Algunos apuntes sobre la Reforma Judicial

Por: Iván González Delgado

Mucho se habla y se escribe acerca de la Reforma del Poder Judicial desde distintos ángulos, no obstante, quiero manifestar en este artículo unos apuntes desde una perspectiva personal.

Ya en el gobierno de Alberto Fujimori, se inició la tan mentada Reforma Judicial, que más que una verdadera y conciente intención de llevarla a cabo, fue un acto de demagogia y empañamiento para lo que se pretendía hacer con el Poder Judicial, y todo ello porque el Poder Ejecutivo (por no decir Fujimori) lo tuvo subyugado para realizar sus cometidos. Como consecuencia resultó un enorme fracaso.

Posterior a este cínico intento fujimorista, se inició otra etapa con la llegada del gobierno de transición democrática de Valentín Paniagua, período que tiene como finalidad primordial limpiar, fumigar y desmantelar el sistema y organización judicial, montados durante la dictadura fujimorista. Se puede decir que el cometido llegó a cumplirse en gran parte, pues con un Poder Judicial evacuado de gran número de “roedores” magistrados, comenzaron los procesos en contra de políticos y funcionarios al servicio de aquella autocracia; situación percibida con beneplácito por gran parte de la opinión pública, pues sin ser un Poder Judicial cuya cualidad principal haya sido la probidad y eficiencia, se le comparó con el de la época dictatorial de los años 90.

¿Qué pasó en el gobierno de Alejandro Toledo?. A lo largo de su gobierno, Toledo, anunció medidas que sean acordes con el Acuerdo Nacional, asimismo hizo un llamado para llevar a cabo, la urgente reforma del Poder Judicial, pues como él mismo decía esta área “no puede esperar ni un minuto más”. Sin embargo, para el mismo Toledo, no se advertía ningún avance de fondo y resultaba impostergable que el Estado y la sociedad impulsen la tarea de reformar la administración de justicia.

Quizá las medidas más importantes en el gobierno de Toledo, fueron: a) Se exoneró de aranceles judiciales a los 535 distritos más pobres del país; b) Se eliminó la obligatoriedad de un abogado en los juicios de alimentos; c) Se dispuso retomar las elecciones populares de los Jueces de Paz, sin embargo esta norma aún no ha sido reglamentada por el Poder Judicial; d) La Ley 27908 reconoció la labor de las rondas campesinas para resolver conflictos, pero no para administrar justicia[1]; e) Se creó La CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) en octubre del 2003 con la participación de sector justicia, del Congreso y de la sociedad civil.

En este período gubernamental también se apreció cuán influenciable puede ser el Poder Judicial, por un lado la sentencia por el caso Utopía y por otro, el caso Mesa Redonda, ¿acaso esto no fue percibido por la ciudadanía como influencia económica en el Poder Judicial?. Otro proceso saltante que viene a mi memoria, fue la tan controvertida sentencia en contra del sobrino del ex presidente Toledo por el delito de violación sexual, proceso en el cual no hubo orden de detención, la sentencia no ameritó prisión efectiva y la Fiscalía no apeló la sentencia. No cabe duda que hubo influencia política.
A pesar de que el gobierno de Toledo fue tan criticado, por el actual, los apristas empezaron su gobierno, lidiando con un hecho que fue la noticia principal de la primera semana de Setiembre, Eduardo Palacios Villar, vocal provisional de la Corte Suprema fue filmado en el momento que recibía dinero de un ex policía que litigaba por su restitución. El escándalo desató reacciones en todas partes, el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, se reunió junto a los otros vocales supremos, con el presidente García, y el Poder Judicial se declaró en reestructuración.

Así, entre las medidas acordadas, se llevó a cabo la reformulación de las recomendaciones de la (CERIAJUS). A pesar de ello, las diversas propuestas que planteó la CERIAJUS no han sido implementadas.

Por otro lado la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (PAP), ha manifestado la necesidad de priorizar las iniciativas legislativas destinadas a la reforma de la justicia, sobre todo aquella relativa a la ley de la carrera judicial. La esencia es poner los méritos por encima de los años de servicio. Asimismo, se ventila la discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se ha creado un Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema Nacional de Administración de Justicia (GTAN), el cual estructurará un Plan Estratégico de Modernización de la Justicia.

Discúlpenme, pero a pesar de estos visos de intentar un verdadero cambio, actualmente no se ha producido ninguno sustancial rumbo a una real reforma en el Poder Judicial, y soy pesimista de que suceda el cambio esperado, pues por el contrario, subsisten la gran mayoría de los problemas diagnosticados desde que se inicio el intento de reforma en 1995, así tenemos, la lentitud en la tramitación de los procesos, personal poco capacitado e ineficiente, sobrecarga de expedientes, gran cantidad de presos sin condenas (que produce hacinamiento en las cárceles), infraestructura inadecuada, falta de probidad en los principales auxiliares jurisdiccionales, corrupción en gran porcentaje, injerencia económica y política, como consecuencia de esto, la injusticia a borbotones. Se detectan los problemas pequeños, sin embargo el núcleo, el origen de todo, es la carencia de independencia en los Poderes del Estado, la manipulación de sentencias y la presión política, en suma, la falta de autonomía del Poder Judicial.

Es el propio gobierno el que no muestra intentos de una verdadera reforma política y judicial que nos permita encausar la economía hacia un panorama de desarrollo y estabilidad; pues esto se opone a su estrategia de no cambiar en la realidad el poder supremo que se tiene sobre los otros poderes del Estado

En los últimos años se habla de globalización y de inversión privada, pero cómo se puede tener confianza y seguridad en un país donde existe un Poder Judicial repudiable, que no respalda la estabilidad jurídica de cuán inversionista mira al Perú como un país con perspectivas de crecimiento económico, y con índices económicos que respaldan las tan anheladas y esperanzadoras inversiones privadas.

[1] ARDITO VEGA, Wilfredo. La Insignia. Perú, 2006.