Cuidado con la modernización del Estado

Por: Gabriel González Delgado

A pesar de que en la actualidad se aprecia en el mundo una tendencia a introducir en la administración pública instrumentos de gestión propias del sector privado, han surgido una serie de problemas y situaciones nuevas y diferentes en el escenario de la gestión pública que requieren de respuestas ya no prefabricadas como la privatización, la subcontratación, la formación de agencias, la creación de mercados internos, entre otros.

Al respecto, quisiera compartir algunas reflexiones en torno a lo planteado por el profesor Les Metcalfe en su artículo denominado “La Gestión Pública: De la imitación a la innovación”[1]. Conforme se desprende de su análisis, el autor no se opone a la propuesta de nutrir a cada una de las organizaciones públicas de aquellas herramientas de gestión propias del sector privado, sin embargo, sostiene que estas organizaciones se deben a una estructura mayor y principal, en la cual los intereses individuales de cada organización deben alinearse con los intereses planteados en el gran sistema, que es el de la gestión pública, en cuyo contexto los instrumentos propios de la gestión privada se tornan en insuficientes.

En este sentido, de acuerdo a lo planteado por Metcalfe, la gestión pública implica una actividad política que no debe agotarse en la mera eficiencia, sino que debe orientarse a la reformulación de conceptos y criterios que contribuyan a la transformación de los patrones y procesos de responsabilidad pública, pues, la estructura de la administración pública se constituye por un sistema de redes de organización interdependientes y no autónomas, en la cual los administradores públicos deben, además de buscar la consecución de los objetivos propios de sus organizaciones, involucrarse en la estructura principal y contribuir con el desarrollo de estrategias comunes para elaborar y aplicar las políticas públicas, en el marco de un gran sistema, dentro del cual las organizaciones no son más que un elemento coadyuvante y funcional.

El profesor Metcalfe desarrolla su propuesta a partir de un análisis de los conceptos de “público” y “privado”, los cuales los asimila, respectivamente, a los de “macrogestión” y “microgestión”. En base a ello, plantea diferencias sobre los intereses y objetivos que impulsan el ejercicio de una y otra, así como las responsabilidades que se asumen en cada uno de dichos escenarios. Por ello, dicho autor concluye en que se ha llegado a un punto en el que se han agotado los instrumentos de gestión privada adoptados por el sector público, y dado que en este sector aún quedan muchos espacios por cubrir y muchos problemas por solucionar, se deberá sustituir “la imitación” por “la innovación”.

En mi opinión, el planteamiento propuesto por Metcalfe tiene su base en el establecimiento de una muy clara distinción entre las premisas y objetivos de la gestión pública y de la gestión privada, y es partir de ella que concluye en que no se puede desarrollar la gestión pública, exclusivamente, con herramientas propias de la gestión privada. Por el contrario, propone la búsqueda de nuevos instrumentos y de nuevas perspectivas que sean propias de una gestión desarrollada desde el ámbito público.

Coincido con el referido académico en que el Estado no puede manejarse como una empresa, debido a las distintas estructuras, a las distintas esferas, a las distintas motivaciones y a los distintos objetivos y prioridades que un Estado se plantea. No cabe duda que en el desarrollo de sus objetivos, el sector público, actuando desconcentradamente a través de diversos organismos, muchas veces se desenvuelve como una empresa para poder maximizar los beneficios de cada uno de estos organismos. Sin embargo, ello es simplemente un medio para dotar de energía a cada uno de los “brazos” de la gestión pública, pero en la ejecución de los proyectos de macrogestión para la consecución de los objetivos sociales, se deben estructurar propuestas más elaboradas e innovadoras que la eficiencia, base del crecimiento empresarial.

Es evidente pues que el Estado no solamente persigue la eficiencia económica en la asignación de los recursos en la sociedad, sino que debe plantear propuestas orientadas al desarrollo de la sociedad en sus distintas esferas (educación, salud, empleo, servicios), pero de manera coordinada, de tal forma que se enfoquen estas distintas esferas como elementos de una compleja y gran estructura en la cual el desarrollo de cada uno de los ámbitos referidos generen impacto en el desarrollo de los otros ámbitos. Por ejemplo, para desarrollar la gestión pública no solo basta aplicar nociones de eficiencia al sector educación, al sector economía, al sector salud, tratando cada uno de estos sectores como unidades aisladas; por el contrario, es necesario desarrollar estrategias en la cual se establezcan como premisas la relación que tendrá el incremento de la ecuación, en la economía del país, o como redunda la salud en la educación.

La gestión pública tiene una estructura mucho más compleja de lo que podría tener una empresa, y tiene particularidades propias de su naturaleza que requieren de propuestas estructuradas para sus fines públicos y no solo orientadas a la eficiencia económica. En este sentido, Jorge Barenstein[2], al realizar un análisis de la burocracia estatal, propone plantear el problema de la burocracia, entendida como un asunto social y político, vinculado directamente al desarrollo del sistema, y a la evolución social.

En el camino hacia la “modernización” del Estado, no debería perderse de vista su razón de ser y su esencia para que no se actúe con el afán de reducirlo y sustituirlo indiscriminadamente por un aparato privado insuficiente para cumplir los objetivos sociales. Apuesto por modernizar el Estado, y en ese intento, reducir su amplio espectro de actuaciones, pero hacerlo con “arte”, con habilidad política, y sin perder de vista que el Estado es muchísimo mas que una empresa.

