La problemática laboral plantea, principalmente, dos planos de análisis, el primero es la generación misma de puestos de trabajo y todos los mecanismos para combatir el desempleo en la sociedad; el segundo plano está constituido por las políticas orientadas a garantizar que los puestos de trabajo no constituyan para los trabajadores una restricción a los derechos que la Constitución y la Ley le reconocen. Podríamos hablar, entonces, de cantidad y calidad de trabajo.
El discurso político en las últimas décadas ha tenido dentro de sus prioridades la generación de trabajo, aunque muy poco se ha escuchado sobre las condiciones del trabajo y sobre los derechos de los trabajadores, y es probable que ello se deba a que la creciente necesidad de empleo de los peruanos, les hace restarle importancia a la calidad de los trabajos ofrecidas, importándoles prioritariamente el tener la posibilidad de trabajar.
En el caso del gobierno anterior, Toledo centró su discurso en la generación de puestos de trabajo, y aunque la insatisfacción de la población es generalizada y plenamente justificada en ese sentido, se reconoce que a través de los programas “A Trabajar Urbano”, “Techo Propio”, “Mi Barrio”, etc, se creó un importante número de puestos de trabajo, sin que ello signifique, en lo más mínimo, una solución al terrible problema del desempleo.
Por su parte, el actual gobierno, ha apostado por reivindicar uno de los pilares del pensamiento de Haya de la Torre, que es la defensa de los derechos del proletariado, por lo que ha centrado su discurso, en materia laboral, en fomentar el respeto al derecho de los trabajadores. En este sentido, entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo inició una intensa campaña de inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, aumentando para tal efecto el número de inspectores, muy limitado anteriormente.
Frente a las actuaciones estatales destinadas a proteger los derechos laborales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y a establecer, adicionalmente, mecanismos legales de protección a los trabajadores, surgen las voces discordantes de los empresarios, quienes en su rol de empleadores, consideran que el gobierno les exige demasiados beneficios laborales para sus trabajadores, y sustentan su posición en la disminución de inversiones si es que el gobierno establece tantas restricciones en las relaciones laborales con sus empleados.
De lo anterior es posible apreciar que, como sucede casi siempre en política, este debate se ha polarizado, enfrentando a quienes promueven la protección del trabajador, a toda costa, considerando en su análisis tan solo los beneficios a corto plazo para el empleado, y quienes priorizan, ante todo, el crecimiento de la inversión privada, aunque ello signifique, en muchos casos, la afectación de derechos sociales reconocidos por la Constitución.
Por mi parte, considero que es loable toda medida del gobierno orientada a satisfacer los intereses de los individuos en la sociedad, ya sea generando empleo o mejorando las condiciones de éste. No obstante, debemos evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas pro operario, para poder determinar en que medida cumplen su objetivo y a qué costo. Es decir, es necesario preguntarse: ¿Bastan los instrumentos legales para garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores?, ¿Cuántas veces hemos sido testigos de infracciones laborales que no son identificadas por el Ministerio de Trabajo, a pesar de existir normas expresas al respecto?. Incluso, las entidades públicas en muchos casos, infringen el derecho a las 8 horas de trabajo y el derecho al pago de las horas extras, imitando los mecanismos de empresas privadas consistentes en pedirle al trabajador que marque su tarjeta de salida, y que luego regrese a trabajar, para poder “sacarle la vuelta” a la Ley. Como sucede siempre en el Perú, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y aún en los casos en los que los trabajadores intentan hacer valer sus derechos con los mecanismos que les otorga la Ley, la deficiencia de nuestro Poder Judicial, ofrece la posibilidad de que algunas empresas, a través de sus abogados, les planteen a los trabajadores una propuesta como ésta: “mas vas a gastar en el proceso judicial que va a durar muchísimo tiempo, así que mejor acepta lo que te damos en este momento.”
