes políticos más influyentes a nivel internacional, los cuales representan las vertientes mencionadas: por un lado se encuentra el actual presidente venezolano, Hugo Chávez, quién con un sesgo ideológico “nacionalista” y “populista”, se opone radicalmente al sector privado y al régimen del presidente norteamericano George W. Bush, a lo que hay que agregar sus fuertes vínculos con Cuba e Irán; por otro lado, Luis Inacio Lula Da Silva, actual presidente del Brasil, quién ha demostrado ser más cercano a la economía de mercado y muy cauto en materia fiscal, además de haber mantenido la estabilidad macroeconómica como medio necesario pero no suficiente para la reducción de la pobreza.
Dentro de este contexto político, es claro que existen importantes efectos económicos de acuerdo a la orientación política que adopte cada uno de los países que conforman la región: una de ellas cargada de decisiones puramente ideológicas y otra más pragmática y sensata. En primer lugar, la opción política tomada por cada país es seguida muy de cerca, además de los gobiernos de las grandes potencias, por los potenciales inversionistas extranjeros, quienes serían los encargados de inyectar el capital necesario para, por ejemplo, mejorar la infraestructura de nuestros países, generar empleo de calidad y acelerar el crecimiento económico con miras a la reducción de la pobreza.
Al respecto, el pasado mes de enero, al iniciar su segundo mandato, Hugo Chávez anunció una serie de medidas que afectaron de inmediato a la economía venezolana. Así, el anunció de la estatización de las industrias de telecomunicaciones y electricidad, afectaron la bolsa de valores de dicho país, debido a que las acciones de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), privatizada en 1991, se desplomaron en un 40% durante los días siguientes a dicho anuncio. Por otro lado, en un gesto poco democrático, Chávez, anunció la no renovación de la licencia del único medio televisivo opositor (Radio Caracas Televisión-RCTV), y la absorción del Banco Central al Poder Ejecutivo, eliminando de esa manera su autonomía. Finalmente, estos hechos desembocaron en la reducción de la calificación de riesgo país de Venezuela ha BB-, dejando, al país, a tres niveles del grado de inversión y con un deterioro del panorama económico venezolano, de “positivo” a “estable”, según la clasificadora de riesgo “Standard & Poor’s” (S&P).
La misma historia se repite en las economías de los confesos aliados del régimen “chavista”. Por un lado, Evo Morales, presidente de Bolivia, que si bien a través de la nacionalización de las empresas de hidrocarburos, generó ingresos de aproximadamente US$ 700 millones de dólares[1], este tipo de acciones podrían traerle consecuencias negativas en futuras disputas legales con las antiguas empresas privadas de dicha industria energética. Y por otro lado, el flamante presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quién tiene como uno de sus objetivos principales, la reducción del servicio de deuda externa y una futura reestructuración de sus pasivos en bonos globales, con el objetivo de liberar recursos para aumentar el gasto público en salud y educación a fin de reducir la pobreza y desigualdad. Asimismo, el ministro de economía de dicho país, en un primer anuncio señalaba la posibilidad de pagar sólo el 40% del capital de sus bonos globales. Incluso, advirtió que declarar una moratoria podría ser un elemento de presión para que los acreedores accedan a renegociar el monto y las condiciones de la deuda externa que actualmente bordea los diez mil millones de dólares. Esta probable moratoria de deuda ecuatoriana hizo que el pasado martes 30 de enero la agencia Moody’s recortara la calificación de la deuda en moneda extranjera[2] de dicho país a Caa2, con panorama negativo, desde Caa1, con panorama estable[3], dejando al país a 8 niveles del grado de inversión y un nivel por debajo de Cuba. Luego de esto, el índice de riesgo país (EMBI+[4]) ecuatoriano se incrementó en 38.4 puntos básicos[5].
En general, la mayor percepción de riesgo de estos países, afecta a los inversionistas y empresas extranjeras, quienes reducen sus posiciones en títulos de dichos países y los capitales destinados a nuevos proyectos de inversión. Asimismo, ante una mayor incertidumbre, los usuarios del sistema financiero retiran sus depósitos, lo cual reduce las posibilidades de financiamiento de colocaciones bancarias destinadas a la formación de nuevas empresas o proyectos de inversión. De esta manera, la desaceleración de la inversión privada y de los depósitos, tendrán un impacto negativo en el crecimiento económico lo que, finalmente, actuará en dirección opuesta a lo que estos Gobiernos quieren lograr con sus supuestas medidas a favor de los más pobres. Finalmente, desde el punto de vista financiero, esta mayor percepción de riesgo reduce la posibilidad de financiamiento externo mediante líneas de créditos por parte de los bancos, lo que incrementa el riesgo de un rompimiento en la cadena de pagos de la economía[6].