[1] En: ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado. Editor: Carlos Losada i Marrodán. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., 1999

[2] BARENSTEIN, Jorge. El análisis de la burocracia estatal desde la perspectiva weberiana. Los administradores en el sector público mexicano. México : CIDE, 1981 (Capítulo 3)

El Rock es cultura

Por: Mauricio Hilbck Ríos

El pasado 12 de marzo fui testigo de uno de los espectáculos más extraordinarios presentados en la capital peruana: Roger Waters, el ex líder de la banda Pink Floyd, ofreció un concierto de casi 3 horas que hizo cantar, emocionar y hasta llorar a las más de catorce mil (14,000) personas que abarrotaron la explanada del Estadio Monumental en Ate. No pienso entrar en los detalles de cuan perfecta y genial me parecen las composiciones y la música creada por este personaje y su ex banda, simplemente porque, de esa manera, el artículo sería totalmente sesgado hacia mis gustos musicales, los cuales por obvias razones no son compartidos por todos los lectores. Sin embargo, creo que si podemos coincidir en que todo tipo de expresión artística es cultura; justamente, lo que vimos esa noche fue una composición de arte audiovisual que expresaba, mediante metáforas, los principales problemas que destruyen cada vez con más fuerza a la humanidad (violencia, guerras, represión, discriminación social, falta de solidaridad y un largo etcétera) y, que a su vez, nos llevaba a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestro compromiso, y nuestro verdadero rol en la sociedad en la que vivimos, para buscar soluciones a estos problemas[1].

La discusión anterior trae a colación un tema netamente económico: los impuestos. Y es que a diferencia de Chile y Argentina, donde también se presentó Waters, en el Perú se cobra un treinta por ciento (30%) sobre los ingresos totales del artista, por concepto de Impuesto a la Renta y un quince por ciento (15%) por Impuesto Municipal. Sobre el primero de ellos, debemos decir que se debería eliminar la potestad del INC para calificar qué espectáculo es cultural y que otro no[2] para que, de esta manera, espectáculos como el descrito puedan ser exonerados de este impuesto (además del IGV) y puedan repetirse por estos lares. De la misma manera, debería estudiarse mejor el impacto del impuesto municipal, puesto que creemos, sería mucho más beneficioso el impacto positivo de una mayor promoción de actividades artísticas y de entretenimiento de este tipo, que lo recaudado vía este impuesto.

En suma, el Cuarenta y cinco por ciento (45%) de impuestos en la entrada no hace más que desincentivar al empresario local, aumentar el precio de las entradas y reducir la oferta de localidades, por el contrario, el evitar esta “desproporcionalidad impositiva”[3] traería externalidades positivas que se vieron durante la visita de Roger Waters a nuestro país cuando el mismo promocionó la votación por Macchu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo, así mismo, el concierto atrajo fanáticos de Ecuador y Colombia quienes estimularon el consumo y el turismo dentro de nuestro país, pues muchos de los visitantes, continuaron con rumbo a la ciudadela inca mas famosa de la ciudad del Cuzco. Finalmente, creemos que ciertas decisiones en cuanto a la reforma tributaria han sido llevadas de la mejor manera, incluso desde el punto de vista político (como el tema de exoneraciones a las regiones de la Selva), sin embargo se han dejado muchos temas pendientes como, el tratado en el presente artículo y otros también ligados a la actividad cultural en nuestro país, como el de la no exoneración de aranceles a los libros.

[1] La UNESCO, en 1982, declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros, seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982: Declaración de México).

[2] Para el INC, el Ballet es un espectáculo cultural, mientras que la danza contemporánea no lo es. De la misma forma, el concierto de “Floricienta” fue catalogado como espectáculo cultural, mientras que el de Roger Waters no lo fue (¿?).

[3] Véase la editorial del diario “El Correo” del domingo 25 de marzo.

Universidad Humanista

Por: Leonidas Wiener Ramos

Si alguna persona todavía tenía dudas respecto al trasfondo ideológico del conflicto entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima, las últimas intervenciones de Rafael Rey se han encargado de disiparlas. En una entrevista, el Ministro de la Producción señaló que, “en la universidad se forma a profesionales desde el punto de vista ideológico marxista comunista, cuando Riva Agüero impulsaba la educación católica, y el marxismo es incompatible con la religión católica”[1].

Además, y como si lo anterior no fuera suficiente, Rey comparó a la Universidad de Huamanga –foco del movimiento senderista- con la Universidad Católica, indicando que, producto de la formación marxista-comunista en la universidad ayacuchana, se engendró el movimiento terrorista que tanto sufrimiento produjo en los peruanos. "Las consecuencias las vimos en Huamanga, y nos dimos cuenta años después y hemos sufrido al permitir que una universidad estatal, como la de Huamanga, forme marxistas y comunistas[2]".