¿Porqué sucede lo anterior?, ¿Porqué muchos trabajadores aceptan, sin decir nada, condiciones de explotación, y el irrespeto a sus derechos laborales?. La respuesta es simple: la escasez de trabajo. Esta situación lleva a los empleados a aceptar cualquier trabajo y cualquier condición, por lo que cualquier ley laboral que pretenda modificarla no es necesariamente aplicable en la realidad, y ninguna actuación estatal en este solo sentido podrá lograr algo efectivo a favor de los trabajadores.
Por esta razón, considero que el punto central, en materia laboral, debería girar en torno a la generación de puestos de trabajo, pues al incrementarse la demanda de mano de obra, se reducirá la escasez de trabajo, y crecerá el valor de la mano de obra en el mercado laboral. Esta situación implica no solo un incremento en los sueldos sino en las condiciones laborales, porque ante una mayor demanda de la oferta laboral, éstos podrán optar entre las mejores opciones, obligando a los empleadores a mejorar sus condiciones de trabajo.
Ahora, el lector se preguntará ¿cómo generar empleo?. En mi apreciación, uno de los mecanismos es fomentar la competencia en aquellos mercados en los cuales se aprecie un excedente económico considerable, evitando la concentración económica en unos pocos proveedores de bienes y servicios. Esta competencia que se manifiesta en las relaciones de consumo, también se manifestará en el establecimiento de relaciones laborales porque las empresas competirán por los mejores profesionales, técnicos, obreros, etc., ofreciéndose, no solo más sino mejores, ofertas laborales.
En este sentido, sostengo que las medidas orientadas a reivindicar los derechos laborales deben estar acompañadas de mecanismos destinados a fomentar la competencia en el mercado, no solo a través de la actuación del Indecopi, que es la entidad encargada de reprimir las conductas anticompetitivas en el mercado, sino a través de políticas que impulsen la inversión privada en el país, y ello no significa como consideran algunos que el Estado deba inundar de beneficios a la empresa privada y permitirle absolutamente todo, sino que se deben redoblar esfuerzos por ofrecer un contexto político estable, una política económica totalmente definida, seguridad jurídica, etc. En suma, el Estado, antes que preocuparse por inundar la normativa laboral con dispositivos a favor de los trabajadores, debe preocuparse por “vender” a los inversionistas un ambiente de certidumbre, definición, claridad y seguridad.
El discurso político en las últimas décadas ha tenido dentro de sus prioridades la generación de trabajo, aunque muy poco se ha escuchado sobre las condiciones del trabajo y sobre los derechos de los trabajadores, y es probable que ello se deba a que la creciente necesidad de empleo de los peruanos, les hace restarle importancia a la calidad de los trabajos ofrecidas, importándoles prioritariamente el tener la posibilidad de trabajar.
En el caso del gobierno anterior, Toledo centró su discurso en la generación de puestos de trabajo, y aunque la insatisfacción de la población es generalizada y plenamente justificada en ese sentido, se reconoce que a través de los programas “A Trabajar Urbano”, “Techo Propio”, “Mi Barrio”, etc, se creó un importante número de puestos de trabajo, sin que ello signifique, en lo más mínimo, una solución al terrible problema del desempleo.
Por su parte, el actual gobierno, ha apostado por reivindicar uno de los pilares del pensamiento de Haya de la Torre, que es la defensa de los derechos del proletariado, por lo que ha centrado su discurso, en materia laboral, en fomentar el respeto al derecho de los trabajadores. En este sentido, entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo inició una intensa campaña de inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, aumentando para tal efecto el número de inspectores, muy limitado anteriormente.
Frente a las actuaciones estatales destinadas a proteger los derechos laborales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y a establecer, adicionalmente, mecanismos legales de protección a los trabajadores, surgen las voces discordantes de los empresarios, quienes en su rol de empleadores, consideran que el gobierno les exige demasiados beneficios laborales para sus trabajadores, y sustentan su posición en la disminución de inversiones si es que el gobierno establece tantas restricciones en las relaciones laborales con sus empleados.