Para fortuna de nuestro país, Alan García ha optado por políticas más pragmáticas y menos radicales[7], manteniendo la estabilidad macroeconómica, tratando de alinearla con las necesidades de los más pobres, mediante la adopción y mantenimiento de políticas sectoriales[8] y sociales en línea con lo hecho por el anterior gobierno de Alejandro Toledo. Incluso, no obstante ciertos errores políticos y falta de celeridad y coordinación en algunas reformas como la Reforma integral del Estado y la del Poder Judicial y el actual entrampamiento en proceso de descentralización, García ha mantenido su popularidad y sintonía con el pueblo gracias a uno de sus primeros anuncios y promesas cumplidas: la austeridad. García dijo que la austeridad marcará su gobierno, y prometió reducir el salario presidencial y el de sus funcionarios, en oposición a lo que se vio durante el gobierno pasado. Otro punto a favor de García, fue el recibir la economía con una inflación controlada, superávit de cuentas externas y un contexto internacional favorable (debido al alza de los precios de los metales) que favorecen nuestras exportaciones. Asimismo, García inició su gobierno manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de Chile y Brasil. Incluso se firmó un tratado comercial con el país vecino del sur y varios acuerdos de cooperación y conexión vial (carreteras transoceánicas) con el vecino del este, lo que incrementará el flujo comercial y de personas entre ambos países.
Entonces, a diferencia del escenario de los países del “bloque nacionalista” antes descrito, el Perú se percibe internacionalmente como una economía saludable dadas las buenas políticas económicas y un contexto externo favorable, lo que nos pone cerca de conseguir el “grado de inversión” (BBB-, según S&P). De esta manera, la economía peruana podría verse favorecida por las decisiones de los países del “bloque nacionalista” puesto que los inversionistas y empresas de dichos país podrían trasladar sus capitales a nuestro país y así incrementar la inversión privada tan necesaria para alcanzar tasas de crecimiento sostenible en el tiempo. No obstante, esta situación dependerá de cuán informado esté el inversionista extranjero, puesto que existe el riesgo que dichos inversionistas extranjeros vean a la región como un solo bloque que comparten los mismos problemas mediante una suerte de contagio regional.
[1] Fuente: Diario Gestión, 6 de febrero del 2007.
[2] En general, la calificación crediticia mide la capacidad de pago de un país para cumplir con sus obligaciones.
[3] El 19 de enero, S&P recortó la calificación de deuda ecuatoriana a CCC- desde CCC. Asimismo, el 23 de enero, Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de ecuador a CCC+ desde B.
[4] Emerging Markets Bond Index Plus, índice publicado por JP Morgan que representa el spread o prima de riesgo del país con respecto a los bonos libres de riesgo del tesoro norteamericano.
[5] Fuente: Reuters.
[6] Que los bancos no cumplan con sus obligaciones con los depositantes y estos, a su vez, con las suyas.
[7] Al parecer, García, ha reconocido el verdadero rol del Estado en la economía: Un estado promotor (de la inversión y el empleo), regulador (de los servicios públicos) y proveedor de bienes públicos, pero no un Estado empresario e intervencionista.
[8] Según el último reporte de indicadores líderes del MEF (http://www.mef.gob.pe/DGAES/btfiscal/N65BTFIndicadoresLideres.pdf), el sector construcción tuvo una expansión del 18.2%, el mayor crecimiento de las actividades no primarias. Este mayor dinamismo del sector es explicado, principalmente, por la continuidad y ampliación del programa “Mi Vivienda” como una política de estado.