Como ex-alumno de la Universidad Católica me siento obligado a ensayar una respuesta a este personaje de la política peruana. En primer lugar, debo admitirlo, no profeso la religión católica (ni ninguna otra clase de religión). Sin embargo, tengo una noción –al menos básica- de las enseñanzas y valores que la religión católica busca inculcar en sus miembros: solidaridad y respeto al prójimo, la caridad y la ayuda al más necesitado, afirmar que el ser humano representa un valor y fin último, entre otras cosas. No es necesario que me vuelva creyente para interiorizar y poner en práctica estos valores, así como no todo creyente que se rasga las vestiduras realmente lo hace.

En tal sentido, considero que la Universidad Católica no tiene como proyecto educativo formar personas religiosas o personas que practiquen la religión católica, sino personas con una concepción humanista de la vida. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, grupo de trabajo formado en gran parte por estudiantes y ex-estudiantes de la Universidad Católica, tuvo como uno de sus pilares la defensa de la dignidad del ser humano, principio básico reconocido por cualquier tipo de creencia religiosa. Sin embargo, esta Comisión ha sido tildada desde su formación como un nido de comunistas y marxistas por parte de personajes como Rafael Rey y otros que comparten sus ideas. Rafael Rey confunde humanismo o solidaridad con el prójimo con comunismo. En todo caso, todos los aludidos le agradecemos por tan insigne calificativo, que nos diferencian de personas como el hoy ministro, que dicen que los derechos humanos son “una cojudez” (Cipriani dixit), que están en contra del aborto, aún si se pone en riesgo la vida de la madre o es producto de una violación, y que pretenden inculcarnos dogmas incuestionables totalmente desfasados en la actualidad.

Por último, tengo una opinión personal acerca de lo que debe representar una universidad. Creo que la universidad debe poner a disposición del alumno la mayor cantidad y gama de opciones disponibles para que cada uno, de acuerdo a su opción personal y a su libertad, pueda emprender el proyecto de vida con el que más se sienta a gusto. De tal manera que, si un estudiante universitario al terminar sus estudios se identifica con la ideología maoísta o decide formar parte del Opus Dei, no será porque la universidad tuvo un papel determinante en la configuración de su identidad, sino porque esta última le proporcionó el espacio intelectual y de reflexión y la base material suficiente para ejercer una opción personal con libertad.

[1] http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=120218

[2] http://www.peru21.com/P21Online/Html/2007-03-25/OnP2Portada0696021.html

Violencia sin fin y viejas rivalidades en Irak

Por: Leonidas Wiener Ramos

Existen diversos puntos de vista que intentan dar una explicación a lo que está ocurriendo actualmente en Irak, en relación al conflicto sectorial entre árabes chiítas y árabes sunitas[1] que día a día cobra la vida de innumerables personas. Algunos sitúan las causas de tal conflicto en fenómenos coyunturales, como la invasión norteamericana; otros atribuyen estos hechos al pasado régimen represivo del sunita Saddam Hussein, el cual habría sido el caldo de cultivo de las actuales luchas sectarias. Sin embargo, en países como Irak, los cuales han sido objeto de dominación colonial, los conflictos suelen relacionarse con fenómenos más estructurales, que deben ubicarse en el mismo surgimiento del Estado. Este ha sido un principio elemental ignorado por el conservadurismo estadounidense.

La liquidación del colonialismo fue uno de los fenómenos a nivel global más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Cuando se creó el organismo de las Naciones Unidas en 1945, 750 millones de personas -casi una tercera parte de la población del mundo- vivían en territorios no autónomos, dependientes de potencias coloniales. En la actualidad, menos de dos millones de personas viven en esos territorios[2].

Sin embargo, debido a que la conformación territorial de los Estados surgidos de la descolonización fue realizada en base a los intereses económicos y políticos de las potencias coloniales -sin tomar en cuenta la composición étnica o las afinidades culturales de dichos pueblos-, los nuevos Estados han tenido que respetar la intangibilidad e inviolabilidad de las fronteras en base al principio de conservación de la integridad territorial del Estado, aún en perjuicio en muchos casos de la unidad de sus pueblos. Esta situación ha significado que, los nuevos Estados han tenido que afrontar numerosos problemas internos por su incapacidad para asimilar e integrar en condiciones de igualdad a las distintas colectividades o grupos étnicos que pueblan sus territorios. Guerras civiles, violencia crónica, enfrentamientos entre etnias, inestabilidad política, han sido las constantes en muchas de estas nuevas agrupaciones políticas. Existen muchos ejemplos ilustrativos al respecto: la guerra en los Balcanes; el conflicto separatista de la etnia tamil en Sri Lanka; la lucha entre musulmanes y no musulmanes en Sudán; entre muchos otros.

La situación de Irak no escapa a esa realidad. El territorio que ahora constituye dicho país formaba parte del Imperio Otomano hasta la caída de este último tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Un acuerdo entre las mayores potencias coloniales de ese entonces, Francia y Gran Bretaña, decidieron la conformación territorial de los países del Medio Oriente. Irak fue constituido sobre la base del territorio de la antigua Mesopotamia y pasó entonces a ser un protectorado de Gran Bretaña -gracias a la anuencia de la recién creada Sociedad de Naciones- debido a la supuesta misión “civilizadora” que tenía que cumplir este el país británico en dicho territorio.