De lo anterior es posible apreciar que, como sucede casi siempre en política, este debate se ha polarizado, enfrentando a quienes promueven la protección del trabajador, a toda costa, considerando en su análisis tan solo los beneficios a corto plazo para el empleado, y quienes priorizan, ante todo, el crecimiento de la inversión privada, aunque ello signifique, en muchos casos, la afectación de derechos sociales reconocidos por la Constitución.
Por mi parte, considero que es loable toda medida del gobierno orientada a satisfacer los intereses de los individuos en la sociedad, ya sea generando empleo o mejorando las condiciones de éste. No obstante, debemos evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas pro operario, para poder determinar en que medida cumplen su objetivo y a qué costo. Es decir, es necesario preguntarse: ¿Bastan los instrumentos legales para garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores?, ¿Cuántas veces hemos sido testigos de infracciones laborales que no son identificadas por el Ministerio de Trabajo, a pesar de existir normas expresas al respecto?. Incluso, las entidades públicas en muchos casos, infringen el derecho a las 8 horas de trabajo y el derecho al pago de las horas extras, imitando los mecanismos de empresas privadas consistentes en pedirle al trabajador que marque su tarjeta de salida, y que luego regrese a trabajar, para poder “sacarle la vuelta” a la Ley. Como sucede siempre en el Perú, “hecha la ley, hecha la trampa”. Y aún en los casos en los que los trabajadores intentan hacer valer sus derechos con los mecanismos que les otorga la Ley, la deficiencia de nuestro Poder Judicial, ofrece la posibilidad de que algunas empresas, a través de sus abogados, les planteen a los trabajadores una propuesta como ésta: “mas vas a gastar en el proceso judicial que va a durar muchísimo tiempo, así que mejor acepta lo que te damos en este momento.”
¿Porqué sucede lo anterior?, ¿Porqué muchos trabajadores aceptan, sin decir nada, condiciones de explotación, y el irrespeto a sus derechos laborales?. La respuesta es simple: la escasez de trabajo. Esta situación lleva a los empleados a aceptar cualquier trabajo y cualquier condición, por lo que cualquier ley laboral que pretenda modificarla no es necesariamente aplicable en la realidad, y ninguna actuación estatal en este solo sentido podrá lograr algo efectivo a favor de los trabajadores.
Por esta razón, considero que el punto central, en materia laboral, debería girar en torno a la generación de puestos de trabajo, pues al incrementarse la demanda de mano de obra, se reducirá la escasez de trabajo, y crecerá el valor de la mano de obra en el mercado laboral. Esta situación implica no solo un incremento en los sueldos sino en las condiciones laborales, porque ante una mayor demanda de la oferta laboral, éstos podrán optar entre las mejores opciones, obligando a los empleadores a mejorar sus condiciones de trabajo.
Ahora, el lector se preguntará ¿cómo generar empleo?. En mi apreciación, uno de los mecanismos es fomentar la competencia en aquellos mercados en los cuales se aprecie un excedente económico considerable, evitando la concentración económica en unos pocos proveedores de bienes y servicios. Esta competencia que se manifiesta en las relaciones de consumo, también se manifestará en el establecimiento de relaciones laborales porque las empresas competirán por los mejores profesionales, técnicos, obreros, etc., ofreciéndose, no solo más sino mejores, ofertas laborales.
En este sentido, sostengo que las medidas orientadas a reivindicar los derechos laborales deben estar acompañadas de mecanismos destinados a fomentar la competencia en el mercado, no solo a través de la actuación del Indecopi, que es la entidad encargada de reprimir las conductas anticompetitivas en el mercado, sino a través de políticas que impulsen la inversión privada en el país, y ello no significa como consideran algunos que el Estado deba inundar de beneficios a la empresa privada y permitirle absolutamente todo, sino que se deben redoblar esfuerzos por ofrecer un contexto político estable, una política económica totalmente definida, seguridad jurídica, etc. En suma, el Estado, antes que preocuparse por inundar la normativa laboral con dispositivos a favor de los trabajadores, debe preocuparse por “vender” a los inversionistas un ambiente de certidumbre, definición, claridad y seguridad.
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