Durante el período comprendido entre Noviembre del 2005 a Diciembre del 2006, se ha configurado un nuevo mapa político en Latinoamérica, debido a las 12 elecciones presidenciales que se llevaron a cabo durante dicho período. Es claro que, la tendencia en la región, ha significado un desplazamiento hacia la izquierda del espectro político, aunque a través de diversas vertientes. De tal manera, el punto clave es conocer la línea política que seguirán los gobiernos representados por partidos de origen izquierdista. En particular, Sudamérica cuenta con dos de los personajes políticos más influyentes a nivel internacional, los cuales representan las vertientes mencionadas: por un lado se encuentra el actual presidente venezolano, Hugo Chávez, quién con un sesgo ideológico “nacionalista” y “populista”, se opone radicalmente al sector privado y al régimen del presidente norteamericano George W. Bush, a lo que hay que agregar sus fuertes vínculos con Cuba e Irán; por otro lado, Luis Inacio Lula Da Silva, actual presidente del Brasil, quién ha demostrado ser más cercano a la economía de mercado y muy cauto en materia fiscal, además de haber mantenido la estabilidad macroeconómica como medio necesario pero no suficiente para la reducción de la pobreza.
Dentro de este contexto político, es claro que existen importantes efectos económicos de acuerdo a la orientación política que adopte cada uno de los países que conforman la región: una de ellas cargada de decisiones puramente ideológicas y otra más pragmática y sensata. En primer lugar, la opción política tomada por cada país es seguida muy de cerca, además de los gobiernos de las grandes potencias, por los potenciales inversionistas extranjeros, quienes serían los encargados de inyectar el capital necesario para, por ejemplo, mejorar la infraestructura de nuestros países, generar empleo de calidad y acelerar el crecimiento económico con miras a la reducción de la pobreza.
Al respecto, el pasado mes de enero, al iniciar su segundo mandato, Hugo Chávez anunció una serie de medidas que afectaron de inmediato a la economía venezolana. Así, el anunció de la estatización de las industrias de telecomunicaciones y electricidad, afectaron la bolsa de valores de dicho país, debido a que las acciones de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), privatizada en 1991, se desplomaron en un 40% durante los días siguientes a dicho anuncio. Por otro lado, en un gesto poco democrático, Chávez, anunció la no renovación de la licencia del único medio televisivo opositor (Radio Caracas Televisión-RCTV), y la absorción del Banco Central al Poder Ejecutivo, eliminando de esa manera su autonomía. Finalmente, estos hechos desembocaron en la reducción de la calificación de riesgo país de Venezuela ha BB-, dejando, al país, a tres niveles del grado de inversión y con un deterioro del panorama económico venezolano, de “positivo” a “estable”, según la clasificadora de riesgo “Standard & Poor’s” (S&P).
La misma historia se repite en las economías de los confesos aliados del régimen “chavista”. Por un lado, Evo Morales, presidente de Bolivia, que si bien a través de la nacionalización de las empresas de hidrocarburos, generó ingresos de aproximadamente US$ 700 millones de dólares[1], este tipo de acciones podrían traerle consecuencias negativas en futuras disputas legales con las antiguas empresas privadas de dicha industria energética. Y por otro lado, el flamante presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quién tiene como uno de sus objetivos principales, la reducción del servicio de deuda externa y una futura reestructuración de sus pasivos en bonos globales, con el objetivo de liberar recursos para aumentar el gasto público en salud y educación a fin de reducir la pobreza y desigualdad. Asimismo, el ministro de economía de dicho país, en un primer anuncio señalaba la posibilidad de pagar sólo el 40% del capital de sus bonos globales. Incluso, advirtió que declarar una moratoria podría ser un elemento de presión para que los acreedores accedan a renegociar el monto y las condiciones de la deuda externa que actualmente bordea los diez mil millones de dólares. Esta probable moratoria de deuda ecuatoriana hizo que el pasado martes 30 de enero la agencia Moody’s recortara la calificación de la deuda en moneda extranjera[2] de dicho país a Caa2, con panorama negativo, desde Caa1, con panorama estable[3], dejando al país a 8 niveles del grado de inversión y un nivel por debajo de Cuba. Luego de esto, el índice de riesgo país (EMBI+[4]) ecuatoriano se incrementó en 38.4 puntos básicos[5].