Posteriormente, Irak accedió a la independencia y se constituyó como un Estado, pero no en base a un acuerdo libre y voluntario de los distintas colectividades que formaban su sociedad -entre las cuales, las más representativas son los árabes chiítas, los árabes sunitas, y los kurdos- para coexistir juntos, sino en base a un orden territorial previamente establecido e impuesto por las potencias coloniales. Los distintos gobiernos que se han sucedido desde entonces hasta la invasión norteamericana en el año 2003, apelaron casi siempre a métodos autoritarios y represivos sobre todo para imponer a una minoría como los sunitas sobre los otros dos grupos étnicos fundamentales, los chiítas y los kurdos. Actualmente, tras el pretendido establecimiento de un régimen de democracia en el país sostenido por la ocupación de las tropas norteamericanas e inglesas, se pueden visualizar claramente los problemas que conlleva el establecimiento de un Estado viable cuando existen tantos grupos con intereses marcadamente diferenciados. A ello habría que añadir el importante papel de la religión en la adopción de dogmas incuestionables, todo lo cual genera un difícil obstáculo en el establecimiento de acuerdos llevados por consenso.

El problema estructural de Irak, visto desde esta perspectiva, es un caso que se ha repetido en muchos de los nuevos Estados que alguna vez fueron colonias. Parafraseando a Rousseau en su teoría del contrato social, cualquier organización política para ser viable debe surgir a través de un pacto libre y voluntario de los individuos que lo conforman, no a través de una imposición externa basada en intereses económicos o políticos. La democracia y el consenso para vivir juntos no se llevan en la punta de los fusiles. Tal vez ahora el gobierno de Estados Unidos pueda comprender mejor por qué su política en Irak lo llevará a un fracaso irremediable.

[1] El chiísmo y el sunismo son las dos principales corrientes del Islam, siendo los sunitas los que representan a la mayoría de la población musulmana. Sin embargo, en países tales como Irak o Irán, la mayoría es población chiíta.

[2] KRASNER, Stephen. Soberanía, hipocresía organizada .Buenos Aires: Editorial Paidós. 2001

Algunos apuntes sobre la Reforma Judicial

Por: Iván González Delgado

Mucho se habla y se escribe acerca de la Reforma del Poder Judicial desde distintos ángulos, no obstante, quiero manifestar en este artículo unos apuntes desde una perspectiva personal.

Ya en el gobierno de Alberto Fujimori, se inició la tan mentada Reforma Judicial, que más que una verdadera y conciente intención de llevarla a cabo, fue un acto de demagogia y empañamiento para lo que se pretendía hacer con el Poder Judicial, y todo ello porque el Poder Ejecutivo (por no decir Fujimori) lo tuvo subyugado para realizar sus cometidos. Como consecuencia resultó un enorme fracaso.

Posterior a este cínico intento fujimorista, se inició otra etapa con la llegada del gobierno de transición democrática de Valentín Paniagua, período que tiene como finalidad primordial limpiar, fumigar y desmantelar el sistema y organización judicial, montados durante la dictadura fujimorista. Se puede decir que el cometido llegó a cumplirse en gran parte, pues con un Poder Judicial evacuado de gran número de “roedores” magistrados, comenzaron los procesos en contra de políticos y funcionarios al servicio de aquella autocracia; situación percibida con beneplácito por gran parte de la opinión pública, pues sin ser un Poder Judicial cuya cualidad principal haya sido la probidad y eficiencia, se le comparó con el de la época dictatorial de los años 90.

¿Qué pasó en el gobierno de Alejandro Toledo?. A lo largo de su gobierno, Toledo, anunció medidas que sean acordes con el Acuerdo Nacional, asimismo hizo un llamado para llevar a cabo, la urgente reforma del Poder Judicial, pues como él mismo decía esta área “no puede esperar ni un minuto más”. Sin embargo, para el mismo Toledo, no se advertía ningún avance de fondo y resultaba impostergable que el Estado y la sociedad impulsen la tarea de reformar la administración de justicia.

Quizá las medidas más importantes en el gobierno de Toledo, fueron: a) Se exoneró de aranceles judiciales a los 535 distritos más pobres del país; b) Se eliminó la obligatoriedad de un abogado en los juicios de alimentos; c) Se dispuso retomar las elecciones populares de los Jueces de Paz, sin embargo esta norma aún no ha sido reglamentada por el Poder Judicial; d) La Ley 27908 reconoció la labor de las rondas campesinas para resolver conflictos, pero no para administrar justicia[1]; e) Se creó La CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) en octubre del 2003 con la participación de sector justicia, del Congreso y de la sociedad civil.

En este período gubernamental también se apreció cuán influenciable puede ser el Poder Judicial, por un lado la sentencia por el caso Utopía y por otro, el caso Mesa Redonda, ¿acaso esto no fue percibido por la ciudadanía como influencia económica en el Poder Judicial?. Otro proceso saltante que viene a mi memoria, fue la tan controvertida sentencia en contra del sobrino del ex presidente Toledo por el delito de violación sexual, proceso en el cual no hubo orden de detención, la sentencia no ameritó prisión efectiva y la Fiscalía no apeló la sentencia. No cabe duda que hubo influencia política.
A pesar de que el gobierno de Toledo fue tan criticado, por el actual, los apristas empezaron su gobierno, lidiando con un hecho que fue la noticia principal de la primera semana de Setiembre, Eduardo Palacios Villar, vocal provisional de la Corte Suprema fue filmado en el momento que recibía dinero de un ex policía que litigaba por su restitución. El escándalo desató reacciones en todas partes, el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano, se reunió junto a los otros vocales supremos, con el presidente García, y el Poder Judicial se declaró en reestructuración.