En general, la mayor percepción de riesgo de estos países, afecta a los inversionistas y empresas extranjeras, quienes reducen sus posiciones en títulos de dichos países y los capitales destinados a nuevos proyectos de inversión. Asimismo, ante una mayor incertidumbre, los usuarios del sistema financiero retiran sus depósitos, lo cual reduce las posibilidades de financiamiento de colocaciones bancarias destinadas a la formación de nuevas empresas o proyectos de inversión. De esta manera, la desaceleración de la inversión privada y de los depósitos, tendrán un impacto negativo en el crecimiento económico lo que, finalmente, actuará en dirección opuesta a lo que estos Gobiernos quieren lograr con sus supuestas medidas a favor de los más pobres. Finalmente, desde el punto de vista financiero, esta mayor percepción de riesgo reduce la posibilidad de financiamiento externo mediante líneas de créditos por parte de los bancos, lo que incrementa el riesgo de un rompimiento en la cadena de pagos de la economía[6].
Para fortuna de nuestro país, Alan García ha optado por políticas más pragmáticas y menos radicales[7], manteniendo la estabilidad macroeconómica, tratando de alinearla con las necesidades de los más pobres, mediante la adopción y mantenimiento de políticas sectoriales[8] y sociales en línea con lo hecho por el anterior gobierno de Alejandro Toledo. Incluso, no obstante ciertos errores políticos y falta de celeridad y coordinación en algunas reformas como la Reforma integral del Estado y la del Poder Judicial y el actual entrampamiento en proceso de descentralización, García ha mantenido su popularidad y sintonía con el pueblo gracias a uno de sus primeros anuncios y promesas cumplidas: la austeridad. García dijo que la austeridad marcará su gobierno, y prometió reducir el salario presidencial y el de sus funcionarios, en oposición a lo que se vio durante el gobierno pasado. Otro punto a favor de García, fue el recibir la economía con una inflación controlada, superávit de cuentas externas y un contexto internacional favorable (debido al alza de los precios de los metales) que favorecen nuestras exportaciones. Asimismo, García inició su gobierno manteniendo buenas relaciones con los gobiernos de Chile y Brasil. Incluso se firmó un tratado comercial con el país vecino del sur y varios acuerdos de cooperación y conexión vial (carreteras transoceánicas) con el vecino del este, lo que incrementará el flujo comercial y de personas entre ambos países.
Entonces, a diferencia del escenario de los países del “bloque nacionalista” antes descrito, el Perú se percibe internacionalmente como una economía saludable dadas las buenas políticas económicas y un contexto externo favorable, lo que nos pone cerca de conseguir el “grado de inversión” (BBB-, según S&P). De esta manera, la economía peruana podría verse favorecida por las decisiones de los países del “bloque nacionalista” puesto que los inversionistas y empresas de dichos país podrían trasladar sus capitales a nuestro país y así incrementar la inversión privada tan necesaria para alcanzar tasas de crecimiento sostenible en el tiempo. No obstante, esta situación dependerá de cuán informado esté el inversionista extranjero, puesto que existe el riesgo que dichos inversionistas extranjeros vean a la región como un solo bloque que comparten los mismos problemas mediante una suerte de contagio regional.
[1] Fuente: Diario Gestión, 6 de febrero del 2007.
[2] En general, la calificación crediticia mide la capacidad de pago de un país para cumplir con sus obligaciones.
[3] El 19 de enero, S&P recortó la calificación de deuda ecuatoriana a CCC- desde CCC. Asimismo, el 23 de enero, Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de ecuador a CCC+ desde B.
[4] Emerging Markets Bond Index Plus, índice publicado por JP Morgan que representa el spread o prima de riesgo del país con respecto a los bonos libres de riesgo del tesoro norteamericano.
[5] Fuente: Reuters.
[6] Que los bancos no cumplan con sus obligaciones con los depositantes y estos, a su vez, con las suyas.
[7] Al parecer, García, ha reconocido el verdadero rol del Estado en la economía: Un estado promotor (de la inversión y el empleo), regulador (de los servicios públicos) y proveedor de bienes públicos, pero no un Estado empresario e intervencionista.
[8] Según el último reporte de indicadores líderes del MEF (http://www.mef.gob.pe/DGAES/btfiscal/N65BTFIndicadoresLideres.pdf), el sector construcción tuvo una expansión del 18.2%, el mayor crecimiento de las actividades no primarias. Este mayor dinamismo del sector es explicado, principalmente, por la continuidad y ampliación del programa “Mi Vivienda” como una política de estado.
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