Así, entre las medidas acordadas, se llevó a cabo la reformulación de las recomendaciones de la (CERIAJUS). A pesar de ello, las diversas propuestas que planteó la CERIAJUS no han sido implementadas.

Por otro lado la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas (PAP), ha manifestado la necesidad de priorizar las iniciativas legislativas destinadas a la reforma de la justicia, sobre todo aquella relativa a la ley de la carrera judicial. La esencia es poner los méritos por encima de los años de servicio. Asimismo, se ventila la discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se ha creado un Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema Nacional de Administración de Justicia (GTAN), el cual estructurará un Plan Estratégico de Modernización de la Justicia.

Discúlpenme, pero a pesar de estos visos de intentar un verdadero cambio, actualmente no se ha producido ninguno sustancial rumbo a una real reforma en el Poder Judicial, y soy pesimista de que suceda el cambio esperado, pues por el contrario, subsisten la gran mayoría de los problemas diagnosticados desde que se inicio el intento de reforma en 1995, así tenemos, la lentitud en la tramitación de los procesos, personal poco capacitado e ineficiente, sobrecarga de expedientes, gran cantidad de presos sin condenas (que produce hacinamiento en las cárceles), infraestructura inadecuada, falta de probidad en los principales auxiliares jurisdiccionales, corrupción en gran porcentaje, injerencia económica y política, como consecuencia de esto, la injusticia a borbotones. Se detectan los problemas pequeños, sin embargo el núcleo, el origen de todo, es la carencia de independencia en los Poderes del Estado, la manipulación de sentencias y la presión política, en suma, la falta de autonomía del Poder Judicial.

Es el propio gobierno el que no muestra intentos de una verdadera reforma política y judicial que nos permita encausar la economía hacia un panorama de desarrollo y estabilidad; pues esto se opone a su estrategia de no cambiar en la realidad el poder supremo que se tiene sobre los otros poderes del Estado

En los últimos años se habla de globalización y de inversión privada, pero cómo se puede tener confianza y seguridad en un país donde existe un Poder Judicial repudiable, que no respalda la estabilidad jurídica de cuán inversionista mira al Perú como un país con perspectivas de crecimiento económico, y con índices económicos que respaldan las tan anheladas y esperanzadoras inversiones privadas.

[1] ARDITO VEGA, Wilfredo. La Insignia. Perú, 2006.

Del Castillo vs. Alva Castro: ¿1er. Round?

Por: Rafael González Delgado

¿Qué está sucediendo al interior del partido de gobierno?

La discrepancia surgida entre el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el Ministro del Interior, Luis Alva Castro, en las últimas semanas, ocasionada por las irregularidades en la compra de 469 camionetas a la Empresa Gildemeister ha dejado grietas en el interior del gabinete.

De este impase quien salió mal parado fue el premier quien se manifestó a favor de la renegociación con la citada empresa. Por su parte, el entrante Ministro del Interior se impuso esta vez logrando que se rescindiera el contrato y como consecuencia se declare nula la irregular compra, con el aval del Presidente de la República, quien exigió que se haga cuanto antes una nueva licitación destinada a adquirir patrulleros para la Policía Nacional, sin perder la oportunidad, nuevamente, de aparecer como el mediador en un conflicto surgido al interior del gobierno

Pero éste no sería el primer enfrentamiento entre los mencionados personajes, fuentes del interior del partido manifiestan que el distanciamiento entre ellos surge cuando ambos fueron candidatos a la Secretaria General de su partido en el año 1999, elecciones internas en las que el actual Premier ganó ampliamente a su contendor, lo que lo llevó a consolidar su liderazgo dentro del partido del pueblo, y convertirse en el brazo derecho y escudero del actual presidente, a diferencia de Luis Alva Castro, con quien García mantuvo una larga disputa llegando a su punto más crítico en el año 87 cuando el primero renunció a la cartera de economía y finanzas en el primer gobierno aprista.

Tan tensas fueron las disputas que inclusive García no apoyo la candidatura a la presidencia, de Alva Castro en 1990. A pesar de ello Alva saco cerca del 20%, en circunstancias en las que el partido aprista atravesaba una seria crisis, luego del desastroso (primer) gobierno de García. Es por eso que dentro de las huestes apristas ven a Alva como un personaje con una gran trayectoria partidaria y peso político al igual que Del castillo.

Lo que lograría García con la designación de Alva Castro al frente de la cartera del interior seria un contrapeso para Del Castillo de buen desempeño en el cargo de Primer Ministro, así como el copamiento partidario, ya que con Alva serian seis de quince los ministros apristas dentro del actual gabinete.

Hacia un posible TLC con China: Un Análisis FODA para el Perú

Por : Mauricio Hilbck Ríos

Hace algunas semanas el presidente Alan García anunció que mediante una carta el Gobierno chino aceptó el inicio de las negociaciones y el estudio de factibilidad hacia un posible Tratado Comercial. Asimismo, la ministra de Comercio Exterior explicó que, después de la visita a China que el presidente Alan García realizará en el segundo semestre de este año, los equipos técnicos de ambos países se reunirán entre marzo y abril para evaluar el estudio de factibilidad conjunta a discutirse dentro de la futura negociación de un acuerdo comercial entre ambos países. Al parecer el objetivo es que, al final de la próxima Cumbre del APEC, que se llevará a cabo en nuestro país en noviembre del 2008, se logré la firma de un documento concreto por parte del presidente chino Hu Jintao. La posibilidad de un acuerdo comercial con China tiene varias aristas y debe analizarse con sumo cuidado. De esta manera, el propósito del siguiente artículo es evaluar los distintos puntos favorables y desfavorables de dicho tratado mediante un análisis FODA, es decir, describir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Perú frente a un tratado comercial con un país de las características de dicho gigante asiático, con el fin de determinar algunas de las ventajas competitivas de nuestro país[1] y tratar de esbozar de manera general la estrategia a seguir por nuestro país frente a este posible tratado comercial

Fortalezas
Ø Contexto macroeconómico estable con un crecimiento económico sostenido durante los últimos años. De esta manera, el crecimiento del PBI para el período 2005-2006 fue de 8.03%, el más alto en los últimos 11 años, con una inflación controlada y crecimiento sostenido de la Población Económicamente Activa (PEA).
Ø La estabilidad macroeconómica y estabilidad política genera una mayor confianza en los inversionistas extranjeros lo que incrementa los niveles de inversión, reduce el riesgo país y nos pone a un escalón del “grado de inversión”.
Ø Crecimiento sostenido de las exportaciones. Así, en el año 2006 las exportaciones totales acumularon 8 años de crecimiento sostenido al expandirse en 35.6% (el segundo mayor crecimiento del período), situándose en US$ 23,430.7 Millones. Lo destacable de este crecimiento es la expansión de las exportaciones de productos no tradicionales las cuales se expandieron, durante el 2006, en 22.9%.
Ø De los 172 mercados de destino China es, actualmente, nuestro segundo país de destino concentrando el 9.7% de nuestras exportaciones y con el cual se mantiene un superávit comercial de US$ 682 Millones durante el 2006. Asimismo, durante el 2006, se incrementó en 72 el número de empresas exportadoras. Cabe anotar que, según el MINCETUR, se calcula que son 60 los productos con potencial para incrementar sus exportaciones a China[2]. Al respecto, es rescatable la experiencia positiva con las exportaciones de la Uva Red Globe hacia China y el potencial que tendrían nuestros productos de agro exportación para insertarse en el mercado chino.
Ø El Perú ha logrado la firma de un acuerdo marco sobre temas fitosanitarios que permitirá en el mediano plazo la introducción de frutas y cítricos al mercado Chino.

Oportunidades
Ø China cuenta con una población de 1,300 millones de habitantes, de los cuales unos 400 millones están insertos en la economía de mercado dado que se encuentran en el sector urbano. Esta situación resalta la gran masa de potenciales consumidores que tendría nuestros productos de exportación.
Ø La posibilidad de que, luego de negociar las partidas involucradas, nuestros productos ingresen al mercado chino libres de aranceles[3] dando mayor competitividad a los mismos frente a ciertos productos chilenos que ya cuentan con esta facilidad.
Ø Al tener un plan nacional de exportación, debemos establecer una estrategia clara para encontrar “nichos” de mercado en China que permitan la expansión de nuestras exportaciones no tradicionales y de mayor valor agregado. Al respecto, el dinamismo de la industria agropecuaria nacional nos provee de una oportunidad magnífica para encontrar mercados potenciales. Igualmente el boom gastronómico peruano y nuestros excelentes productos marinos podrían convertirse en potenciales productos de exportación.
Ø A pesar, de la dificultad del idioma, las tecnologías de información actuales permiten una comunicación fluida mediante el uso del Internet. De esta manera, las posibilidades de concretar negocios comerciales mediante el uso de plataformas de e-commerce (comercio electrónico) permiten una mayor eficiencia en el proceso de exportación.
Ø La Inversión extranjera directa de China en el Perú se ha estancado desde hace, aproximadamente, 10 años en US$ 122 millones principalmente en proyectos mineros. La posibilidad de un acuerdo comercial y la actual percepción positiva de riesgo del Perú, podría atraer más inversionistas chinos interesados en diversos proyectos de inversión tanto en lo que respecta a infraestructura como en proyectos productivos que ayudarían a cerrar la brecha en infraestructura actual y crearían mayores puestos de trabajo de calidad.
Ø La entrada de productos chinos baratos podría beneficiar al consumidor debido a la diversidad de productos desde indumentaria, calzado y juguetes que ingresan a nuestro mercado. Incluso, esta situación podría generar los incentivos necesarios para que los productores peruanos se modernicen y desarrollen procesos más eficientes, compitiendo por calidad y no por cantidad.
Ø Se calcula que el PBI se incrementaría en 1.8% y que el empleo crecería en 1.4% en relación con el PBI con la firma de un TLC con China.
Ø Se aprovecharía una mayor cantidad de bienes de capital importados y un mayor acceso a tecnología relativamente barata que permitirían un mayor dinamismo del sector industrial y, en general, de diferentes proyectos de inversión.
Ø Se podría establecer al Perú como destino turístico oficial de la nueva clase media y alta china.

Debilidades
Ø El idioma podría convertirse en un obstáculo puesto que a pesar que no es necesario hablar el mandarín, los empresarios tendrían que al menos aprender algo del idioma inglés (se suele contar con un traductor) para no perder oportunidades de negocio. Incluso, es necesario conocer la cultura china para tener facilidades en el acceso a empresarios chinos.
Ø El Perú se caracteriza por no tener una cultura empresarial con visión de largo plazo y trabajo en conjunto (formación de cadenas productivas, por ejemplo).
Ø Aun no se establece de manera efectiva la marca Perú, debido a que el presupuesto destinado al trabajo de la embajada en China es bajo en comparación con nuestros pares chilenos[4].
Ø No contamos con un sector industrial moderno y dinámico frente a las grandes economías de escala (debido a su volumen de producción) y la mano de obra barata con la que cuenta la industria china.

Amenazas
Ø El sector textil y calzado serían los sectores más perjudicados luego de un acuerdo comercial con china debido a las características de su industria (economías de escala y mano de obra barata). El efecto negativo deberá ser tratado, primero, mediante un análisis de costo-beneficio de dicho tratado y una negociación gradual de las partidas más sensibles o incluso excluirlas tal y como lo hizo Chile durante su proceso de negociación.
Ø El poder de negociación peruano frente al grupo técnico chino puede ser menor y determinar más costos que beneficios de un tratado de esta magnitud.
Ø Una negociación de corto plazo puede ser perjudicial debido a que, nuevamente el apuro del Gobierno por tener los documentos firmados rápidamente, puede obstaculizar una labor eficiente en las próximas negociaciones con China que deben hacerse gradualmente midiendo los efectos negativos sobre las partidas más sensibles.
Ø Aunque el Perú no toma una posición definitiva frente a declarar o no a China como una economía de libre mercado, el gobierno Chino declaró que nuestro país ya la había aceptado como tal después del último viaje del ex presidente Toledo a dicho país. Esta situación podría traernos problemas en el plano político internacional debido a las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos y comercio desleal (subsidios) en dicho país, y en el plano económico debido a que esta declaratoria nos impediría aplicar medidas antidumping y salvaguardias para proteger a las industrias más afectadas con el mayor flujo comercial con el gigante asiático.

En general, se observa que las fortalezas que actualmente tiene la economía peruana permitirían aprovechar mejor las oportunidades derivadas de un acuerdo comercial con China. No obstante, necesitamos un estudio técnico independiente, un estudio de factibilidad que tome en cuenta todos los puntos relevantes y una negociación inteligente que permita reducir los efectos negativos que tiene todo acuerdo de esta naturaleza.

[1] Tomando en cuenta, por ejemplo, que Chile, país con el que competimos en varios campos ya ha firmado un acuerdo comercial con China.
[2] Fuente: Suplemento DIA 1, El Comercio, 26 de febrero del 2007.
[3] Actualmente se paga el 16% por este concepto.
[4] El Perú destina US$ 3 millones mientras que Chile destina US$ 50 millones en sus relaciones con China. Fuente: Suplemento DIA 1, El Comercio, 26 de febrero del 2007.

Los riesgos de una acción insensata

Por: Leonidas Wiener Ramos

La decisión de Corea del Norte de detener su programa nuclear, como resultado de las conversaciones multilaterales encabezadas por Estados Unidos, ha significado un punto positivo en la política exterior de este último. Por un lado, se ha cumplido el objetivo de lograr el desarme nuclear norcoreano a través de las vías diplomáticas, a pesar de las concesiones económicas brindadas al gobierno de Pyongyang, y aunque no se garantice plenamente el cumplimiento de los acuerdos. Por otro lado, le permite a Estados Unidos cerrar un frente de potencial amenaza, y concentrar sus acciones en otro de los miembros del “eje del mal”, el régimen teocrático iraní.

El gobierno iraní se ha venido manifestando reiteradas veces en contra de detener su programa de enriquecimiento de uranio, señalando como pretexto que sus planes tienen fines pacíficos. Fuera de cualquier especulación sobre las reales intenciones del régimen de Teherán, lo cierto es que actualmente Estados Unidos viene volcando todos sus esfuerzos diplomáticos para detener el desarrollo nuclear iraní. Si se analizan las últimas declaraciones de los funcionarios del gobierno de Teherán, parece poco probable que los objetivos estadounidenses puedan cumplirse, al menos en un corto plazo.

En tal sentido, suponiendo un escenario donde las vías diplomáticas han fracasado y la intervención militar es el siguiente paso: ¿cabe esperar una acción de este tipo por parte del gobierno de los Estados Unidos?. Lo razonable sería que no, aunque las acciones emprendidas hasta el momento por el gobierno de Bush disten de serlo. Sin embargo, en este momento existen sobradas razones que juegan en contra de una eventual decisión estadounidense de efectuar una intervención militar, tanto en el ámbito interno como en el externo.

En el ámbito interno, la victoria de los demócratas en las últimas elecciones parlamentarias ha evidenciado la creciente insatisfacción del pueblo estadounidense con las políticas del gobierno de Bush, sobretodo en lo referente a la guerra en Irak. Actualmente, ante el aumento de la violencia sectaria en dicho país, el gobierno estadounidense tiene planeado aumentar su contingente militar destacado, así como ampliar su presupuesto de defensa. Los legisladores demócratas, que cuentan con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ya han manifestado su oposición a estas políticas, y probablemente puedan entorpecer los planes de Bush en lo referente a la ampliación del presupuesto militar.

Asimismo, el próximo año se celebrarán las elecciones presidenciales, las cuales, a juzgar por las tendencias, podrían colocar a un demócrata en el poder. De cumplirse estas predicciones, y en caso de que la actual administración Bush decidiera emprender una acción militar contra Irán, un eventual gobernante demócrata no tendría mayor opción que la de detener el ataque bélico y retornar a las vías diplomáticas. Encuestas recientes señalan que la mayoría de estadounidenses desaprueba continuar con la guerra en Irak, por lo que resulta predecible imaginar el escenario de oposición interna que se desataría ante cualquier otra acción militar, sobretodo en un país con un sistema democrático como el de los Estados Unidos. De igual manera, sería totalmente irresponsable por parte del gobierno de Bush dejar el cargo a su sucesor con la obligación de afrontar otra guerra, si asumimos que la guerra en Irak se va a prolongar más allá del 2008, tal como parece.
En el ámbito externo, se advierte claramente que la política exterior estadounidense ha perdido legitimidad y apoyo. Las violaciones a los derechos humanos de personas acusadas por terrorismo por parte de los agentes estadounidenses, han merecido el rechazo y la condena de numerosos países. El Parlamento Europeo ha reprobado este tipo de prácticas clandestinas - basadas en el secuestro y tortura de los presuntos terroristas, y en muchos casos sin basarse en pruebas fehacientes- porque muchos de estos secuestros se han realizado en tierras europeas, gracias a los privilegios que posee la CIA para desplegar una red de aeropuertos clandestinos en numerosas partes de Europa.

Por otro lado, la situación en Irak se viene deteriorando cada vez más, y difícilmente los norteamericanos puedan cumplir con su objetivo de “democratizar” el país, aunque se envíe mayor contingente militar, o se amplíe el presupuesto de guerra. Asimismo, muchos países miembros de la coalición, entre ellos el Reino Unido, vienen programando el retiro paulatino de sus tropas destacadas en Irak. Estados Unidos se viene quedando solo, y concebir que se produzca un nuevo “Vietnam” en Irak no sería para nada descabellado. En tal sentido, asumir una empresa como la de invadir Irán encontraría mucho menor apoyo internacional como el que hubo para invadir Irak, y si más bien, mayores y más fuertes opositores.

China y Rusia, ambos miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto (como los Estados Unidos), se han mostrado reacios a aplicar sanciones severas a Irán debido a los importantes intereses económicos que los dos países tienen en dicha región. Hay que agregar también, las últimas declaraciones de funcionarios rusos, entre ellos el presidente Putin, contra los Estados Unidos y sus pretensiones de instalar un sistema antimisiles en Polonia y República Checa, ambos ex-satélites de la otrora Unión Soviética. El intercambio de agrias declaraciones ha deteriorado las relaciones entre ambos países, y ha llevado a muchos analistas a considerar el escenario de una “nueva guerra fría”.

De tal manera que, una eventual decisión estadounidense de efectuar una acción militar en Irán, probablemente sería vetada por uno de estos dos países en el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos no tendría ninguna otra opción más que pasar por encima de las Naciones Unidas, tal como lo hizo en la invasión a Irak, y verse aún más deslegitimado y aislado en sus pretensiones militaristas.

Por último, hay que señalar que un conflicto en Irán recrudecería aún más el inestable escenario político en Oriente Medio. La oposición y el descontento contra los Estados Unidos abrirían el camino a la formación y el fortalecimiento de organizaciones islámicas fundamentalistas, y legitimarían en mayor medida las acciones terroristas en contra del invasor norteamericano. Las llamadas a la “yihad”[1] no se harían esperar, y seguramente tendrían mayor eco entre la población musulmana. En suma, el terrorismo internacional se vería reforzado, y se podría entrar en una espiral de violencia de consecuencias catastróficas para el planeta.

Después de tomar en cuenta todos estos factores, ahora se puede comprender mejor porqué los funcionarios iraníes defienden con tanto ardor su programa nuclear, y parecen no importunarse demasiado por la constante presión internacional y el peligro de una agresión externa. Sin embargo, como sostuve previamente, la administración Bush ha dejado claro que la sensatez no es preponderante a la hora de tomar decisiones de trascendencia global. Lo único que se puede afirmar categóricamente es que, la violencia sólo generará más violencia.

[1] La “yihad” significa “guerra santa” en el Islam. Muchos tienden a asociar el islamismo como una religión que pregona la violencia, pero es necesario recordar que la “yihad” se emplea sólo en caso de una agresión externa, en tal sentido, es una guerra defensiva.